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Material enviado por el Lic. Jorge Mancuso

El incremento de impuestos dispuesto por la Provincia de Buenos Aires constituye un nuevo eslabón en un proceso de vertiginoso aumento de la presión tributaria basado en tributos altamente distorsivos. Esto sofoca a los sectores productivos y tiene asociado consecuencias sociales muy negativas. Mientras el gobierno nacional no encare un profundo replanteo en la estrategia fiscal, especialmente en dejar de apropiarse de recursos que deberían ser coparticipados para financiar gastos de muy baja eficacia social, el problema tiende a agravarse.

Los impuestos tienen asociados diferentes impactos sobre la actividad productiva y la distribución del ingreso. En general, se observa que los países bien organizados optan por pocos impuestos con impactos que sean lo más neutrales posibles sobre los sectores de la producción. En este sentido, hacen reposar la mayor parte de la recaudación en algún impuesto al consumo –la opción más frecuente es el IVA– y el impuesto a las ganancias.

La situación en la Argentina es totalmente diferente. La recaudación se genera a través de una gran cantidad de impuestos, administrados de manera superpuesta por los tres niveles de gobierno, donde la mayoría se aplica a los mismos contribuyentes por los mismos hechos imponibles. Como agravante, se apela a impuestos poco usados o directamente no utilizados en los países más desarrollados, debido a sus impactos distorsivos. En esta categoría entran los impuestos al trabajo, al cheque, a la ganancia mínima presunta, a los combustibles, los impuestos internos, los aranceles a la importación de insumos, los derechos de exportación y los impuestos a los ingresos brutos y las tasas municipales.

¿Cómo se conforma la estructura impositiva argentina a partir de esta complejidad? Según datos del Ministerio de Economía para el 2008 referidos al consolidado de la recaudación nacional y provincial aparece que:

• La presión impositiva total se estima en 31% del PBI.

• La presión ejercida por los impuestos más neutrales (IVA y el impuesto a las ganancias) es de 13% del PBI, es decir, generan sólo el 40% de la recaudación total.

• El resto de los impuestos generan una presión de 18% del PBI siendo los más importantes por sus impactos distorsivos los impuestos al trabajo (5,1%), las retenciones (3,5%), al cheque (1,9%) y el impuesto a los ingresos brutos (3,2%).

Los datos confirman que se ha alcanzado un nivel de presión tributaria muy alto y basado en impuestos altamente distorsivos. La causa primaria de este proceso es la incompetencia para administrar con razonables niveles de eficiencia el IVA y el impuesto a las ganancias. La brecha que genera los elevados niveles de evasión y elusión en estos dos impuestos, junto a una desbordante vocación por expandir el gasto público, se ha venido cubriendo con impuestos altamente distorsivos y de nula o baja coparticipación. Entre estos impuestos, los más decisivos son los impuestos al trabajo, las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque.

La distorsión del sistema tributario se potencia porque las provincias y los municipios reciben muy poco del aumento en la presión impositiva, pero enfrentan gran parte de las demandas de la población al ser los responsable de la mayoría de los servicios sociales más sensibles y estratégicos, como educación, salud, asistencia social y seguridad. Más aun, en muchos casos las provincias y los municipios son forzados a aumentar sus gastos como consecuencia de decisiones tomadas en el nivel nacional. El ejemplo más ilustrativo son los aumentos de salarios docentes que se deciden en una paritaria nacional, cuando los maestros son empleados públicos provinciales.

En este contexto, el fuerte aumento de impuestos dispuesto en la Provincia de Buenos Aires no constituye un hecho aislado sino una consecuencia previsible de las reglas fiscales prevalecientes. Es de esperar que, salvo con diferencias de matices, el resto de las provincias adopten estrategias parecidas. Esto implica seguir multiplicando las distorsiones y cercenando a los sectores de la producción, y con ello restringiendo las posibilidades de iniciar un proceso sostenido de desarrollo social.

Es altamente prioritario un replanteo profundo del sistema tributario argentino. El vencimiento de varios impuestos y la discusión de la ley de presupuesto 2010 es una oportunidad. Eliminando subsidios a empresas públicas y privadas se podrían generar los espacios fiscales dentro del presupuesto nacional para reducir la incidencia de los impuestos más distorsivos y simultáneamente aumentar la coparticipación. Esto ayudará a mejorar la situación financiera de las provincias dándoles la oportunidad para que reviertan el deterioro de los servicios sociales y simultáneamente no sigan multiplicando la escalada tributaria que cercena la producción y agrava la situación social.