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El conflicto por la tenencia de las tierras sigue latente en Amaicha del Valle. El cacique de la Comunidad Indígena, Eduardo Nieva, aseguró que aún están reclamando 30.000 hectáreas que le pertenecen a los amaicheños. Por ahora, se espera que la Nación avance en un sondeo de las tierras. Se estima que unos 1.000 foráneos ya viven en la villa. Desde agosto, se ratificó la prohibición de vender los terrenos para frenar la pérdida de su patrimonio.

Los habitantes nativos de Amaicha del Valle aún luchan por la recuperación de sus tierras. El cacique de la comunidad Indígena, Eduardo Nieva, confirmó a PRIMERAFUENTE que desde que asumió, a fines de agosto de este año, se reafirmó el principio constitucional que establece la prohibición de la venta de las tierras de las comunidades indígenas. Actualmente, a la comunidad de Amaicha le pertenecen unas 52.000 hectáreas mientras que siguen en reclamo otras 30.000 que están en manos de propietarios privados. «La comunidad tiene la posesión pero no los títulos de esas tierras», alertó.

Por ello, ante la preocupante venta de terrenos de los propios amaicheños, Nieva aseguró que se decidió poner un freno a la cesión de los terrenos. «Muchas veces el mismo comunero no toma conciencia del valor de su patrimonio y cede sus terrenos. Generalmente venden por una necesidad económica», señaló el cacique en diálogo con este portal de noticias.

Al respecto, Nieva recordó que existe un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en forma clara y contundente establece que siempre debe prevalecer el interés social fijado en el artículo 21 de la Conferencia Americana de Derechos Humanos, el cual establece la protección de la propiedad privada. En una interpretación evolutiva del Derecho Internacional, esta propiedad privada incluye la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, explicó. Además, recalcó que la cédula real de las tierras data de 1716 cuando la colonia española hizo un reconocimiento a los indígenas.

También señaló que se espera la ejecución de un sondeo sobre la situación de las tierras de Amaicha, en el marco de la ley 26.960 que prohíbe los desalojos durante cuatro años hasta tanto se realice un relevamiento de los terrenos, para lo cual se destinaron unos 30 millones de pesos. «En el caso de Amaicha, hace dos años que se está trabajando en un convenio entre la UNT y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero aún no hay nada sobre su ejecución», alertó.

En la villa viven alrededor de unos 3.500 comuneros (entre niños y adultos) y unas 1.000 personas que se radicaron en el lugar. Para el caso de los foráneos, el cacique y abogado no descartó que se planteen conflictos judiciales, aunque aclaró que se daría en aquellos casos en que las propiedades se hayan tomado en forma violenta. (ARGENPRESS)