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Por: Fernando ‘Pino’ Solanas

Hoy como ayer, uno de los bienes más genuinos del que disponen los pueblos para su desarrollo, son los recursos naturales de sus territorios, que forman parte del capital de toda la sociedad. Desde la conquista, esas riquezas fueron sustraídas por los ocupantes y, salvo raras excepciones, siguen en manos extranjeras.


El llamado ´boom minero argentino´ que atrae a las multinacionales del sector, anunciando grandes beneficios para el país, es una operación que desinforma y encubre el silencioso saqueo de recursos metalíferos no renovables, permitiendo sistemas extractivos depredadores y contaminantes, que están siendo denunciados en todo el mundo. La nueva ´fiebre del oro´ se inició durante la década de Carlos Menem y se ha mantenido y profundizado hasta hoy con los sucesivos gobiernos, creándose incluso una suerte de tercer territorio en la Cordillera de los Andes mediante el ‘Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chileno’ de 1997.

Pueden sorprender estas afirmaciones; pero el tema de la explotación minera y la legislación que la ampara, no han estado presentes en el debate político y menos aún en los medios de comunicación. Es raro encontrar un ciudadano -periodista, profesor, magistrado o dirigente- que sepa que Argentina es el sexto potencial minero del planeta o que guarda en sus sierras, mesetas y cordilleras, depósitos detectados de oro, cobre, plata, plomo, molibdeno, zinc, estaño, litio, potasio, níquel, cobalto, uranio y decenas de metales poco conocidos pero de valor estratégico, que se estiman en la suma de 170.000 millones de dólares. La Secretaría de Minería de la Nación (S.M.N.) sostiene: ‘La oportunidad que presenta el potencial geológico de la Argentina radica en que el 75% de la áreas atractivas para la minería permanecen sin explotar. La totalidad de los prospectos, yacimientos y depósitos fueron ubicados y puestos a disposición de la actividad privada a comienzos de la década del 90, como resultado de varios años de trabajo prospectivo del Estado’ (1).

Lo escandaloso del caso argentino es que la legislación vigente evidencia una clara servidumbre colonial. Establece que la propiedad de las reservas mineras es de los estados provinciales pero les prohíbe explotarlas: están obligados a cederlas a las empresas privadas, transfiriéndoles las investigaciones geológicas y los descubrimientos realizados por el Estado. Si a esto se suma la falta de control público sobre los minerales que exportan, las excepcionales desgravaciones impositivas, las bajísimas regalías o los subsidios otorgados, no sería exagerado afirmar que el despojo colonial del cerro de Potosí difiere poco en su esencia del que hoy practica la mentada ´gran minería´ en nuestro país. Contrariamente a lo que se hace creer, el oro, la plata, el cobre y sesenta metales más, se van al extranjero sin pagar nada, dejándonos pobreza, corrupción, comunidades divididas por la asociación o resistencia a la corporación minera, y una gravísima contaminación ambiental. Sin embargo, tales consecuencias han atravesado el Congreso Nacional, la Justicia, los organismos del Estado y se mantienen en el gobierno de Néstor Kirchner sin haber provocado reacción alguna por parte de las dirigencias políticas (2).

Las leyes de Menem y el plan de las corporaciones

El 29 de marzo de 2006, en una entrevista que me concediera el Ing. Jorge Mayoral, Secretario de Minería de la Nación, él afirmaba: ‘Estamos inmersos en un fantástico boom prospectivo y exploratorio que nos hace formar parte del club de los países privilegiados del mundo. Decimos que Argentina se constituye en un ´top-ten´ en materia de afincamiento del negocio de riesgo y de la inversión para estos tiempos en el mundo.’ El llamado ´boom minero´ tiene su origen en las leyes de entrega de los recursos naturales que iniciara el gobierno de Carlos Menem en los años noventa y en la ley Nº 23.698/89 de Reforma del Estado. No era otra de sus perversas iniciativas, sino la ejecución de planes nacidos en los centros del poder económico, el Banco Mundial y las grandes corporaciones americanas, canadienses, británicas y australianas -entre otras- para apropiarse de nuestros recursos metalíferos frente a una demanda internacional incrementada por el crecimiento de China e India y las necesidades del emporio militar norteamericano. No es casual que en la misma década, la globalización promoviera leyes mineras semejantes en alrededor de 70 países donde desembarcaron las transnacionales para apropiarse de sus metales. La búsqueda de nuevos ‘Eldorado’ se multiplicó ante la constante depreciación del dólar. El Banco Mundial estuvo detrás de los nuevos marcos jurídicos, e inclusive, participando como socio minoritario en numerosos emprendimientos de la gran minería a través de su Corporación Financiera Internacional.

