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Por Tomás Buch

El 22 de octubre de 2008, el Congreso Nacional votó la ley 24.618 que establece condiciones mínimas para la protección de los glaciares en todo el territorio nacional. Dispone hacer un inventario y regula muy estrictamente cualquier instalación en un glaciar o en sus inmediaciones, y prohíbe expresamente la dispersión de sustancias contaminantes (lo que es obvio, pero lo que abunda no daña), la instalación de industrias y -muy específicamente- la exploración y explotación minera o petrolífera.

El 10 de noviembre, el Poder Ejecutivo la «observó» es decir, la vetó, mediante el decreto 1.837/08. Sus principales argumentos fueron: 1) se restringe las posibilidades de desarrollo de las provincias andinas. Sí, es imprescindible restringir esas posibilidades, si por una explotación minera se ponen en riesgo las fuentes de la vida misma: el agua. Reemplazar la ley -votada por unanimidad en ambas cámaras- por un «acuerdo» entre las provincias andinas, es hacer de cuenta que no tenemos un país ni un Congreso. 2) Que es redundante: sí, lo es en algunos aspectos; pero las otras disposiciones de protección -especialmente las provinciales- se cumplen mal o no se cumplen. Tampoco habría garantías de que la ley 24.618 fuese cumplida, pero una vez más: las prohibiciones sobre petróleo y minería son taxativas, y permitirían aquellas acciones judiciales que probablemente se trata de evitar.

La ley no tiene en cuenta que muchos de los glaciares que se pretende proteger están en la frontera con Chile y tienen vertientes hacia ambos lados. Eso es un defecto de la ley, pero no es mencionado ni «observado» en el decreto. Es un hecho: el monte Tronador, aquí al lado nuestro, o el Lanín, están en la frontera; no valdría de nada que nosotros protejamos nuestra mitad si los chilenos destruyen la suya, o viceversa. Es una consecuencia de los acuerdos de límites. La ley debería contener por lo menos una invitación a nuestros vecinos de tener el mismo cuidado con sus glaciares que el que nosotros quisiéramos tener con los nuestros. La misma polémica se ha desatado en Chile, porque al pie de los glaciares de Pascua Lama (San Juan) está el valle de Huasco, de producción agropecuaria, entre cuyos habitantes también se debate el asunto. No sabemos que haya acciones comunes, aunque el problema es el mismo, y entre los países existe un debate acerca de la repartición de los impuestos eventualmente devengados, en vez de un acuerdo sobre cómo cuidar mejor los ecosistemas comunes.

La ley reconoce que los glaciares y «ambientes periglaciares» son fuentes fundamentales de agua dulce, un material que, según todos los expertos advierten, se está rápidamente convirtiendo en un recurso estratégico. Sin embargo, la actividad minera requiere millones de metros cúbicos de agua para transportar y lixiviar el mineral, agua que se quitará de los usos humanos o llegará allí contaminada. Se sabe que sólo el 3% de la abundante agua de la Tierra es dulce y los glaciares forman parte de esta reserva. Los glaciares, tanto los continentales como el Hielo Continental argentino-chileno, como Groenlandia, los hielos marinos y la Antártida misma, están disminuyendo rápidamente de volumen. Basta ver fotografías de cualquier masa glaciar -el glaciar Viedma, en el lago homónimo al pie del macizo de los cerros Fitz Roy-Torre son un buen ejemplo- para observar su alarmante retroceso, que no sólo implica la pérdida de belleza paisajística (un detalle no menor en un país en el que el turismo es una actividad cada vez más importante) sino una grave pérdida de agua potable, uno de los insumos más importantes de la minería a cielo abierto.

Cuidar esa agua es una necesidad urgente. Ya se ha dado el caso de que barcos de ultramar, con el pretexto de buscar lastre para su viaje de retorno, han llenado sus bodegas con 70.000 toneladas de agua del Paraná, que luego vendieron por millones de dólares en países privados de ese recurso. Esto significa, sencillamente, robo de un recurso estratégico. Como realmente representa un delito novedoso, oportunista e ingenioso, no existe, seguramente, legislación alguna al respecto. Ojalá ya haya legisladores trabajando sobre este tema, antes de que robar agua dulce para venderlo en otro continente se transforme en un «derecho adquirido». Y ojalá que el proyecto que ellos elaboren no sea «cajoneado» como tantos otros u «observado».

