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El Islyma presentó el recurso ante la Justicia para que se suspenda comercialización, venta y aplicación de esos agroquímicos. Vecinos de barrios del sur Córdoba radicaron una denuncia penal para que se controle la calidad del agua de la planta potabilizadora Los Molinos.

El presidente del Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (Islyma-CTA), Eduardo Ahamendaburu el martes presentó un recurso de amparo ante la Justicia para que “se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación del glifosato y del endosulfán, elementos químicos que componen los herbicidas y pesticidas que se utilizan para cultivo en todo el territorio de la República Argentina para cualquier tipo de sembradío, particularmente la soja, maíz, trigo, girasol, etc.”.

Asimismo, la presentación solicita que “se ordenen sin más trámite la medida cautelar innovativa solicitada, haciendo hincapié en que el derecho ambiental lleva consigo el concepto de cautelar y preventivo, valores los cuales deben ser contemplados severamente por V.E. toda vez que se trata del cuidado de vidas humanas y de la salud de las personas, extremos los cuales no tienen valor de reposición”.

En pedidos anteriores, el presidente del Islyma, Eduardo Ahamendaburu había señalado que la solicitud se realiza en «los términos de los artículos 41 a 43 incluido de la Constitución Nacional; de los artículos 11, 19, 20, 52, 53, 59, 66 y 68 de la Constitución Provincial; el artículo 2 de la ley Provincial 7343 y de los artículos 1 a 6 incluido, y 30 de la Ley Nacional 25675».

El canal Los Molinos-Córdoba, en la mira

En otro orden, un grupo de vecinos de barrios del sur de la ciudad de Córdoba, nucleados en la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCODAV), recordó que días atrás se presentó una denuncia penal en la fiscalía Distrito 2, Turno 3, a cargo del fiscal Pedro Caballero, para que se controle la calidad del agua proveniente de la planta potabilizadora Los Molinos, que a su vez proviene del canal a cielo abierto Los Molinos-Córdoba.

La agrupación denunció que, en su transcurrir de 64 kilómetros, ese canal a cielo abierto “atraviesa miles de hectáreas de cultivos de soja transgénica, recibe diluvios de agrotóxicos en sus aguas, consecuencia de las fumigaciones con aviones, maquinaria o a mano, parte del ‘insustentable y peligroso paquete tecnológico’ que acompaña a esta industria de los agro negocios destinados a la exportación, como glifosatos, 2.4d, Endosulfan entre otros insecticidas o agroquímicos”. La denuncia fue dirigida contra la empresa Aguas Cordobesas.