El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca reanudará este martes el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, que juzga a 25 imputados por crímenes en perjuicio de 66 víctimas en jurisdicción de la Armada y el Ejército.
Entre los 66 casos considerados en esta causa se encuentran los de dos obreros gráficos del diario La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados el 30 de junio de 1976.
El Tribunal integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava reanudará el debate oral y público a partir de las 9 del martes en el aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS), ubicada en la avenida Colón 80 de Bahía Blanca.
Los jueces son los mismos que participaron durante los dos primeros juicios orales y públicos por crímenes del terrorismo de estado realizados en esta ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires.
En el marco de la reanudación del debate se escucharán testimonios de diversos casos comprendidos en la causa 1103, caratulada “Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)”.
Están imputados los integrantes de la Armada Oscar Alfredo Castro, Tomás Hermógenes Carrizo, Eduardo René Fracassi, Edmundo Oscar Núñez, Leandro Marcelo Maloberti, Manuel Jacinto García Tallada, Gerardo Alberto Pazos, Enrique De León, Domingo Ramón Negrete, José Luis Ripa, Luis Alberto Pablo Pons y Raúl Artemio Domínguez.
En cuanto a los imputados que integraban el Ejército, se trata de Carlos Andrés Stricker, Felipe Ayala, Julio González Chipont, Raúl Oscar Otero, Víctor Raúl Aguirre y Alejandro Lawless.
En el caso de la Prefectura Naval, los imputados son Félix Ovidio Cornelli, Francisco Manuel Martínez Loydi, Luis Angel Bustos, Néstor Alberto Nougués y Luis Alberto Pila.
También se analizarán las conductas del policía bonaerense Víctor Oscar Fogelman y de Héctor Luis Selaya, del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires.
De los 66 casos que están en la causa, 13 personas se encuentran desaparecidas, otras cinco fueron asesinadas y las restantes fueron secuestradas y torturadas durante su permanencia en centros clandestinos en la zona de Puerto Belgrano, principal guarnición de la Armada, y en jurisdición del V Cuerpo del Ejército.
“Estamos entrando en el tramo final de los testimonios de la causa Armada, donde habrá testigos ofrecidos por la defensa”, dijo a Télam el fiscal José Nebbia, quien junto con su colega Miguel Angel Palazzani integra la Unidad Fiscal de Derechos Humanos.
Nebbia anticipó que declararán “testigos más generales y no tanto en los casos particulares”, entre los mismos ex conscriptos y también integrantes de la Armada de ese período que no están implicados en los hechos investigados pero que “van a dar cuenta del funcionamiento” del mayor emplazamiento naval del país.
En este marco, el fiscal sostuvo que “es el primer juicio por los hechos cometidos en la Armada Argentina donde se va develar, por primera vez, el rol que tuvo en la zona”.
“Acá funcionó el Comando de Operaciones Navales con asiento en Puerto Belgrano, el cerebro de la Armada cuando entra en combate, donde se planificó y ejecutó a la fuerza en todo el país” durante la represión del terrorismo de estado, expresó.
El funcionario del Ministerio Público también aludió a conocidos informes de inteligencia de la Prefectura Naval Argentina (PNA), uno de los cuales se titula “Estudio realizado sobre el diario LNP. Guerrilla sindical” e incluye una lista de “principales activistas” a ser raleados, en especial Heinrich y Loyola.
Nebbia señaló que “esos informes de inteligencia son muy ricos no solamente en el caso de los obreros gráficos sino también de víctimas de jurisdicción y de operativos realizados en Mar del Plata y en otros lugares del país”.
“Estos archivos de inteligencia descubiertos con la reapertura del proceso en Bahía Blanca son utilizados como prueba de cargo en otros juicios que se llevan a cabo en Capital Federal y otras ciudades”, agregó.
Heinrich y Loyola eran obreros gráficos del diario La Nueva Provincia y dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca.
Heinrich era maquinista en la rotativa y secretario general del Sindicato, mientras que Loyola trabajó como estenotipista y era además tesorero de la organización gremial.
Los dos trabajadores fueron secuestrados el 30 de junio de 1976. Sus cuerpos sin vida, maniatados, con signos de torturas y numerosos disparos, aparecieron el 4 de julio de ese año en la Cueva de los Leones, sobre la ruta nacional 33, a 17 kilómetros de Bahía Blanca.