En Argentina, se les abrió las puertas con la Reforma de la Constitución de 1994, que otorgó a las provincias la propiedad de todos los recursos del subsuelo: ‘Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio’ (Art. 124). Una reforma que, de hecho, invitaba a la balcanización del poder nacional frente a las transnacionales y legalizaba la privatización petrolera de 1989, que terminó con 82 años de política de Estado. Desde el presidente Figueroa Alcorta hasta Menem, los hidrocarburos fueron propiedad de la Nación para beneficio del conjunto de la población. Por el contrario, la nueva normativa los entrega a las 10 provincias que tienen petróleo, dejando afuera las 14 restantes donde reside el 85% de los habitantes del país. Una medida injusta porque desde el descubrimiento del petróleo, en 1907, los porteños, bonaerenses, cordobeses, santafecinos, entrerrianos, correntinos, misioneros, tucumanos o santiagueños, aportaron durante más de 80 años al financiamiento y desarrollo de la industria hidrocarburífera nacional.

En Chile fueron más frontales: legislaron contra su Constitución que plantea: ‘El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas’. Al final de la dictadura promulgaron una ley que permitía entregar las minas en propiedad privada y a perpetuidad. Lejos de derogarla, los gobiernos ´progresistas´ de la Concertaciónle sumarían facilidades que culminaron con el Tratado de Libre Comercio firmado con EEUU por el presidente Ricardo Lagos y la nueva privatización del cobre. Las empresas estatales que desde su nacionalización tenían casi el 100% de la producción, se convirtieron en productores minoritarios con poco más del 30%: la mayoría del cobre y la minería chilena, es hoy de las corporaciones norteamericanas (3).

La estructura legal impulsada por las corporaciones mineras en la Argentina durante los años noventa, consiste en un escandaloso paquete de leyes que transfiere totalmente el riesgo al Estado y lo obliga a darles a las multinacionales estabilidad fiscal por 30 años, asegurándoles beneficios excepcionales. Estas leyes están vigentes y son la Ley de Inversiones Mineras Nº 24.196/93 y su modificación Nº 25.161/99; Ley de Reorganización Minera Nº 24.224/93; Ley de Acuerdo Federal Minero Nº 24.228/93; Régimen de Financiamiento del IVA, Ley Nº 24.402/94; Ley de Modernización Minera y Modificación del Código de Minería Nº 24.498/95; Ley de Protección Ambiental Nº 24.585/95, y Ley de Actualización de Inversiones Mineras Nº 25.429/01. Era Secretario de Minería de la Nación Angel Maza -gobernador de La Rioja hasta hace poco- y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados el ultra-menemista José Luis Gioja, hoy fervoroso kirchnerista y gobernador de San Juan. El ascendente poder de Gioja, que logró colocar en la Secretaría de Minería de la Nación a su co-provinciano Jorge Mayoral, no es casual: en San Juan se instaló la mayor empresa de oro y cobre del mundo, la norteamericana- canadiense Barrick Gold Corporation, que ya puso en marcha en los Andes sanjuaninos los mayores yacimientos auríferos del país: Veladero y Pascua Lama.

Notas:

1) Folleto ‘Diez Razones para Invertir en Minería Argentina’. Secretaría de Minería de la Nación-SMN- p 6.

2) Estas notas están basadas en informaciones oficiales, artículos publicados en la prensa nacional y testimonios grabados a especialistas, trabajadores y vecinos de las poblaciones aledañas a las minas.

