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Lo dijo hoy a Télam el jurista Eduardo Barcesat en referencia a los senadores que firmaron un acta acuerdo en contra de la elección de un nuevo miembro en la Corte Suprema de Justicia.

 “Están produciendo un alzamiento que no requiere el uso de la violencia, sino que acuerdan ir contra la Constitución y la ley; pero lo más grave es que no lo hacen diez personas que viven en un barrio y no les gusta el que quieren designar para un cargo -aunque no serviría de nada-, sino que lo hacen personas que juraron respetar las normas en nombre de los ciudadanos”, resaltó Barcesat en una entrevista concedida a esta agencia.

Los senadores se quejaron de que la presentación por ‘sedición’ realizada ayer por el jurista, busca encarcelarlos (según declaraciones aparecidas hoy en matutinos porteños) frente a lo que Barcesat respondió que «lejos de motivaciones personales», los legisladores «deberían saber que el acuerdo que firmaron viola el artículo 230 inciso 2 del Código Penal».

 “Habría que decirle a los senadores que cuando se ejerce un cargo de control, como es el que tienen ellos, el primer control tiene que pasar por ellos mismos”, reafirmó.

Y agregó que “son ellos los que tienen que -en primera instancia- hacer valer los principios que rigen al pueblo de la Nación”.

“Si se juntan para acordar no cumplir con la votación de un candidato sugerido por la Presidencia de la Nación, como está estipulado, directamente se oponen a un mandato constitucional”, explicó.

Por otra parte, recordó que “la ley también marca el número de miembros que tiene que haber en el Alto Tribunal” con lo cual, la actitud de los senadores “también afecta el Poder Judicial”.

“Si tenemos en cuenta que ingresan entre 10 mil y 11 mil causas por año, y se baja de cinco a cuatro miembros, estamos recargando a los otros ministros y entorpeciendo la labor”, indicó.

Para Barcesat, la actitud opositora es una “bufonada” que busca “demostrar que tienen el poder”.

No obstante, explicó a esta agencia que el acta acuerdo que firmaron para no nombrar jueces en la Corte hasta después de las elecciones del 2015, “no tiene valor legal” aunque “es sumamente grave, tratándose de quienes se trata”.

“Si tuvieran un poco de autocrítica harían papel picado con ese acta y seguirían cumpliendo con su deber que es para lo que fueron votados”

“A nadie se le escapa que esta conducta está tipificada penalmente”, insistió; por lo que consideró que “si tuvieran un poco de autocrítica harían papel picado con ese acta y seguirían cumpliendo con su deber que es para lo que fueron votados”, remarcó Barcesat.

El jurista denunció ayer a ocho senadores nacionales que suscribieron un «compromiso público» para no cubrir la vacante generada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta después de las elecciones presidenciales del 2015.

La denuncia es por el supuesto delito de «sedición», por violación del artículo 230 inciso 2 del Código Penal; y quedó a cargo -por sorteo- de la jueza federal porteña María Servini de Cubría, quien dará vista a la fiscalía para que determine si corresponde o no impulsar la investigación.

Los senadores denunciados son Juan Carlos Romero, Gerardo Morales, Carlos Reutemann, Fernando ‘Pino’ Solanas, Diego Santilli, Gabriela Michetti, Ernesto Sanz y Luis Juez; así como cualquier otro senador que pueda resultar implicado en la pesquisa.

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