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La Cámara Federal de Salta confirmó el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma en Jujuy, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

El Tribunal confirmó el procesamiento de Blaquier y de Alberto Enrique Lemos, gerente administrativo del Ledesma, por el delito de privación ilegitima de la libertad agravada en tres hechos en concurso real, en calidad de cómplices primario y secundario, respectivamente.

El fallo publicado íntegramente por el Centro de Información Judicial (CIJ), del Poder Judicial de la Nación, puntualizó que una de las víctimas del delito imputado fue el médico Luis Ramón Aredez, el luego detenido-desaparecido ex intendente de Libertador General San Martín, localidad donde se halla el ingenio Ledesma.

Las otras dos víctimas consideradas en el fallo de más de 70 fojas, que confirmó los procesamientos de Blaquier y Lemos, son Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián.

Los camaristas Jorge Luis Villada, Roberto Gerardo Loutayf Ranea y Federico Santiago Díaz conformaron además la resolución del juez instructor Fernando Poviña que fijó embargos por un millón de pesos a Blaquier y por 500 mil pesos a Lemos.

El fallo reconoció la colaboración de los imputados para llevar adelante las detenciones, al señalar que las fuerzas de represión que «operaron aquella madrugada (del 24 de marzo de 1976) y días posteriores, contaron con la autorización dada, prima facie, para el uso de vehículos de la empresa».

En el mismo sentido, estableció que «tal asentimiento fue prestado por el Presidente del Directorio (Blaquier) y ejecutada por su Administrador General (Lemos), ya que tratándose de una empresa de la envergadura y grado de organización que poseía Ledesma, era imposible disponer de sus vehículos y apoyo logístico, sin instrucciones o aquiescencia del Presidente del Directorio».

Las pruebas reunidas en el expediente «indican prima facie que Blaquier tenía conocimiento y control sobre la totalidad de las cuestiones atinentes a la empresa», puntualizó.

«En suma, dado por sentado (con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal) que existió tal colaboración consentida de parte de la empresa, nada desmiente la imputación que se formula en cuanto que los vehículos fueron entregados voluntariamente y más aún, al no existir registros de dicha circunstancia y al haberse efectuado los operativos en horas de la madrugada del día en que se produjo el golpe de Estado, cabe deducir que había conocimiento de la ilegalidad del operativo”, añadió la Cámara.

El fallo confirmó además el aporte de la Empresa Ledesma a la represión dictatorial no sólo el 24 de marzo de 1976 y las privaciones de la libertad en días subsiguientes, como en el caso de Melián, e indicó que tal colaboración se prestaba desde la creación de la unidad de Gendarmería con asiento en Ledesma.

La Cámara consideró acreditada la actividad política y sindical de las víctimas y en particular la de Aredez, quien, como intendente, había obligado a la empresa Ledesma a pagar impuestos al municipio, de lo que hasta entonces se encontraba eximida.

El Tribunal sostuvo que la actividad política de las victimas generó enfrentamientos con la empresa, los que quedaron acreditados por publicaciones de la época.

La resolución rechazó recursos de apelación interpuestos tanto por la defensa de los acusados como por la fiscalía y los querellantes particulares.

El fallo de la Cámara Federal de Salta se vio precedido por una declaración conjunta de organismos de derechos humanos que repudió ayer en Jujuy «la escalada mediática que lleva adelante la defensa» de Blaquier para evitar su procesamiento.

Blaquier y Lemos «utilizan» al diario La Nación «como tribuna para ejercer su defensa mediática», afirmaron en la declaración Madres y Familiares de detenidos desaparecidos, Hijos, Red por el Derecho a la Identidad (Abuelas-Conadi), Asociación de Ex presos políticos, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez y Grupo de Abogad@s de Derechos Humanos, entre otras entidades jujeñas.

Según el extenso documento, la denunciada «escalada mediática» buscaba «instalar una `verdad` por fuera del expediente y presionar a los jueces de la Cámara Federal de Salta» que debían confirmar o no el procesamiento dictado por el juez Poviña.

«Como parte de esa estrategia», intentaron «deslegitimar la actuación del Ministerio Público Fiscal», representado por el fiscal federal ad-hoc Pablo Pelazzo, y del juez federal Poviña, subrayó el mismo texto.

En noviembre de 2012, Poviña procesó a Blaquier y a Lemos como cómplices de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas durante la última dictadura, en la llamada «Noche del Apagón» y otros operativos.

Este procesamiento tuvo como base «una abrumadora cantidad de pruebas que durante años aportamos a la justicia y que llevaron a investigar la responsabilidad de los directivos de la Empresa Ledesma, por hechos denunciados durante décadas por víctimas del terrorismo de estado y diversos sectores de la sociedad», señalaron los organismos de derechos humanos.