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Gobernadora Fabiana Ríos (ARI)

El decreto de la gobernadora de Tierra del Fuego Fabiana Ríos que pone en vigencia un nuevo marco legal para la distribución y contratación de pautas publicitarias del Estado, significa un paso adelante en la lucha que el Sindicato de Prensa de Río Grande viene llevando adelante para lograr un criterio de distribución transparente y equitativo de estos recursos estatales.

Del decreto provincial 183/08, vigente desde el pasado 8 de febrero, resulta de particular interés para los trabajadores de prensa saber que las empresas periodísticas, además de los trámites habituales, deberán cumplir con la presentación de la declaración jurada de cumplimiento de relaciones laborales -en virtud de lo dispuesto por el Artículo 64° de la Ley 12908 (Estatuto del Periodista Profesional) – visada por el Ministerio de Trabajo.

Este punto resulta particularmente sensible ya que, tanto en Tierra del Fuego como en Chaco y Corrientes a partir del año pasado, la adhesión por Ley Provincial al artículo 64º del Estatuto del Periodista Profesional contribuyó significativamente a combatir el “trabajo en negro”.

Se estima que el instrumento legal, que en sus considerandos define a la información como “un bien público” cuya “posesión, producción, distribución y difusión, constituye un Derecho Humano”, permitirá a la Administración Provincial distribuir los dineros públicos –destinados a la publicidad de los actos de Gobierno- en un marco de claridad y transparencia.

En los considerandos del decreto también se menciona a la Comisión de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando indica que “No existe un derecho intrínseco a recibir recursos del Estado por publicidad. Sólo cuando el Estado asigna estos recursos en forma discriminatoria, se viola el derecho fundamental a la libre expresión. Un Estado  podría negarle a todos los medios de comunicación, pero no puede negarle ese ingreso sólo a algunos medios con base en criterios discriminatorios”.

La FATPREN destaca y acompaña todos los esfuerzos que se realizan en distintos puntos del país para transparentar, tanto la distribución de la publicidad oficial como el acceso a la información pública, de los periodistas o de cualquier ciudadano.