Los actores involucrados en el negocio del cereal desconfían de los nuevos anuncios y pactos con el Gobierno, que les generan más dudas que certezas. El intendente Carlos Sánchez intervino en uno de los acuerdos. La agitada semana desnudó las grietas en el campo como frente gremial.
Cuando las entidades representativas de los productores venían amenazando con una nueva protesta agropecuaria, el gobierno nacional desactivó la medida de fuerza con el anuncio de distintos acuerdos vinculados a la posibilidad de que los productores puedan vender su trigo. Claro que, de todos modos, la serie de medidas que el Gobierno dice que va a implementar (ver para creer), no convencen a casi nadie, ni siquiera a los que firmaron los acuerdos.
Cabe recordar que este Gobierno, que dice apostar a la producción, indujo -con ayuda del clima- con numerosas medidas erróneas a que este año sea el de menor cantidad de hectáreas sembradas de trigo del último siglo. Y que bajo la falsa premisa de la defensa del pan y la mesa de los argentinos (el trigo apenas influye en el 15% del valor del pan), puso a los productores en una situación insólita: con la cosecha recién finalizada no tienen a quien venderle sus granos.
Lo que ha si conseguido el Gobierno en esta última semana es sacar a la luz las grietas que desde hace ya varios meses presentaba el campo como frente gremial. Alfredo De Angeli, presidente de la Federación Agraria entrerriana y hasta no hace mucho el paladín del pequeño productor, abrochó un acuerdo en defensa sólo del productor triguero entrerriano. Y ya nadie se preocupa por esconder sus diferencias con Eduardo Buzzi, el presidente de la Federación Agraria Argentina. En Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), pasa algo parecido. Pedro Apaolaza, presidente de CARBAP (Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), firmó el acuerdo de la mesa provincial triguera bonaerense, criticada por Mario Llambías, titular de CRA y entidad madre de CARBAP.
Los acuerdos
En medio de la tormenta provocada por cuatro años de intervención en el mercado del principal cereal de nuestra zona, el mismo Estado se comprometió a que los molinos y exportadores compren 1,75 millón de toneladas de trigo en Buenos Aires y La Pampa. Según se informó desde la cartera agropecuaria al diario La Nación, deberán hacerlo al precio FAS teórico oficial (el precio impuesto por el Ministerio de Agricultura que se aleja cada vez más del valor internacional del trigo). Así lo dispuso el Ministerio de Agricultura de la Nación en el marco de un acuerdo provincial.
Entre otros puntos, en ese acuerdo se pactó que la molinería comprará de manera «inmediata» 1,5 millón de toneladas y la exportación otras 250.000 toneladas de trigo proveniente de las provincias de Buenos Aires y La Pampa al precio FAS teórico oficial y que saldrán por los puertos de Quequén y de Bahía Blanca.
En el acuerdo mencionado fue realizado por la «Mesa Triguera de la región de la pampa húmeda», integrada por el ministro de Agricultura Julián Domínguez, sus pares de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, representantes regionales de Coninagro, CARBAP, la molinería, la exportación, asociaciones de panaderos y cuatro intendentes de los distritos trigueros, entre ellos, Carlos Sánchez.
La compra del «cupo pampeano» de trigo de 1,75 millón de toneladas se concentrará en el sector de pequeños y medianos productores de acuerdo a los registros que presentará cada mesa provincial, quienes serán las encargadas de realizar el monitoreo del proceso de comercialización. Además, se informó que «el Poder Ejecutivo Nacional se compromete a evaluar una propuesta de Coninagro sobre la posibilidad de realizar una compra estatal de trigo a nivel provincial».
Otro de los aspectos acordados por la mesa es que «los productores trigueros cuyos créditos vencen en enero de 2010 podrán acceder a una prórroga por otros seis meses, otorgada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con una tasa subsidiada por el Ministerio de Agricultura de la Nación, medida gestionada por el Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense».
En paralelo a las novedades proclamadas tras el encuentro de la mesa provincial, concretados el miércoles último, la presidenta Cristina Fernández anunció el lanzamiento de créditos blandos para que la molinería compre en forma inmediata 1,5 millón de toneladas de trigo a productores medianos y chicos. De ese total, según se acordó con CARBAP, un 64% deberá adquirirse en la provincia de Buenos Aires y La Pampa, mientras un 17% deberá adquirirse en Entre Ríos.
