El juez federal Sebastián Ramos, que reemplaza a su colega Daniel Rafecas en el juzgado federal 3 de esta capital hasta el 20 de febrero, deberá resolver en los próximos días si acepta o no tramitar la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por supuesto encubrimiento a Irán.
El juez Ariel Lijo se excusó de continuar tramitando en su juzgado la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman por supuesto encubrimiento a Irán y expuso las debilidades procesales del expediente al subrayar que la denuncia «no era uno de los supuestos habilitados para ser tratados en el transcurso de la feria» y, a su vez, «no se acompañó a la denuncia los elementos que daban sustento a las afirmaciones».
Lijo, que está a cargo de la causa que investiga el encubrimiento del atentado a la AMIA en 1994, indicó en la resolución que fue publicada en el sitio web del Poder Judicial, que si bien, “ambos casos guardan cierta relación con el atentado a la sede de la A.M.I.A”, sin embargo este argumento “es débil en razón de que no existe ningún elemento más allá de una matriz similar».
“De los hechos que conforman la denuncia», dice Lijo respecto del escrito de Nisman, «resulta notoria la diferencia existente con el objeto procesal de la causa que tramita ante este Tribunal, por lo que de ninguna forma pueden aplicarse las reglas de conexidad que dispone nuestro código procesal”, detalló en los fundamentos por los que decidió elevar la denuncia a la Cámara Federal.
Además, el magistrado respaldó la posición adoptada por la jueza María Servini de Cubría, quien el 15 de enero rechazó la apertura de la feria judicial para estudiar la denuncia de Nisman, y señala que la presentación del fallecido fiscal “no era uno de los supuestos habilitados para ser tratados en el transcurso de la feria – aún por gravedad institucional».
A la vez, «no se acompañó a la denuncia los elementos que daban sustento a las afirmaciones- requisito esencial para evaluar cualquier caso-«, añade Lijo.
Los cuestionamientos de Lijo a la rigurosidad de la denuncia presentada por Nisman se suman a los realizados por el propio juez a cargo de la investigación por el atentado a la AMIA, Rodolfo Canicoba Corral.
El magistrado advirtió que el fallecido fiscal nunca lo notificó sobre el desarrollo de una línea de investigación sobre el presunto pacto de impunidad del gobierno nacional para que se dejara de seguir a los iraníes sospechados de participar del atentado.
Al conocerse la denuncia a través de los medios de comunicación, Canicoba Corral cuestionó la legalidad de los procedimientos llevados a cabo por el fallecido fiscal, a los que calificó como una «conducta casi delictual», e incluso confirmó la participación del ex director general de Operaciones de Inteligencia, Antonio Stiusso, en la investigación de la causa.
Según la denuncia de Nisman, el gobierno nacional habría acordado con el gobierno iraní un pacto de impunidad para los ciudadanos de esa nacionalidad acusado de volar la AMIA, mediante la caída de las alertas rojas dictadas por la Interpol.
Sin embargo, en los días posteriores a la presentación de Nisman, el ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, ratificó las declaraciones del canciller argentino, Héctor Timerman, y aseguró que no existió ningún pedido argentino para bajar las alertas rojas contra funcionarios iraníes.
“Ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos las alertas rojas contra los funcionarios iraníes”, afirmó Noble, al tiempo que se mostró sorprendido de escuchar “semejante afirmaciones falsas” por parte del fiscal Nisman.
Nisman presentó el 14 de enero su denuncia contra el gobierno en el juzgado federal 5 de la capital, a cargo de Ariel Lijo, quien hoy, al terminar la feria, se declaró incompetente y envió el expediente “en consulta” a la Cámara Federal.
Lijo consideró que no debía acumular la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman a la causa que tramita por encubrimiento del atentado a la Amia, y por la cual ya envió a juicio oral al ex presidente Carlos Menem y el entonces jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, entre otros.
El tribunal de alzada sorteó nuevo juzgado y cayó en el Juzgado Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, quien se encuentra de vacaciones, y tiene como subrogante al juez Sebastián Ramos.
“Si Ramos no acepta los argumentos de Lijo, le devolverá el expediente y la Cámara será la que deba decidir si se tramita en su juzgado o en el federal 3 a mi cargo”, precisó Rafecas esta tarde a Télam, luego de las versiones que indicaron erróneamente que el magistrado se había declarado incompetente.
El juez federal Sebastián Ramos, que reemplaza a Rafecas hasta el 20 de febrero, deberá resolver entonces en los próximos días si acepta o no tramitar la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por supuesto encubrimiento a Irán.
