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El Supremo Tribunal Federal determinó hoy que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva permanezca preso en Curitiba con lo cual dejó sin efecto la decisión de una jueza de primera instancia, que había ordenado su traslado a San Pablo.

El Plenario del Supremo Tribunal Federal decidió por 10 votos a uno que el exmandatario, preso por corrupción, continúe arrestado en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba.

Allí fue ingresado el 7 de abril de 2018. La jueza federal de primera instancia Carolina Lebbos, de la 12da. Sala de Curitiba, estado de Paraná, había ordenado horas antes que el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) sea enviado a un presidio de San Pablo, que es el estado donde el político tiene domicilio legal.

Poco después un magistrado paulista determinó que el exgobernante de 73 años sea trasladado al presidio Tremembé II, en el interior de San Pablo. Eso también quedó sin efecto.

La defensa del preso apeló la medida y el presidente del Supremo Tribunal Federal, juez Antonio Dias Toffoli, anunció este mismo miércoles podía decidir sobre el particular.

Lula, líder del PT, de izquierda, fue condenado por corrupción y lavado de dinero por haber recibido un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá, litoral de San Pablo, como forma de soborno en el marco de la causa Lava Jato.

Esa sentencia de primera instancia del exjuez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, fue ratificada en las segunda y tercera instancias federales.

También fue condenado, hasta ahora sólo en primera instancia, por la refacción de una casa de fin de semana en la ciudad de Atibaia, también con dinero ilegal de empresas constructora.

La jueza Lebbos ordenó su traslado haciendo lugar a una demanda de la Policía Federal que alegó falta de estructura para mantener alojado a un expresidente y planteó la inseguridad que causan los habituales actos políticos realizados por activistas.

Vecinos del entorno de la Supertintendencia de la Policía Federal aprobaron la mudanza de Lula, mientras activistas del Partido de los Trabajadores y los campesinos Sin Tierra realizaba un acto para pedir que el exmandatario no sea enviado a San Pablo.

El abogado Cristiano Zanin Martins, defensor del preso, sostuvo que en la cárcel de Tremembé es inapropiada para alojarlo y considero que su seguridad sería «vulnerable» dado que tendrá que compartir el comedor y el patio con presos comunes. El hecho desató una polémica entre políticos de diverso signo partidario.

El gobernador de San Pablo Joao Doria, del Partido de la Socialdemocracia (PSDB), de centro, dijo que Lula será tratado como todo preso y agregó, a través de las redes sociales, que Lula «podrá hacer algo que jamás hizo en la vida, que es trabajar».

En cambio la presidenta del izquierdista PT, Gleisi Hoffmann, consideró que la decisión de la jueza de Curitiba fue «extemporánea» y demandó que «sean garantizados los derechos» del exgobernante.

El titular de Diputados Rodrigo Maia, del conservador Partido Demócratas, se solidarizó con Lula y encabezó una delegación de unos 70 congresistas que se reunieron con el titular del Supremo Dias Toffoli. Finalmente, Lula seguirá donde estaba. (ANSA).

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