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Reforzar con $200 el ingreso de quienes cobran el salario mínimo aparece como un intento de mitigar el sesgo regresivo de la mayoría de las medidas anunciadas hasta ahora, como el crédito bajo condiciones preferenciales, la reducción de impuestos y el perdón a los evasores. Lamentablemente, en un mercado laboral con muy alta incidencia de la informalidad la medida no va poder cumplir con el objetivo. Nuevamente se pone en evidencia que para enfrentar la crisis con efectividad es imprescindible abordar reformas estructurales largamente demoradas.

Tan importante como mitigar los efectos de la reversión del ciclo es evitar que los costos sean soportados por los segmentos socialmente más vulnerables. El anuncio de conceder por única vez un pago de $200 a los trabajadores que ganan el salario mínimo legal (actualmente fijado en $1.240) se ha presentado bajo esta lógica. Se trata de una orientación diferente a la adoptada hasta ahora cuyo sesgo es regresivo, como la disminución del impuesto a las ganancias, los créditos baratos y el perdón a los evasores.

¿Es factible que con el mandato legal de dar un pago de $200 a quienes cobran el salario mínimo se mejore el ingreso de los trabajadores con remuneraciones más bajas? Desafortunadamente, el INDEC ha discontinuado la publicación de la Encuesta Permanente de Hogares, sin embargo, se pueden aproximar algunas respuestas desde las evidencias que surgen de la EPH del INDEC correspondientes a la segunda mitad del 2006. Según esta fuente se puede observar que en el mercado laboral argentino:

• El 36% de los trabajadores asalariados en el sector privado excluyendo el servicio doméstico tenía un salario horario inferior al salario mínimo legal.

• De éstos, el 28% estaba en un empleo registrado mientras que el 72% restante estaba en un empleo no registrado.

• De los que ganaban por debajo del mínimo legal y estaban en un empleo no registrado, 2 de cada 3 estaban en empresas con menos de 10 trabajadores.

Aunque las limitaciones estadísticas son importantes, los datos son muy sugerentes. Las personas que cobran salarios muy bajos, –en la mayoría de los casos asociados a situaciones de pobreza–, son muy numerosas. Adicionalmente, en la gran mayoría de los casos se trata de trabajadores contratados por pequeñas empresas que no cumplen con las normas laborales y de la seguridad social. Estas evidencias aseguran que el mandato legal anunciado no podrá cumplir con el objetivo buscado.

En las crisis se hacen más explícitos los problemas estructurales que en las épocas de auge se disimulan. En la base de la pirámide laboral hay una gran cantidad de personas con bajos niveles de calificación que sólo encuentra oportunidades laborales en pequeñas empresas donde los incumplimientos de las normas son masivos. Se trata de una combinación de debilidades tanto por el lado de la oferta (bajo nivel de calificación de los trabajadores) como de la demanda (baja productividad de las empresas). Era muy importante atacar estas deficiencias cuando la economía crecía, ahora, bajo las actuales condiciones de reversión del ciclo económico se hace más complejo y urgente.

Bajo estas restricciones de baja calificación de los trabajadores y baja productividad de las empresas, las chances de que una norma legal pueda imponer la obligación de otorgar un aumento de $200 por única vez a los trabajadores que ganan el salario mínimo legal, o un monto inferior, son prácticamente nulas. Es más, este tipo de intervenciones aumenta los incentivos a favor de la informalidad y distrae la atención de lo que debería ser una agenda de políticas que efectivamente evite que la crisis termine agravando los serios problemas laborales y sociales acumulados. Para que las intervenciones legales tengan efectividad es fundamental primero inducir a la formalidad y, para ello, hace falta una reforma estructural que adapte las normas laborales y de la seguridad social a las posibilidades de cumplimiento de las pequeñas empresas.

Con las regulaciones actuales, las pequeñas empresas se ven obligadas a operar en la informalidad. Operando fuera de las normas, las empresas pequeñas son excluidas de las cadenas de producción y comercialización en los sectores más modernos de la economía, del crédito formal y de los beneficios promocionales que el Estado pueda brindar. Los principales perjudicados son sus trabajadores porque deben trabajar bajo condiciones laborales muy precarias y porque no gozan de los beneficios de intervenciones públicas supuestamente protectivas, como el pago de los $200.

Por esto, para enfrentar con éxito la crisis no alcanzan las buenas intenciones y la improvisación de intervenciones. Es fundamental abordar un cambio de concepción en el diseño y la forma de instrumentación de una gran cantidad de regulaciones laborales, sindicales y de la seguridad social que actualmente constituyen un poderoso factor promotor de la informalidad laboral. (IDESA)