jueves, marzo 28, 2024

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ECOLOGÍA/HUMEDALES CORRENTINOS EN RIESGO: Es por la construcción de un viaducto sobre un desagüe natural del Iberá.

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La obra vial se realizará sobre la naciente del río Miriñay, ubicado en el llamado “Paso Meza”, en la ruta provincial 114, que une la ruta nacional 14 con la provincial 40. El Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), a cargo del ingeniero Mario Rujana, recibió un pedido de acceso a la información por parte de un abogado ambientalista. El antecedente del terraplén de Yahaveré.

El abogado ambientalista, Edwin Harvey, conocido por su trabajo en defensa de los Esteros de Iberá, presentó un pedido de acceso a la información al Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), a cargo del ingeniero Mario Rujana, por el tema de la construcción de un viaducto sobre la naciente del río Miriñay, ubicado en el llamado “Paso Meza” y desagüe natural del Iberá.

“La construcción de este viaducto sobre al Paso Meza afectará de manera directa a los Esteros del Río Miriñay, que es uno de los desagües naturales de los Esteros del Iberá, y cuya naciente se da en la famosa Laguna Iberá”, señaló el letrado, según informó la Fundación Proteger.

“Aquellos que hemos decidido trabajar por el cuidado del ambiente, siempre estamos marcando los errores ya cometidos. Pocas veces tenemos la oportunidad de prevenir los potenciales errores que pueden llegar a cometerse y dar nuestra voz de alerta sobre obras a construirse”, agregó.

El pedido de acceso a la información elevado por Harvey, fue con copia al gobernador de la provincia, a las Cámaras de Diputados y Senadores de Corrientes y a Vialidad provincial. El ICAA ya había sido cuestionado con anterioridad, en el caso del terraplén de Yahaveré, que fue destruido por orden de la justicia.

“Advertimos que los desagües naturales del macro sistema Iberá, donde incluimos a los Esteros de Santa Lucía, del Batel-Batelito y del Iberá propiamente dicho, han sufrido la construcción de la ruta nacional 123, la cual seguía el viejo trazado impuesto por el ferrocarril, que unía las poblaciones más importantes de la zona, y también el trazado de la ruta nacional 12 y la ruta nacional 118”, explicó Harvey.

“Pero a diferencia del ferrocarril –agregó-,del cual solo se copió su trazado, esta ruta 123; en virtud del aterraplenado que exige su construcción, constituye una gran barrera artificial que afecta directamente al escurrimiento de las aguas del macro sistema Iberá. Lo mismo ocurrió con las rutas 12 y 118”.

De esta forma, sólo cuatro lugares quedaron abiertos para el escurrimiento de las aguas hacia el río Paraná; el Paso Naranjito, el Paso Santa Lucía, el Paso Chañaral y el Paso Lucero, todos construidos con grandes terraplenes de acceso a los puentes carreteros, que se desarrollan sobre el valle inundable de esos cursos de agua e impiden su escurrimiento.

“Nuestros pasos carreteros, a diferencia del ferrocarril, han sido extremadamente mezquinos en cuanto al espacio o luz que han dejado para que el agua pueda escurrir siguiendo su trayectoria natural. Esta economía inmediata implica un derroche de recursos públicos, sociales y culturales a largo plazo”, precisó.

“Las obras de infraestructura como las que el Gobierno ha encarado –añadió-, no pueden ser construidas con la mezquindad habitual de las obras públicas. Debemos entender de una vez por todas que resulta mucho más caro arreglar errores que construir correctamente”, destacó el especialista.

La Constitución Nacional, en su artículo 41, garantiza a todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes y futuras. También impuso el deber de preservarlo.

En tanto, la propia Constitución de Corrientes, amplia las obligaciones constitucionales de los mandatarios provinciales y faculta a los ciudadanos a participar en el proceso de la toma de decisiones sobre el ambiente. En base a esta norma es que el especialista presentó el pedido de acceso a la información.

Harvey recordó la condena dictada por la justicia correntina, en sus tres instancias que mandó destruir el terraplén de Yahaveré, “por afectar al flujo del escurrimiento de las aguas en el Estero Gallo Sapucay, parte integrante de la Reserva Natural Iberá”

“Anhelo que esta oportunidad no se nos escape como agua entre los dedos, esa misma agua que a su vez impedimos escurrir con nuestra inoperancia”, sentenció. (TELAM)