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Si bien la Subsecretaría de Pesca de la Nación tiene en carpeta rever la Resolución 65/07, los cambios llegarían una vez que las autoridades intercambien opiniones con los diferentes actores del sector.

Los parámetros que rigieron la captura de merluza hubbsi a lo largo de 2008 bajo la Resolución 65/07 de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación se repetirán al menos en los primeros meses del próximo año.

Así lo confirmó el responsable del área, Norberto Yauhar, durante una reunión que mantuvo con representantes de la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, realizada el lunes en Buenos Aires.

Esto implica, en principio, sostener la captura máxima permisible del recurso en 266 mil toneladas, ya que el objetivo de las autoridades es mejorar la salud del recurso mediante el fortalecimiento de los controles y no a través de una nueva baja de las asignaciones.

“El subsecretario planteó la posibilidad de modificar la 65/07 en diversos aspectos, lo que pondrá previamente a consideración de las instituciones empresarias”, informaron desde Armadores mediante un comunicado.

Vale recordar que la norma tiene vigencia hasta 2012 (un período de cinco años inaugurado este año); pero dado el cambio en la política que pretende introducir la gestión Yauhar, está siendo revisada en diversos aspectos.

Según Armadores, entre ellos se está analizando la posibilidad de determinar zonas de pesca diferenciadas para los distintos tipos de flota; es decir fresqueros y congeladores/factorías.

“Además, en la reunión se trató la necesidad de abrir zonas para la pesca de merluza que actualmente se encuentran vedadas (…) El subsecretario manifestó estar estudiándolo”, detallaron.

El sector subrayó en este sentido que la última ampliación de la veda permanente generó que toda la flota merlucera opere prácticamente al sur del paralelo 48º Sur, más allá de las incursiones en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya.

Por otra parte, la Autoridad de Aplicación manifestó la probabilidad de que los gobiernos provinciales tengan mayor injerencia en la distribución de asignaciones, sobre todo en las “no transferibles”. (PESCARE)