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Material enviado por el Lic. Jorge Mancuso

En la primera quincena de Octubre de 2009, las transferencias automáticas de recursos nacionales a provincias ascendieron a $2.549 millones, constituyendo un incremento del 25.2% respecto a igual período de 2008 ($531 millones adicionales). Adicionando el monto girado a las provincias en concepto de la coparticipación de las retenciones a la soja ($184 millones), se obtiene que las provincias percibieron unos $2.733 millones durante el período, presentando un crecimiento interanual del 34.3%.

Respecto a la tasa de variación, se ubicó 5.6 puntos porcentuales (pp) por arriba de la registrada en la quincena anterior (19.6%) y fue más de 11 puntos superior al promedio de las 3 quincenas anteriores (13.7%). Asimismo, como se destaca en el gráfico, por primera vez en lo que va de 2009 se registraron dos meses consecutivos con subas en la tasa de crecimiento, marcando un quiebre en la línea de tendencia.

Las transferencias a las Región Pampeana fueron las que más crecieron (33.8%), en tanto que en el extremo inferior se situó la Región Patagónica (21.9%). A nivel provincial, Buenos Aires observó la mayor variación (+34%), en tanto que Tierra del Fuego (20.6%) fue la jurisdicción menos beneficiada.

Se prevé que las transferencias totales del mes de Octubre de 2009 asciendan a $6.516 millones, lo que representaría un incremento del 8.1% en términos interanuales ($489 millones adicionales). El crecimiento efectivo sería superior incorporando las transferencias del FFS, las cuales ascenderían a $382 millones. De esta manera, las transferencias totales se ubicarían en $6.898 millones, observando un crecimiento interanual del 14.5%.

Incorporando los ingresos del FFS se lograría superar (por primera vez en el año) la meta mensual de transferencias presupuestada por el Gobierno Nacional, que prevé un giro de $6.547 millones a las provincias durante Octubre. De esta manera, las provincias recibirían unos $350 millones adicionales respecto a lo previsto (+5%).

Modificaciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal

• La profundización de la crisis económica local aceleró el proceso de deterioro fiscal en 2009, al caer fuertemente el crecimiento de la recaudación de tributarios, tanto provinciales como nacionales (girados a través del régimen de coparticipación federal de impuestos), frente a un gasto en aumento.
• Las políticas fiscales que están llevando a cabo las provincias para revertir del deterioro fiscal comprenden, entre otras, la implementación de políticas de ajuste de gastos fundamentalmente subejecución de obras públicas, reducción de gastos superfluos y contención de nuevos aumentos salariales) y una mayor presión fiscal (por actualización de base imponible del impuesto inmobiliario e inclusión de actividades en el impuesto a los ingresos brutos y sellos anteriormente gravados a tasa cero).
• No obstante estas medidas no alcanzan a compensar la baja en la caída de los ingresos. Bajo este nuevo escenario, ya no es suficiente el financiamiento del Gobierno Nacional a través del PAF destinado a la atención de los servicios de la deuda provincial. Las provincias necesitan ingresos para pagar los sueldos.
• Modificar el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos no parece ya apropiado, en tanto la holgura fiscal del nivel superior de Gobierno ha disminuido fuertemente. Frente a esta situación, las recientes apuestas de las provincias apuntan a poder emitir nueva deuda, para lo cual debe modificarse la Ley de Responsabilidad Fiscal.
• En este sentido, ya cuenta con media sanción del Congreso Nacional un proyecto de Ley de
• modificación de algunos artículos de la Ley Nº 25.917 de Responsabilidad Fiscal, que permitiría a los gobiernos subnacionales como a la Nación endeudarse para cubrir gastos corrientes, a la vez que le permitiría encuadrar la situación deficitaria actual de las finanzas públicas provinciales a las reglas fiscales establecidas en dicha Ley.
• De sancionarse estas modificaciones, durante los ejercicios 2009 y 2010, las provincias y la Nación quedarían autorizadas a ejecutar presupuestos financieros con déficit, aumentar el gasto el gasto público primario por sobre la tasa de crecimiento del PBI nominal, y emitir deuda para el financiamiento de gastos corrientes.