viernes, marzo 29, 2024

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DELITOS: El acoso sexual es silenciado, denunciarlo es tabú. Jóvenes y jefas de familia son las más vulnerables (II)

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Por Alejandra Waigandt

La violencia laboral en general y del acoso sexual en particular son problemas invisibilizados. Según una investigación de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL), creada en 2007 bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, el 89% de las víctimas de acoso sexual son mujeres. Las más afectadas son las jóvenes y las jefas de hogar.

La coordinadora de la OAVL, Patricia Sáenz, informó que entre 2008 y éste año recibieron alrededor de 500 consultas sobre violencia sexual, psicológica y física en el empleo y un 80 por ciento se transformó en denuncias, al margen de la vía judicial. Sáenz es abogada y contiene a las víctimas desde lo legal. Matilde Garutti es psicopedagoga clínica y las asiste privilegiando aspectos de la salud. Ambas funcionarias llevan adelante esta labor interdisciplinaria desde la creación de la Oficina.

Este organismo cuenta con algunas estadísticas en base a 320 casos ocurridos en 2007. Según esos índices 8 por ciento de esos casos refieren a hostigamiento sexual, donde el 89 por ciento de las víctimas son mujeres y 11 por ciento son varones (sólo un caso implicó a un varón heterosexual).

Siguiendo con los casos de hostigamiento sexual, el 92 por ciento de las víctimas sufre acosos de sus superiores y el 8 por ciento de los hostigamientos son cometidos por compañeros de trabajo. En general actúan solos, pero hay un porcentaje de empresas que aparecen como colaboradoras o encubridoras, especialmente en el sector textil, donde se originan más denuncias. Hay otros sectores empresariales que destacan debido al número de casos, el gastronómico, el hotelero y el comercio al por menor. “Esa tendencia se mantiene”, informó Garutti.

Por su parte, Sáenz explicó que “los acosadores son más propensos a hostigar a las mujeres jóvenes en sus primeros empleos y a mujeres cabeza de familia”. Estos dos grupos se presentan como los más vulnerables, el primero debido a la inexperiencia de las trabajadoras y el segundo porque constituyen la única fuente de ingresos de las familias. El 80 por ciento de las afectadas son mujeres de 18 a 40 años, mientras que el 8,33 por ciento son mujeres de 46 a 52 años. Entre los varones, los más afectados (66,67%) están en la franja de los 40 a los 46 años.

El 80 por ciento de las consultas son de trabajadores y trabajadoras del sector privado y 18 por ciento del sector público; un 92 por ciento las realizan personas con contratos de trabajo y un 8 por ciento trabajadoras no registradas. Asimismo la Oficina tiene injerencia en todo el país, pero la mayoría de las consultas provienen de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Garutti aclaró igualmente que “reciben consultas del interior del país mayormente por e-mail”.

Las personas que se acercan a la oficina piden ayuda cuando la gradación del acoso es gravísima, es decir que vienen soportando entre 4 y 6 meses comportamientos que van desde la mirada insistente y lasciva al chiste grosero, la intimidación o el chantaje. Hubo casos en que estos hostigamientos se prolongaron a lo largo de un año y dos años. Estas personas tienen la salud psíquica y física comprometida debido a que vivieron una situación traumática; sufren depresión, ansiedad y angustia, reviven escenas, les falta concentración, y al mismo tiempo enfrentan enfermedades psicosomáticas como gastritis, temblores, etcétera.

Cuando llegan a la Oficina se las contiene, pero luego se realizan derivaciones a instituciones especializadas como el Consejo Nacional de la Mujer (CNM). Este año se recurrió además a hospitales que empiezan a trabajar con el tema de la violencia laboral y al que se derivan trabajadores que no cuentan con una obra social.

