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Según informó el Centro de Información Judicial, que depende de la Corte Suprema, «por disposición de la Cámara Nacional Electoral, todos los partidos políticos, alianzas y confederaciones deberán publicar en Internet las listas completas con sus candidatos».

Además, se estableció que la información «deberá ser difundida a través de la página Web del fuero electoral».

Entre las consideraciones tomadas en cuenta para la disposición, se afirmó «que la Constitución de la Nación Argentina ha adoptado el principio de la soberanía del pueblo, garantizando el pleno ejercicio de los derechos políticos de sus ciudadanos, individual o colectivamente organizados (…) Con ese objeto, se le ha encomendado a la Justicia Nacional Electoral la alta misión de asegurar la más genuina expresión de la voluntad popular», indica el sitio oficial.

«Entre las diversas instancias en las que se desenvuelven los procesos electorales -esgrimieron los magistrados-, el período previsto para el registro de las candidaturas reviste especial trascendencia puesto que tiene por objeto comprobar que los ciudadanos propuestos por las agrupaciones políticas reúnen las calidades constitucionales y legales requeridas para el cargo que pretenden».

Esta disposición implica que los ciudadanos podrán oponerse a cualquier candidato que, según consideren, no cumpla con las cualidades necesarias para realizar tamaña tarea, lo que incluye acusaciones por delitos contra los derechos humanos.