Se promulgó el decreto por el que el gobierno bonaerense podrá concesionar los trabajos de ampliación en las rutas 2, 88, 11 y 36, entre otras.
El gobierno bonaerense quedó habilitado a avanzar en la renovación de las licitaciones para otorgar la concesión de la obra pública por peaje y en un plazo de 30 años a las rutas que componen el denominado corredor vial del Atlántico, entre las que se cuentan la 2 y la 11, entre otras.
La ley, que fue aprobada a fines del año pasado por la Legislatura provincial, autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar la explotación de esos caminos a empresas que adjudiquen la concesión en el marco de un llamado a licitación pública.
Y contempla un plan de obras que incluye la construcción de tres carriles por mano en la Ruta 2, de dos carriles por mano para la 11 hasta los balnearios del Partido de la Costa. Además, se prevé la construcción de una avenida circunvalación en Mar del Plata para evitar el casco urbano de esa ciudad.
En rigor, la concesión prevé la realización de 51 emprendimientos de distinto tipo con una inversión estimada de 300 millones de pesos por año para la ampliación, mejora y mantenimiento de unos mil kilómetros de rutas bonaerenses.
Además de las mencionadas, se contemplan trabajos en la 63, la 56, la 36 y la 74. Pero de acuerdo al texto de la ley, la Provincia podrá incorporar luego en ese proceso de renovación de licencias de explotación a otros caminos bonaerenses «a partir del crecimiento del tránsito; de las necesidades de desarrollo turístico y productivo y de seguridad vial». En ese marco, también se contempla que se concesione la ruta 88 que conecta a Mar del Plata con Necochea.
Características técnicas
En el pliego de licitación se deberá fijar el plan director de obras, pautas de diseño, mantenimiento vial y servicios complementarios y el peaje «deberá ajustarse a la modalidad de tarifa máxima -techo de 50 pesos-, determinando su correspondiente tasa interna de retorno».
El plazo máximo de concesión se fijó en 30 años «a partir de la posesión del adjudicatario», con una revisión trianual «para asegurar la adecuada operación, incrementar la seguridad vial y brindar un adecuado servicio al usuario».
La ley subraya que el Estado provincial «no otorgará garantías de tránsito mínimo ni avales del sector público». La contribución del concesionario a Estado se estableció en un 4% de lo que recaude en concepto de peaje y los montos generados serán transferidos a un fondo fiduciario que administrará Bapro Mandatos y Negocios SA, y se abonará dentro de los 15 días vencidos cada mes.
Este fondo será distribuido con periodicidad bimestral entre los municipios por cuya jurisdicción pase la traza, «en base a parámetros objetivos a determinar por la autoridad competente» que designará el Ejecutivo.
El pago que deberá realizar el concesionario en concepto de impuesto a los Sellos sobre el contrato de explotación, «será abonado en diez cuotas semestrales iguales y consecutivas, durante los primeros cinco años» y serán destinados por el gobierno para la realización de obras en el Corredor Vial.