Las víctimas de acoso, señala Sánez, sienten vergüenza, impotencia, inclusive culpa, por eso no pueden hablar del hostigamiento que sufren con sus vínculos más cercanos y esas relaciones también se deterioran. Sin embargo este entorno las va a contener, dice Garutti, que aclara que los mayores desbordes se presentan en las mujeres cabeza de familia porque están solas. “En general nos dicen que no han hecho nada y no entienden por qué son acosadas, que no se pintan ni se arreglan como si estas cuestiones tuvieran alguna vinculación con el hostigamiento, ocurre que hay un fuerte imaginario social sobre que las mujeres tienen responsabilidad en estos hechos. Por eso tratamos de que entiendan que esas situaciones tienen que ver con quién las lleva adelante y no con las víctimas”, explican las expertas.

En cuanto a la contención legal, las personas afectadas reciben información sobre sus derechos y asesoramiento respecto de la denuncia formal que pueden emprender a través del Ministerio de Trabajo. Es una herramienta que aporta una fecha cierta del hecho que acontece y habilita a la OAVL a intervenir. La Oficina cita entonces al empleador, que debe garantizar un ambiente saludable de trabajo; en este caso además de la denuncia es necesaria una autorización escrita de la víctima.

Los empleadores suelen concurrir a la OAVL, donde Patricia Sáenz y Matilde Garutti comunican la situación de la víctima; como el Ministerio de Trabajo no tiene la facultad de aplicar sanciones, las funcionaras piden especialmente a los empleadores que tomen medidas para que cese el hostigamiento. “Les explicamos que el acosador seguramente hostigará a otros trabajadores, con lo cual van a tener mermas en la productividad y finalmente se producirán juicios. En general los empleadores ayudan a resolver la situación, principalmente porque es una mala imagen tener un acosador sexual dentro de la empresa y porque no quieren ser vistos como encubridores”, indica la coordinadora de la Oficina.

Las funcionarias aclaran igualmente que es difícil llegar a esa instancia porque las personas afectadas temen perder su trabajo y quedar expuestas. “Hay una cultura que de alguna manera permite ciertos abusos masculinos sobre las mujeres, que tienen que soportar que los varones en su manejo del poder involucren el tema sexual”, explican.

De acuerdo a la muestra de 320 casos analizados, 60 por ciento de las víctimas permanece en sus puestos de trabajo, un 6 por ciento tiene licencia médica y 28 por ciento sufrieron despidos o renunciaron. “El Ministerio de Trabajo tiene una posición firme en cuanto a la conservación del empleo, pero hay situaciones graves donde es imposible seguir trabajando”, reconoce Sánez.

Si las situaciones de acoso continúan y la víctima decide recurrir a la vía judicial, es derivada a instituciones que ofrecen asesoramiento jurídico gratuito, mayormente al CNM, donde reciben orientación sobre dos caminos posibles, la justicia penal (el Código Penal contempla el acoso sexual) o la justicia laboral que termina sancionado al acosador por hostigamiento moral, porque no existe la figura de acoso sexual laboral en la Ley de Contrato de Trabajo (ver nota aparte).

La OAVL tiene entre sus objetivos sensibilizar, capacitar y difundir sobre este problemática entre los sectores que integran la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres (CITO) y los sectores sociales que lo requieran. Se realizan reuniones con el sector empresario, cámaras y federaciones para que conozcan la problemática y adopten códigos de convivencia afines. Asimismo hay capacitaciones orientadas al sector sindical. Junto con la Fundación Magna se llevan adelante un cine debate y el disparador es la película Tierra fría, sobre uno de los primeros casos de acoso sexual en Estados Unidos.

El tema de violencia laboral se comenzó a trabajar en la CITO. Por un lado ese organismo comenzó a recibir consultas concretas, y por otro lado los sectores empresarial y sindical debatían sobre las enfermedades que afectaban a los y las trabajadores y que estaban vinculadas al ámbito laboral. En 2003 también en ese organismo se empezó a trabajar en la legislación y en la conceptualización, de manera que quedó diferenciada la violencia institucional de las situaciones de violencia que las personas viven en el ámbito de trabajo. En 2006 se firmó un convenio con la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que cuenta con la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia Laboral, pero trabaja únicamente con el personal de la administración pública. Finalmente un año más tarde se constituyó la OAVL a fin de dar una respuesta a todos los sectores.