La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) informó esta semana a la AFSCA que la documentación presentada por este organismo respecto a las vinculaciones societarias del Grupo Clarín, fue incorporada a las investigaciones sobre posibles delitos económicos cometidos por la empresa de medios.
Se trata de los informes que, el pasado 10 de octubre, el titular de AFSCA Martín Sabbatella puso a disposición de la PROCELAC, con toda la información surgida de los análisis realizados en el marco del proceso de adecuación del Grupo Clarín a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Son los documentos que fundamentaron la decisión del directorio de AFSCA de aprobar el inicio de la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la ley 26.522, por develar vinculaciones societarias no declaradas en el plan de adecuación presentado por la empresa, y su consiguiente incompatibilidad con la norma.
Según la notificación de la procuraduría, que lleva la firma de su titular Fiscal General Carlos Gonella, los informes fueron remitidos a las dependencias judiciales que investigan las diferentes causas sobre lavado de dinero que se le siguen a la empresa.
En ese marco, ese organismo resolvió enviar la documentación al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9, que investiga la causa 4381/12 “Magnetto, Héctor y otros s/inf. Ley 26.683. Dte.: Juz. Fed. 12 UIF: Sbatella José”; a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional n°12 que lleva la causa 14.089/11 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°6 caratulada “Grupo Clarín y otros s/lavado de dinero”; y a la Fiscalía en Primera Instancia en lo Penal Económico n° 3 para la causa 2.023/11 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 3, caratulada “Grupo Clarín S.A.; Magnetto, Héctor; Aranda, José; Pagliaro, Luci; Goldman Sachs; Martínez, Davis; Herrera de Noble, Ernestina s/inf. Ley 24.241”.
Además, la procuraduría, encargada de recibir denuncias, investigar y asistir a fiscales en causas de criminalidad económica, resolvió dar intervención al Área de Delitos Tributarios y Contrabando.
La información entregada por Sabbatella a la PROCELAC, también fue presentada ante la UIF, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismos públicos que tienen competencia en ese tipo de investigaciones.
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