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La investigación sobre el incendio en Barracas acumuló durante los últimos días diferentes elementos que abonan la hipótesis de que el siniestro fue intencional, según se desprende de un artículo de Página 12.

Según el matutino, las conclusiones de quienes tuvieron acceso a las filmaciones de las cámaras exteriores de la empresa Iron Mountain, van en sentido de lo que públicamente sospechó el secretario de Seguridad, Sergio Berni: el incendio fue intencional.

La investigación periodística indica que las imágenes arrojan que no hubo un solo foco de incendio, sino que fueron múltiples, en consonancia con lo que declararon los trabajadores de la empresa ante la Justicia, lo cual reafirmaría la hipótesis de la acción humana en el inicio del fuego.

Asimismo, otra de las conclusiones que saldría de las cámaras es que el autor del sabotaje conocía el depósito y las medidas de seguridad ya que sorteó todas las cámaras y no logró ser registrado por ninguna de ellas.

Según investigaciones, no hubo un solo foco de incendio, sino que fueron múltiples, lo cual reafirmaría la hipótesis de la acción humana en el inicio del fuego Uno de los impulsores de esta hipótesis es el abogado Miguel Arce Ageo, que representa a la familia de Pedro Baricola, fallecido integrante de Defensa Civil, quien sostiene que existió voluntad de la empresa para que se queme alguna documentación.

Los fundamentos del letrado se sustentan en que es poco probable que en una empresa tan sofisticada, la mayor del mundo en la materia, no hayan funcionado los aspersores, que existiera poca presión en las mangueras o incluso algo que se da como un hecho, que el tanque de agua estaba vacío.

Estos datos no son meras especulaciones, ya que como señala la nota periodística, la Fiscalía a cargo de la investigación informó oficialmente que los cinco trabajadores presentes en el momento del inicio del incendio coincidieron en que los aspersores no funcionaron, lo que da pie a las posturas de Berni y Arce Ageo.

En este sentido, los expertos que siguen el caso, no se explican por qué la fiscal Marcela Sánchez aún no ordenó el allanamiento de la Agencia Gubernamental de Control porteña, organismo encargado de la habilitación e inspección del lugar, que en 2008 había sufrido una clausura por falta de garantías contra incendios.

Según sostienen esos investigadores, lo sucedido con los funcionarios vinculados al área de control durante el caso Cromañón, que en su mayoría fueron condenados por la habilitación ilegal, es un antecedente que demuestra la importancia de acceder a las actas de habilitación del depósito de Barracas.