martes, abril 16, 2024

Locales

Queridos amigos:

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Por Antonio Elio Brailovsky

Cuando escribo esto, Buenos Aires está rodeado desde hace una semana por una densa humareda originada en la quema de pastizales del Delta del Paraná y que ha alterado la vida cotidiana de millones de personas.

La mayor parte de los responsables son propietarios de campos que adoptaron un método drástico para eliminar la vegetación y acelerar su puesta en producción.

El evento ha provocado el cierre de varias rutas, dejó sin operar a tres puertos, dos aeropuertos y la terminal de ómnibus de la Ciudad de Buenos Aires. Ha habido importantes accidentes en las rutas, con varios muertos y heridos.

Es claramente el peor caso de contaminación del aire en toda su historia.

Quiero expresarles mi desconcierto ante la falta de prevención y respuesta por parte de quienes deberían haberle hecho frente con responsabilidad y que, en vez de eso, basaron su estrategia en la esperanza de un cambio en la dirección del viento.

Veamos los hechos:

Los incendios hay que apagarlos apenas aparecen

Al mediodía del 17  de abril, uno de los directivos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) informó al canal de televisión TN que había campos que se estaban quemando “desde hace 21 días”. Cuando habló, ya había 300 focos de incendio y se estaban quemando 70 mil hectáreas.

En una recorrida por cualquier Parque Nacional podemos ver carteles que indican el riesgo de incendio según la humedad y el estado de la vegetación. ¿Aquí no había nadie pensando que cuando hay una sequía prolongada algo se puede quemar?

En ese momento, la noticia era que los aviones hidrantes no podían actuar para apagar el fuego, debido a la densa humareda.

Sucede que tenemos un Plan Nacional de Manejo del Fuego, debido a los incendios de bosques y de campos de años anteriores y que está diseñado para responder en cuestión de horas. ¿Por qué no actuaron los hidrantes 21 días atrás? ¿No estaban en condiciones de actuar o alguien consideró que no era necesario movilizarlos? Cualquier persona sabe que a los incendios hay que agarrarlos de chiquitos y que si nos tomamos 21 días para decidir apagarlos, se van a volver inmanejables. Que fue precisamente lo que ocurrió.

Está claro que cuando se produce un incendio, hay que apagarlo cuanto antes. Si el propietario del campo lo hizo deliberadamente, habrá que cobrarle los gastos de apagarlo y llevarlo a juicio.

¿Lo que hicieron es un delito?

Sugiero ver el Código Penal de la República Argentina, donde hay una figura delictiva llamada “estrago culposo”. Es decir, cuando alguien produce un desastre sin querer, por impericia o por negligencia.

¿Va actuar la justicia, o lo trataremos como un simple fenómeno meteorológico, que no fue culpa de nadie?

En las rutas, la seguridad es más importante que el cobro del peaje

También cualquier persona sabe que si no hay visibilidad en las rutas, se producen accidentes. Sin embargo, fue necesario un espectacular choque en cadena, en el que siniestraron más de 40 vehículos, con varios muertos, para que se decidiera cortar la ruta 9. En los días subsiguientes, cada vez que alguien decidía reabrir la ruta, morían algunas personas y se la volvía a cerrar.

El humo actuó sobre una atmósfera ya saturada.

La contaminación afectó duramente el Área Metropolitana de Buenos Aires, porque allí ya hay tantos contaminantes en suspensión, que la atmósfera no puede diluirlos.

En Santiago de Chile o Ciudad de México, ante una situación equivalente, las autoridades declaran la emergencia ambiental. En esa situación, se prohíbe la circulación de los automóviles particulares para que no agreguen más gases a la atmósfera y sólo se puede circular en transporte colectivo.

Una emergencia de contaminación es una emergencia sanitaria.

Ante un evento así, hay que redoblar las guardias que atienden enfermedades respiratorias en hospitales y clínicas privadas. Y, por supuesto, el informe que después se haga (¿se hará? ¿se publicará?) tendrá que consignar si hubo un aumento de la cantidad de enfermedades y muertes en estos días por dolencias respiratorias.

Una situación así tendría que reforzar las estrategias de prevención.

Sin embargo, parece ocurrir lo contrario. En plena crisis, la Secretaría de Energía decidió suspender la aplicación de las normas ambientales para el fuel oil que se usa en las usinas térmicas. Esta decisión tiene nombre y apellido: se trata de facilitar el uso de un combustible de origen venezolano, de baja calidad y que por eso es difícil colocarlo en otros mercados. Viene con un alto contenido de azufre, y las normas prohíben que se use.

Si se quema fuel oil con azufre, después llueve ácido sulfúrico. Es decir, lluvia ácida, un fenómeno históricamente desconocido en Buenos Aires.

Sería bueno que la experiencia sirviera para algo. Si hemos provocado la humareda, sería bueno que aprendiéramos a no causar la lluvia ácida.

En esta entrega ustedes reciben:

§       Una noticia periodística que anuncia la suspensión de las normas ambientales en el momento en que se las necesita.

§       La obra de arte que acompaña esta entrega es un detalle del cuadro “Incendio Forestal”, del italiano Piero di Cosimo, en el que se ve el espanto de los animales ante tanta irracionalidad.

Un gran abrazo a todos.

Una resolución a medida de las compras de combustible a PDVSA

Postergan norma ambiental para favorecer al fuel oil de Venezuela

Se intenta de esta manera suplir la falta de gas para las centrales térmicas.

Por:  Antonio Rossi

El Gobierno postergó la aplicación de nuevas especificaciones ambientales que se habían fijado para el uso de fuel oil y que amenazaban con dejar fuera de circulación al combustible que provee PDVSA para las centrales térmicas.

Por la resolución 150, la Secretaría de Energía decidió que hasta nuevo aviso seguirá vigente el actual nivel máximo de azufre en el fuel oil de 10.000 partes por millón (mg/kg) en peso.

En septiembre de 2006, Energía había determinado las nuevas especificaciones técnicas y ambientales que debían cumplir los combustibles que se comercialicen en el mercado interno. Entre otros parámetros, dicha norma estableció para el fuel oil que el máximo de azufre permitido desde junio de 2008 debía ser de 7.000 partes por millón en peso.

A menos de dos meses de la entrada en vigencia de ese cambio que apuntaba a reducir los niveles de contaminación, el Gobierno lo dejó sin efecto y autorizó que se continúe utilizando un fuel oil más pesado.

De acuerdo con lo señalado a Clarín por varios generadores y especialistas del sector, la nueva norma que posterga la mejora del combustible en materia ambiental tendría como beneficiario directo a PDVSA, porque el fuel oil que está enviando al país es de mediana y baja calidad.

Según la resolución oficial, la modificación se basa en que «la necesidad de importar fuel oil vuelve conveniente ajustar las especificaciones a la calidad internacionalmente más comercializada, teniendo en cuenta que las usinas tienen controlado el máximo de emisión de dióxido de azufre en los gases emitidos por las chimeneas».

Para suplir la falta de gas de las centrales térmicas, desde hace cuatro años la administración kirchnerista importa en forma directa desde Venezuela grandes cantidades de fuel oil y gasoil.

En 2007 se importaron casi 928.000 tn de fuel oil que implicaron para el Estado un desembolso superior a los u$s 400 millones. Para este año, las compras se incrementarán, como mínimo un 20%, y la factura a pagar crecerá hasta los u$s 600 millones.