Finalmente, luego de otra extensa reunión, Domínguez se comprometió ante el presidente de CRA, Mario Llambías; el presidente y el vicepresidente de la FAA, Eduardo Buzzi y Omar Barchetta, respectivamente, y el vicepresidente de la Sociedad Rural, Alejandro Delfino, a normalizar en menos de 45 días el mercado triguero y a gestionar la liberación de un millón de toneladas más de trigo para la semana próxima.
La gestión de Sánchez
El mismo día de la reunión, La Voz del Pueblo entrevistó a Guillermo Salim, secretario de la Producción municipal, quien junto al concejal y productor agropecuario José Dam, acompañaron al intendente al encuentro de la Mesa Triguera concretada en Buenos Aires, en la que entre otros estuvo presente el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, cuestionado por sus intervenciones en el INDEC y en la ONCCA y por supuestas amenazas a punta de pistola.
Sánchez, quien desde hace años mantiene una buena relación con los gobiernos de la familia Kirchner, y quien preside la Fiesta Provincial del Trigo, fue invitado a participar del encuentro un día antes del mismo, junto a otros tres intendentes de distritos trigueros de la provincia.
Según palabras del secretario de la Producción de Tres Arroyos, al comienzo de la reunión, el intendente Sánchez fue «el único de los mandatarios municipales que habló», planteó la preocupación de los productores de la zona al ministro Julián Domínguez y a Guillermo Moreno, debido a que no pueden comercializar la producción de la cosecha (de trigo) que acaba de terminar y describió la incertidumbre y las dificultades que genera esto para el distrito.
Además, Salim aseguró a ese problema «lo planteó como una cuestión urgente». Asimismo, dijo que «solicitó la posibilidad de tomar medidas para resolver esto, porque sino en poco tiempo más el productor empieza a generar los planes de siembra y las intenciones de siembra en trigo van a seguir cayendo, en una zona netamente triguera como la nuestra».
Consultado sobre el balance de la reunión, el funcionario afirmó: «El resultado del encuentro fue muy positivo, pensando en la incertidumbre que tiene hoy el productor de trigo, que se hayan destrabado varias cuestiones y que el Gobierno garantice por escrito el FAS teórico, es muy importante para nuestra zona», aseveró.
«Eso no se especificó», respondió Guillermo Salim, cuando se lo consultó a quienes consideran desde la Nación y la Provincia como pequeños y medianos productores. Aunque comentó que «según la información que manejan ellos, a través de la ONCCA, un 60% de la producción está en manos de pequeños productores y el otro 40% en manos de un grupito muy chico de productores grandes».
Para finalizar, el titular de la Secretaría de la Producción, comentó que el intendente le propuso a Domínguez y Franetovich realizar la próxima reunión en el marco de la Fiesta Provincial del Trigo y «si bien no confirmaron nada, les pareció interesante, pero bueno hay que ir viendo porque esto va a ser muy dinámico», concluyó.
Operatoria espinosa
Entre los dichos que se destacan de algunos medios gráficos nacionales, una de las cuestiones que más dudas despierta es la instrumentación de las medidas anunciadas. Entre ellas, cómo debe dividirse la compra (64% en Buenos Aires, 17% en Entre Ríos, 14% en Santa Fe y 6% en La Pampa) y con qué criterios se determinará qué productores son chicos y medianos.
Alberto España, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), argumenta en La Nación «no va a ser fácil la instrumentación y encima la responsabilidad de esto cae sobre nosotros. El hecho de comprar sólo a pequeños productores, o en determinados volúmenes a las provincias, complica nuestra operatoria comercial y encarece el proceso», afirma.
Por su parte, el vicepresidente de la Sociedad Rural, Alejandro Delfino, explicó que «operativamente lo que se anunció va a ser muy difícil de aplicar. Hay muchos productores que tienen miles de hectáreas de soja y hacen poco trigo y tal vez se presenten como pequeños productores. Ya es triste que haya un grupo de gente determinando quién puede y no puede comercializar su trigo», aseguró Delfino, el vicepresidente de la entidad mencionada.
Pero más triste aún será si el Gobierno no empieza a cumplir tanto anuncio hecho: la próxima campaña de trigo será aún peor que la actual. Y empezará a correr serio riesgo el abastecimiento del mercado interno. (LA VOZ DEL PUEBLO)
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