Por Horacio Castelli
La idea del posible cierre de la Planta de Cargill a raíz del conflicto con la UATRE por la decisión de bloquear los accesos no resiste el menor análisis serio. Fue sin duda, una jugada de «política barata» como expresó Gerónimo Venegas por parte de las autoridades municipales y partidarias de la UCR.
Si una firma multinacional tuviera que cerrar una planta como la de Quequén por un conflicto menor como el planteado por la UATRE sus acciones en las bolsas del mundo caerían estrepitosamente porque significaría que no tienen sustento para enfrentar una pequeña crisis como es la que se desató en Quequén.
Quienes fogonearon la idea del cierre de la Planta por este conflicto buscaron sin duda desviar el foco de atención que venía apuntando a la figura del Intendente a raíz de las desprolijidades administrativas y denuncias penales por mal desempeño como funcionario público con respecto a las concesiones del Camping Miguel Lillo y el Frente Costero.
La pequeña brisa que se levantó por este conflicto sindical-empresarial ya quedó atrás y ahora proseguirá el seguimiento periodístico sobre las irregularidades denunciadas ante la Justicia a raíz del accionar del Jefe Comunal.
Este tipo de acciones que intentan enfrentar a los propios trabajadores, buscando un fin muchas veces inconfesable solo provoca malestar, divisiones y buscan tapar una realidad que está a la vista de quienes lo deseen ver.
La política es buena cuando soluciona conflictos o media entre partes enfrentadas, pero cuando se mete en medio de un conflicto ajeno e intenta utilizarlo para desviar la atención de hechos que se están investigando pierde su esencia.
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