3) El gobierno de Salvador Allende nacionalizó el cobre el 11/7/ 1971: ‘Hoy es el día de la dignidad nacional y la solidaridad. Es el día de la dignidad porque Chile rompe con el pasado, se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica’.

Tratado argentino chileno

El ‘Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chileno’ firmado por los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Frei (29/12/97) y promovido en los dos países por la Barrick Gold, es el hecho más grave del proceso de enajenación de nuestra minería. Su administración se autonomiza de los dos Estados por cuarenta años, creando una suerte de tercer territorio o país. Ante esto, el ‘Manifiesto del Cobre'(9) firmado por numerosas personalidades chilenas, denuncia: ‘Este tratado es un fenómeno inédito en la historia contemporánea. Es el inicio de una gran transformación de la organización territorial del mundo que se superpone a los países y que se corresponde a la globalización actual de la economía mundial. Constituye un paso adicional en el dominio universal del capital sobre la sociedad y sobre la naturaleza. En perspectiva, es la expropiación más grave de las riquezas básicas de nuestro país en toda su historia mundial contemporánea y el despojo a nuestro pueblo más desconocido por la ciudadanía en su conjunto’.

Este tratado no fue el primero firmado con Chile sobre recursos mineros: lo antecedieron el Protocolo de 1993 sobre facilitación de trabajo aéreo para la exploración; el Acuerdo de Complementación Económica; el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (1991); Fundamentos de un Tratado de Integración y Complementación Minera (1996); y el Memorándum de Integración Física y Facilitación Fronteriza.

La desmesura del tratado es tal que abarca de norte a sur la cordillera de los Andes y todo el oeste de nuestro país, lindante con Chile. No contiene cláusula alguna que preserve la integridad y la ecología de los parques y reservas naturales, sean provinciales o nacionales.Entre las reservas y parques que entran en el tratado se encuentran: la Reserva Biosfera San Guillermo e Ischigualasto (San Juan) y Talampaya (La Rioja); los parques nacionales Laguna Blanca y Lanín (Neuquén), Nahuel Huapi (Río Negro), Lago Puelo y Los Alerces (Chubut), Perito Moreno (Norte de Santa Cruz); termas Fiambalá (Catamarca), Pismanta (San Juan), y Caviavue (Neuquén); embalses los Nihuiles I, II y III y Valle Grande sobre el río Atuel, Los Reyunos sobre el río Diamante, Agua del Toro, El Sonseado y Copahue, todos en Mendoza.

El convenio binacional cede nuestra soberanía al crear una franja en la frontera con Chile en las altas cumbres de los Andes, que no es ni chilena ni argentina: es el tercer territorio de las transnacionales. A ellas les hemos delegado facultades extraordinarias para perforar y mover cerros, eliminarlos, cambiar o contaminar cauces de agua, alterar ecosistemas. El tratado permite a los inversionistas la exploración y explotación de los recursos mineros existentes y su uso sin ningún tipo de restricción, aplicando el principio de trato nacional y otorgando facilidades fronterizas sin restricciones para el tránsito entre Argentina y Chile. Desde San Juan, un túnel de siete kilómetros perforado en las altas cumbres de Los Andes hacia Chile, llevará oro, plata y cobre rumbo a los puertos del Pacífico.

El desembarco de las corporaciones

Nuestro país presenta un régimen fiscal para el sector minero que es de casi 20 % menos que la que rige en las principales regiones mineras de Canadá y Australia. El Minning Journal, de Londres, ubica a la Argentina en el segundo puesto del ranking mundial en oportunidades de inversión. Los enormes beneficios otorgados a las compañías mineras permitieron el desembarco en masa de las mayores corporaciones: Barrick, Homedstake, BHP, MIM, Billiton, Río Tinto, Bajo la Alumbrera, y otras. Las exploraciones pasaron de 135.000 metros perforados en el 2002 a 400.000 en el 2005: ‘Una sola explotación minera -el potasio de Río Colorado, en Mendoza- significa una inversión total de 735 millones de dólares. Cuando se ponga en marcha a pleno en 2009, Argentina pasará a convertirse en el primer productor de América Latina y el quinto a nivel mundial de un fertilizante imprescindible…(…).Sólo por las regalías, Mendoza recibiría 12 millones de dólares y el valor de las exportaciones llagarán a 400 millones….(..)..’Ya se invierten 4.000 millones de dólares en ‘las 7 grandes’: Huevos Verdes y Manantial (Santa Cruz), Gualcamayo, Casposo y Pascua-Lama (San Juan), Agua Rica (Catamarca) y Pirquitas (Jujuy) y se sumarán a otros nombres como Veladero (San Juan) El Pachón, Cerro Vanguardia (Santa Cruz) y La Alumbrera… (…).’ (10)

