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La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) a través de su secretario general Hugo Blasco ratificó para hoy la realización de  movilizaciones para hoy miércoles en todas las departamentales judiciales, tal como lo dispuso el congreso provincial de la entidad la semana pasada, a partir de “la falta de respuesta de la Provincia y la Suprema Corte a los reclamos del sector”. Optimismo por media sanción de paritarias nacionales.

En ese sentido, el grupo nucleado en la CTA, decidió continuar con su plan de lucha y ayer martes realizaráron reuniones, también con cese de actividades, en donde los principales reclamos tienen que ver con la “recomposición salarial a través de una re categorización general y reapertura de la paritaria salarial para discutir un aumento para este segundo semestre del año».

Además, la AJB exhorta a “la Corte  que aún no ha respondido reclamos hechos por el gremio como: convenio colectivo de trabajo, normalización del fuero laboral, democratización del régimen disciplinario y devolución de los descuentos por paro, entre otros”, finalizó el comunicado.

Fue aprobada en la última sesión. Los judiciales quedaron cerca de las paritarias

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que establece las negociaciones colectivas entre el Poder Judicial y sus empleados. La iniciativa data del 2008 y recién en octubre pasado había logrado un dictamen favorable en la comisión de Justicia de la cámara baja.

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley que establece las negociaciones colectivas de trabajo en el ámbito judicial. La iniciativa había sido presentada en mayo del 2008 aunque recién en la última sesión llevada a cabo en el Congreso fue finalmente aprobada. Ahora será el Senado el encargado de convertirla en ley.

El proyecto presentado en mayo del 2008 por Héctor Recalde, sufrió algunas modificaciones en la Comisión de Justicia. El pasado 27 de octubre, cuando se elaboró el dictamen de mayoría, se cambió el papel del Ministerio de Trabajo en tanto autoridad de aplicación, que fue sustituido por un proceso de mediación para solucionar controversias.

Así, tal como lo consigna el proyecto, la comisión paritaria estará integrada ocho representantes, cuatro de la patronal y cuatro de los empleados. Por parte de la patronal habrá dos representantes de la Corte Suprema y dos del Consejo de la Magistratura. Mientras que los empleados estarán representados por cuatro personas provenientes de organizaciones sindicales, uniones o federaciones con personería gremial.

Los trabajadores judiciales en la actualidad negocian las condiciones de trabajo sin la existencia de un marco normativo que encauce las negociaciones y los eventuales conflictos. Cuestión que es señalada por los gremios como “discriminatoria” pues no se cumplía con lo que señalan los convenios internacionales acerca del derecho a la negociación colectiva (convenio 151 y 154 de la OIT).

Durante el debate que derivó en la media sanción de la ley, el secretario general de la UEJN y actual diputado nacional, Julio Piumato dijo que “esta ley constituye una reivindicación histórica por la que han luchado los trabajadores judiciales, injustamente discriminados a la hora de contar con esta herramienta, la convención colectiva, que les permita discutir no sólo salarios, sino las pésimas condiciones de trabajo en el Poder Judicial y Ministerios Públicos de la Nación como en todos los Poderes Judiciales del País.”

Lo curioso es que tanto la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), como la Federación Judicial Argentina (FJA) se adjudican la propuesta de dicho proyecto. La FJA en un comunicado se adjudica el proyecto consignando que “se logró consensuar un texto a partir del Proyecto de Ley propuesto por la FJA y el presentado por el Dip. Recalde”; mientras que la UJEN expresa que “el proyecto de ley fue presentado por el Diputado Héctor Recalde, Jefe de Abogados de la CGT, a instancias del Secretario General de nuestra organización sindical y actual Diputado de la Nación, Julio Piumato”.

No obstante, desde la Unión además agregaron que seguirán buscando “alcanzar la realización de todos los derechos que nos corresponden”. Entre los que detallaron el acceso democrático a la Justicia, la efectivización de todos los contratados, la jubilación del 82% móvil para todos, la participación de los trabajadores en la Obra Social del Poder Judicial, y el aumento salarial del 10% retroactivo al 1 de octubre de 2009.

Más allá de las discrepancias en la autoría del proyecto, ahora será el turno del Senado de la Nación, quien deberá convertir en ley o no, la iniciativa.