Sharing is caring!

Massot fue indagado y confrontado con nuevas pruebas que lo comprometen. El empresario periodístico se retiró en libertad y podría volver a declarar en los próximos días. Fue confrontado con documentos que demuestran su presencia en el diario durante el conflicto sindical de 1975 que antecedió a los homicidios de dos obreros y con el testimonio de un militar que señala que las muertes fueron instigadas desde la dirección del matutino.

El director del diario La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot, fue indagado durante más de cinco horas por el juez Federal subrogante de Bahía Blanca, Álvaro Coleffi, y se negó a responder preguntas de los fiscales en la causa en la que se encuentra imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. El empresario se retiró en libertad de la sede del Juzgado Federal Nº1 de esa ciudad, donde posiblemente deba regresar próximamente porque «hay un cúmulo probatorio que se releva día a día», señalaron los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, quienes durante la audiencia de hoy estuvieron acompañados por el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat. El imputado fundó su negativa a responder las preguntas de la Fiscalía porque dijo que sus integrantes «son militantes» que lo tratan como a un «enemigo».

En la indagatoria, Massot conoció formalmente la imputación y fue confrontado con diez actas notariales que «dan cuenta de su presencia en el momento más crítico de la huelga de obreros gráficos en 1975». Los documentos son relevantes en torno a la acusación por su presunta responsabilidad en los asesinatos al año siguiente de los trabajadores y líderes sindicales, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

La Fiscalía confrontó a Massot con una prueba recién incorporada a la causa. Se trata del testimonio del abogado Mauricio Gutiérrez, teniente coronel retirado del Ejército y defensor de varios de sus camaradas en causas por crímenes de lesa humanidad en esa ciudad del sur bonaerense.

Gutiérrez se presentó días atrás ante los fiscales Nebbia y Palazzani para declarar que el ex subcomandante del V Cuerpo del Ejército con asiento en Bahía Blanca, Adel Vilas, le dijo en 1987 que había presenciado una reunión entre el comandante de aquél Cuerpo, Osvaldo René Azpitarte, y la madre de Massot y entonces directora del diario, Diana Julio, en la que se trató la situación de los obreros Heinrich y Loyola. Según declaró Gutiérrez que le dijo Vilas, la empresaria afirmó a Azpitarte: “No nos queda otro remedio Osvaldo, hay que chuparlos por izquierda».

Como respuesta, hoy el ex viceministro de Defensa menemista intentó desacreditar esa declaración, pero su respuesta estuvo dirigida a deslegitimar al testigo y no se centró en la acusación concreta.

Massot había afirmado durante su declaración del 18 de marzo pasado que no había estado presente en el diario durante aquél conflicto sindical. Hoy, con las pruebas que demuestran lo contrario, atribuyó sus dichos al «tiempo transcurrido» y dijo que no lo recordaba.

La acusación

Antes de comenzar con la indagatoria, Massot fue impuesto formalmente de la imputación realizada por los fiscales de la Unidad que interviene en casos de terrorismo de Estado en Bahía Blanca.

El empresario periodístico es el único con vida de los cuatro imputados por la Fiscalía. Su madre, Diana Julio, su hermano Federico y el ex secretario de redacción y “corresponsal naval” del diario, Mario Hipólito Gabrielli, también fueron sindicados, pero fallecieron antes de que el Poder Judicial decidiera avanzar en el expediente.

Massot está acusado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Heinrich y Loyola, “instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos”, y de haber efectuado “aportes esenciales”, que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad”, en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.

Respecto del caso que tuvo como víctima a los obreros gráficos, los representantes del Ministerio Público describieron el rol criminal que cumplieron los directivos de la empresa periodística, a quienes atribuyeron “la participación directa en el desarrollo de actividad de inteligencia sobre las víctimas (selección del blanco y suministro de la información), y en la toma de decisión (determinación de la especie de destino final, esto es, la ultimación y posterior aparición) y en la emisión de la orden, desde el plano decisional del aparato de poder, a través de las instancias intermedias, hasta los ejecutores directos”.

Loyola y Heinrich fueron secuestrados en sus domicilios el 30 de junio de 1976 y el 1º de julio de ese año, respectivamente. Tres días después, sus cadáveres fueron hallados, acribillados, en el Paraje “Cueva de los Leones”, ubicado en la ruta 33 a la altura del kilómetro 11.

Nebbia y Palazzani consideraron en el requerimiento de instrucción –con citas de editoriales, artículos periodísticos, documentos de inteligencia y declaraciones- que los imputados llevaron a cabo tareas de acción psicológica al servicio de las Fuerzas Armadas antes, durante y después de la pasada dictadura cívico-militar. Y, al respecto, describieron las falacias del diario en cada uno de los otros 35 casos de torturas, secuestros y homicidios.

La investigación penal que hoy tuvo a Massot por primera vez imputado formalmente en los tribunales es consecuencia de la denuncia realizada por el Tribunal Oral de Bahía Blanca tras la sentencia que terminó con catorce condenados a prisión perpetua y otros tres a penas mayores a los diecisiete años de prisión, durante el primer juicio oral llevado a cabo en aquella ciudad entre 2011 y 2012, por crímenes cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

“Encontramos que la expresión de la verdad en el estricto marco de lo acontecido en este juicio, fue seriamente afectada por una comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no sólo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”, indicaron los jueces en los fundamentos acerca de la información publicada por los medios del grupo La Nueva Provincia.