La justicia designó tres veedores para supervisar los movimientos financieros en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aunque aclaró que no se trata de una intervención.
La aclaración responde a que una medida de ese tipo supondría una eventual sanción al fútbol argentino por parte de la FIFA, poco afecta a las injerencias externas, aunque por estos días sumida en sus propios problemas con la justicia.
La figura de veedor judicial no implica una intervención, informaron fuentes de la magistratura citadas por la prensa local, según las cuales la AFA continuará con su funcionamiento habitual, aunque sus movimientos financieros serán supervisados.
La iniciativa forma parte de la investigación que lleva adelante la jueza federal María Servini de Cubría en relación con el manejo de los fondos aportados a la AFA por el programa Fútbol Para Todos (FPT).
El programa se puso en marcha en agosto de 2009 tras un acuerdo entre el gobierno argentino y la AFA que por entonces presidía el hoy fallecido Julio Grondona y que tenía vigente en ese momento un contrato privado por la televisación de partidos.
Los veedores designados por la justicia podrán revisar el contrato firmado entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y la AFA y la distribución del dinero aportado por el programa FPT desde entonces y hasta estos días.
Por orden de la jueza Servini de Cubría las oficinas de la entidad matriz del fútbol argentino habían sido allanadas en agosto pasado tras una denuncia efectuada por la legisladora opositora Graciela Ocaña.
La propia Ocaña se refirió al tema hoy en diálogo con el canal Todo Noticias (TN), perteneciente al Grupo Clarín, uno de los que integraban el consorcio que poseía los derechos de transmisión de los partidos hasta el desembarco del FPT. «Esta investigación comenzó por la contratación directa de empresas vinculadas al gobierno en el proyecto de Fútbol Para Todos, pero después se amplió por desvíos de fondos correspondientes a los clubes», explicó Ocaña.
Entre los veedores judiciales designados para controlar a la AFA está Alberto Daniel Piotti, ex secretario de Seguridad de la provincia Buenos Aires a fines de los ’90, cuando era gobernada por Eduardo Duhalde, luego presidente de la nación.
Los otros son Alicia Beatriz López, ex titular de la Unidad de Información Financiera encargada de garantizar transparencia en tranferencias de fondos y combatir el lavado de dinero, y Horacio Dellia Rocca, perito contable de la Corte Suprema.
«Era una medida necesaria porque no es posible que desconozcamos la ruta de semejante cantidad de dinero», explicó Leandro Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), al ser consultado sobre la decisión.
La AFA, actualmente presidida por Luis Segura, quien completará hasta octubre (cuando se celebrarán elecciones) el mandato inconcluso de Grondona tras su fallecimiento en julio pasado, confirmó la medida judicial y haber sido notificada.
El caso cobra especial relevancia frente al escándalo que sacudió la cúpula de la FIFA por la investigación que lleva adelante la justicia de Estados Unidos y de Suiza por sospechas de pago de sobornos y lavado de dinero, entre otros delitos.
Tres argentinos se encontraban prófugos en el marco de ese escándalo, pero se entregaron recientemente a la justicia. Se trata de Alejandro Burzaco y de Hugo y Mariano Jinkis. El primero lo hizo en Italia y los otros dos en Buenos Aires.
Burzaco era titular de la empresa Torneos, a cargo de organizar los amistosos de la selección nacional y que también co-organiza la Copa América, y espera por la suerte del pedido de extradición cursado por la justicia estadounidense.
Lo mismo aguarda los Jinkis, padre e hijo, dueños de la empresa Full Play que junto con Torneos y la brasileña Traffic están en la mira del FBI por supuesto pago de sobornos por valor superior a los 100 millones de dólares por la designación de las sedes y la asignación de los derechos de TV de la Copa América. (ANSA). RFL/MRZ
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