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La Procuración Penitenciaria de la Nación presentó el informe sobre la evaluación y los problemas más graves que condicionan la vigencia de los derechos humanos en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Los detalles.

Desde la Procuración Penitenciaria señalaron “la ausencia a nivel estatal de una política firme de prevención de la tortura y la necesidad de llevar a cabo una profunda modificación del sistema penitenciario federal”.

En este sentido resaltaron que “la función penitenciaria debe abandonar definitivamente el perfil militarizado y vertical de la defensa nacional todavía impreso por las normas de facto que, pese a haber transcurrido ya tres décadas de democracia, aún regulan la gestión”.

“La desvinculación familiar y afectiva que implica el traslado arbitrario –y huérfano de control judicial– de los detenidos a esas cárceles lejanas de su lugar de residencia, constituye una pena añadida a la condena que no admite justificación alguna dentro de un estado de derecho”, explicaron en el informe.

Asimismo sostiene que en el período 2013 “la cantidad de presos en las cárceles federales ha alcanzado un nuevo máximo histórico, rozando en el mes de diciembre la cifra de 10.000 personas detenidas, la cual ha sido superada en los primeros meses del año en curso”.

Según la información oficial que publica el Servicio Penitenciario Federal, en las cárceles federales no existiría sobrepoblación, pues el cupo informado en sus estadísticas para diciembre de 2013 es de 10.792 plazas, explican desde el organismo.

Con respecto a esto recordaron que el organismo “ha denunciado en reiteradas oportunidades la práctica del SPF de aumentar el cupo declarado por el simple método de agregar camas cucheta a los pabellones de alojamiento”, explican.

Por lo que en función de ello, “en el año 2013 la Procuración Penitenciaria ha hecho uso de su iniciativa legislativa prevista en la Ley 25.875, mediante la presentación de un proyecto de “Ley para la Acreditación Funcional de Establecimientos para la Privación de la Libertad y Control de la Superpoblación”. La propuesta prevé mecanismos de acreditación previos, con participación de los actores involucrados, procedimientos de alerta y control y la aplicación de un sistema de prevención de sobrepoblación”, consignaron.

Torturas y malos tratos

“El recurso sistemático a la tortura y los malos tratos sigue siendo el problema más grave que condiciona la vigencia de los derechos humanos en las cárceles, la cual lejos de disminuir, se ve incrementada en los registros de este Organismo año tras año”, indicaron en el informe.

La aplicación en el año 2013 del Procedimiento de la Procuración Penitenciaria de la Nación para la Investigación y Documentación de Casos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y/o Degradantes arroja una cifra de 718 casos de tortura y malos tratos registrados, muy superior a los 441 del año 2012.

“Durante el período 2013, si bien se ha registrado un descenso en la cantidad total de muertes –que para el año 2012 había alcanzado la cifra de 56–, se ha vuelto a evidenciar un incremento en los fallecimientos violentos”, explican y advierten que “cuando dictan un fallo con una obligación de hacer al SPF, a menudo se observa la falta de ejecución de la sentencia por parte de la autoridad requerida, y la renuencia del órgano judicial para adoptar medidas dirigidas al cumplimiento de la misma”.

Y en cuanto al fuero nacional de ejecución penal sostienen que “hay una situación de saturación que impide hacer efectiva la garantía judicial de los derechos humanos de las personas condenadas”.

Destacando que “hoy día el fuero de ejecución se encuentra integrado por solo dos jueces, que deben controlar la ejecución de la pena del 70% de los condenados alojados en las unidades del SPF”.