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Como ocurrió con el dengue, la Gripe A puso de manifiesto hasta qué punto en el sector salud prima la improvisación. Con las tres jurisdicciones de gobierno operando de manera desarticulada y superpuesta es natural que cunda la desinformación y la población apele a acciones individuales que no siempre son necesarias, efectivas o recomendables. Se trata de otra evidencia sobre la importancia estratégica de replantear la distribución de recursos fiscales y responsabilidades en función de lo que establece la Constitución Nacional.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Argentina invierte en salud 10,1% del PBI. Esto es lo que gasta en atención sanitaria el Estado nacional, los provinciales y municipales, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y las erogaciones que hace la gente de su propio bolsillo. Son aproximadamente $100 mil millones. Para tener una idea de órdenes de magnitud, es el doble de lo que produce el sector agropecuario, el doble de la inversión en construcción y más del 50% del valor agregado de la industria.

Sin embargo, Argentina no muestra buenos indicadores sanitarios. A modo ilustrativo, según la OMS la tasa de mortalidad infantil en Argentina es de 14 por 1.000 niños nacidos vivos. Comparaciones con otros países latinoamericanos confirman que el esfuerzo que hace la sociedad para financiar la salud no es modesto y que los resultados no son buenos. Según la misma fuente de la OMS también se puede observar que:

• Uruguay asigna 8,2% del PBI y tiene una tasa de mortalidad infantil de 13 por 1.000.
• Costa Rica asigna 7,0% del PBI y la tasa de mortalidad infantil es de 11 por 1.000.
• Chile invierte 5,3% del PBI y la tasa de mortalidad infantil es de 8 por 1.000.

Los datos indican que estos países gastan menos recursos que Argentina y tienen mejores indicadores sanitarios. Esto sugiere que la proliferación de la gripe A, como el dengue durante el verano, constituyen apenas ejemplos actuales de una falla más estructural y profunda de organización del sistema de salud argentino.

Para entender la desorganización, hay que partir de una definición. La Constitución Nacional establece que la nación no tiene facultades de ejecución de acciones sanitarias. Son las provincias las que conservaron esta responsabilidad, tal como expresamente lo establecen sus respectivas Constituciones Provinciales.

La nación tampoco es el ente rector del sistema de salud. Según la Ley 22.373, las políticas de salud nacionales tienen ser que definidas por las propias provincias en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA). Es decir, la dirección es responsabilidad de las provincias y por eso se contempla el COFESA como ámbito donde los responsables de la ejecución de acciones sanitarias (las provincias) se ponen de acuerdo en políticas comunes. La suma de las acciones provinciales, articuladas en el ámbito del COFESA, constituye la política sanitaria nacional. La función de la nación es convocar y presidir el COFESA, pero no tiene facultades legales para suplantarlo.

El descalabro surge por violar la lógica de este esquema. El punto de origen es la apropiación por parte de la nación de recursos fiscales que deberían ser descentralizados a las provincias. El desorden se profundiza cuando la nación utiliza los fondos apropiados para ejecutar acciones cuya responsabilidad es de las provincias. El mejor ejemplo de esta irracionalidad es la utilización que se le dará a los $1.000 millones para combatir la Gripe A. La nación va a utilizar el 65% para comprar en forma directa medicamentos y sólo el 35% va a ser distribuido a las provincias. O sea, se repite la falla estructural de que el responsable de ejecutar las políticas sanitarias (las provincias) no tiene los recursos porque se los apropia quien no tiene facultades (la nación) para operar solapadamente.

En el marco de este esquema de superposiciones el resultado es que la nación transmite un mensaje y cada provincia otro. A su vez, las acciones de cada provincia con los municipios tampoco guardan coherencia. Con múltiples responsables, los medios de información emiten noticias incoherentes. La ausencia de señales claras conduce a que la gente tome acciones individuales con información informal (cadenas de mails, rumores, internet). Esto es el caos sanitario, pero no por la gripe A ni por falta de recursos, sino por la desorganización.

Con esta desorganización, no sólo se explica el caos de la gripe A sino también las serias deficiencias en promoción y prevención que hacen que la Argentina tenga el gasto en salud más elevado de América Latina y también tasas de mortalidad infantil más altas que países similares o de menor nivel de desarrollo. Mucho se habló en el proceso electoral sobre la necesidad de acordar una nueva ley de coparticipación federal de impuestos. El problema es mucho más complejo que acordar nuevos parámetros de distribución. La cuestión sustancial es que la nación deje de invadir funciones que son responsabilidad de las provincias.