Pero retornemos a los glaciares. No son estructuras muy robustas: reconocido el hecho de que no sólo son un obstáculo al tránsito, un objetivo de escaladores ni una belleza escénica, no hay que permitir que sus aledaños se vean maltratados. Su estabilidad depende de la temperatura ambiente y de las precipitaciones níveas, por supuesto, pero también de otros factores: por ejemplo, que sobre ellos no se depositen polvos que aumentan la absorción solar y aceleran el derretimiento en forma vertiginosa; que se los perfore o se establezcan sobre ellos edificaciones, que se los someta a vibraciones excesivas, que se realicen obras de cierta envergadura sobre ellos o en su vecindad inmediata, etc. Ni qué hablar que se vuelen pedazos o se construyan túneles que los atraviesen. Todas esas amenazas se ciernen sobre Pascua Lama, aunque la Barrick Gold jure lo contrario.

Yo mismo he visto desaparecer en dos días de pleno invierno toda la nieve del cerro Catedral, por la caída de ceniza volcánica. Éste es el tipo de fenómenos que no se pueden controlar ni evitar; pero la explotación minera, sí. En otra oportunidad he hablado de la minería, una de las actividades más importantes de la civilización desde sus orígenes. Pero hay diversas clases de minería. En la Argentina, que -a diferencia del vecino Chile- nunca fue un país minero, había existencias de oro en muchas ubicaciones. Pocos gramos por tonelada, hace unos años, no justificaban la explotación, porque resultaba más caro extraerlo de lo que valía el producto. En la crisis de los ´30, por ejemplo, el precio se fijó en 35 u$s la onza trío (unos 30 gramos), que es la unidad tradicional en que se expresa el valor del oro. Con algunos altibajos, el valor se mantuvo en esa zona hasta el comienzo de los ´70. Desde entonces, el mismo se duplicó en pocos años y, al margen de algunos altibajos, no bajó nunca más, aun teniendo en cuenta la desvalorización del dólar. En la actualidad, en cinco años se triplicó y hace poco rozó los 1.000 u$s/oz. Este tremendo aumento de precio es mucho mayor que el de los costos de explotación, de modo que ahora hay yacimientos rentables que antes no lo eran. A esto se añade una legislación absolutamente leonina proveniente de la época menemista, que absurdamente fija un máximo de 3% a las regalías que pueden cobrar las provincias, que se contrapone al reintegro del 5% que el Estado paga por embarcar en puertos patagónicos. O sea, que prácticamente regalamos los recursos mineros a quien los quiera explotar -por ejemplo empresas extranjeras como la Barrick Gold- y, según el caso, aun les pagamos encima. No sé por qué esta legislación nunca fue modificada, pero debe haber intereses creados y argumentos de esos de la «seguridad jurídica»: si me dejé robar una vez, debo seguir dejándome robar.

Hay un poquito de oro por todas partes: hasta en el agua del mar, pero la recuperación de éste por suerte aún no es rentable. Hay oro a 6 km del centro de Esquel, pero los esquelinos no quieren verse expuestos a una explotación a cielo abierto con explosiones a 6 km del centro de una ciudad. La explotación minera a cielo abierto es más fácil y más barata: se desmonta un cerro y listo. Antes, había que cavar galerías. Progreso de la tecnología. Ni siquiera hace falta mucha gente, como los mineros de antes.

Y hay oro a 6.000 m de altura, en Pascua Lama, en la frontera chilena a la altura de San Juan. Debajo de un glaciar. El agua del glaciar destruido se usará para contaminar el resto de la región con desperdicios de una minería ruinosa para nosotros, desde el punto de vista ecológico, pero desde el económico también.

Hay un viejo dicho sobre aquello de «pan para hoy, hambre para mañana». Si la minería a cielo abierto al pie de un glaciar provee un poco de pan, lo hará para hoy y dejaremos un páramo para mañana. Un páramo contaminado. (RIO NEGRO ON LINE)

ECOLOGÍA: Argentina, los glaciares y la mineríaahorainfo.com.arLocalesPor Tomás Buch El 22 de octubre de 2008, el Congreso Nacional votó la ley 24.618 que establece condiciones mínimas para la protección de los glaciares en todo el territorio nacional. Dispone hacer un inventario y regula muy estrictamente cualquier instalación en un glaciar o en sus inmediaciones, y...Desde Necochea al mundo