Sin duda, en minería se ha producido un fuerte flujo de inversiones extranjeras pero los montos anunciados son apenas una referencia, ya que el Estado no hace un seguimiento serio de tales inversiones. En nuestro país, la llegada y salida de los capitales extranjeros rara vez fueron controlados por las autoridades. Desde el empréstito estafa de la Baring Brothers firmado por Rivadavia en 1822, las inversiones y créditos extranjeros siguen siendo uno de los mitos recurrentes del país. Hace varias décadas, en sus investigaciones sobre los ferrocarriles, Raúl Scalabrini Ortiz probó que las cuantiosas inversiones inglesas en los trenes eran falsas: ‘Los ferrocarriles ingleses hicieron su capital con el esfuerzo de los argentinos (…) Carlos Marx afirma que el capital se forma con la plus-valía que el patrón sustrae al obrero. La investigación minuciosa, casi peso a peso, me convenció de que, entre nosotros, la plus- valía la puso el usuario y el capital original, el gobierno argentino (11)’ Demuestra así cómo los trenes fueron financiados y construidos por el gobierno nacional o las provincias y cedidos gratis a los tenedores de empréstitos y financistas ingleses. Pero en la memoria colectiva aún subsiste que los hicieron ellos.

Recordemos que en el 2001 fugaron del país 26.000 millones de dólares sin que ninguna institución -AFIP, AFILCO, BCRA- legislador o funcionario, lo denunciara penalmente como exige la ley (12). Los pocos organismos de control existentes en el Ministerio de Economía y el Banco Central, fueron desmontados en los años noventa. En el país rara vez se hizo el monitoreo de una inversión mientras que en países como Canadá o Noruega lo hacen cada tres meses. En general, las inversiones extranjeras se escondieron detrás de operaciones publicitarias y fueron menores que las anunciadas. Es el caso de las petroleras vimos con frecuente en los diarios avisos a página entera que anuncian inversiones de 4.000, 6000, 9.000 millones de dólares: su falta de cumplimiento llevó al país a la crisis actual. Por no invertir en nuevos pozos, las reservas que teníamos de hidrocarburos -35 años en petróleo y 16 en gas- calculadas al momento de la privatización, hoy descendieron a 9 y 7 años. En el caso de la minería, las empresas están interesadas en declarar mayores inversiones que las reales porque pueden deducirlas en un 100% del impuesto a las ganancias. En estos años neoliberales ¿cuándo la AFIP o el BCRA auditaron a las corporaciones y sus balances? La realidad es que las empresas se llevan lo que quieren amparadas en la Ley de Inversiones Extranjeras (Ley Nº 21.382/93) y los Tratados de Promoción y Protección de las Inversiones Extranjeras que tienen el valor de tratados internacionales.

Notas:

9) El ‘Manifiesto del Cobre’ (Santiago: 11/7/2001) fue elaborado por los especialistas chilenos Orlando Caputo Leiva, Juan Rodrigón Araya y Graciela Galarce Villavicencio en el ‘Centro de Estudios sobre Transnacionalización, Economía y Sociedad ‘(CETES).

10) Oscar Martínez. -Clarín 18/2/7

11) ‘Bases para la Reconstrucción Nacional’, p. 93/94. Raúl Scalabrini Ortiz

12) El ‘MORENO.’ presentó el 6/11/06 una denuncia penal contra las petroleras Esso, Shell, Repsol y Pecom por defraudación agravada y contra legisladores y funcionarios de AFIP, AFILCO, BCRA por no haberla denunciado penalmente.

               

               

 

 

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