El Consejo que nuclea a Fiscales, Defensores, Procuradores y Asesores Generales señaló que hay “trabas, obstáculos e impedimentos para el desarrollo y reconocimiento de los Ministerios Públicos en todas sus ramas, en ocasiones, provienen del propio seno del Poder Judicial”. También reclamó una policía judicial.
El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina denunciaron “trabas, obstáculos e impedimentos” para el trabajo de esos funcionarios que, señalaron, “provienen del propio seno del Poder Judicial”.
“Denunciamos que las trabas, obstáculos e impedimentos para el desarrollo y reconocimiento de los Ministerios Públicos en todas sus ramas, en ocasiones, provienen del propio seno del Poder Judicial; fruto de la falta de claridad conceptual y ausencia de realismo en la concepción del poder”, sostuvo la entidad en una declaración dictada hace una semana en el marco de las XXII Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos que se desarrollaron en la ciudad de Buenos Aires.
“Una vez más es menester puntualizar que, para transitar responsablemente hacia el sistema acusatorio, garantizar la igualdad de armas, dotar de operatividad a los procesos especiales y aplicar los métodos alternativos de Resolución de Conflictos; el Ministerio Público en todas sus ramas debe contar con un adecuado desarrollo y los recursos materiales para el cumplir acabadamente sus roles”, expresaron los funcionarios.
El documento fue firmado, entre otros, por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Germán Garavano, la de Río Negro, Liliana Piccinini, el de San Juan, Eduardo Quattropani.
El Consejo también criticó “la ausencia de políticas públicas en materia económica, social y de seguridad”, las “carencias científicas y tecnológicas” y reclamó una policía judicial.
“Se hace necesario desarrollar herramientas idóneas que permitan procurar una justicia eficaz que otorgue respuestas inmediatas a todos los sectores sociales, con especial énfasis en los de mayor vulnerabilidad”, advirtió la entidad.
El Consejo reclamó la existencia de “policías que dependan del Ministerio Público o del Poder Judicial a los fines de investigar el delito” ya que en algunas jurisdicciones hoy “quienes tienen la responsabilidad de prevenir el delito se confundan con juzgadores”.
“De no ser ello así se produce una lesión inmediata a los intereses de la sociedad, toda vez que los Ministerios Públicos no podrán cumplir con las funciones consagradas constitucionalmente, con el consiguiente descrédito de la administración de justicia”, señalaron los funcionarios (Dju)
