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El gobierno de Donald Trump decidió avanzar para permitir juicios en los tribunales de los Estados Unidos contra cualquier compañía o entidad que haga negocios en Cuba usando propiedades incautadas por la revolución de 1959, anunció hoy el secretario de Estado Mike Pompeo.

El objetivo de la medida es ahogar la inversión extranjera en Cuba, echando por tierra la apertura realizada por el ex presidente Barack Obama en la isla, además de un esfuerzo para castigar a La Habana por su apoyo al presidente Nicolás Maduro en Venezuela.

«Lamentablemente, la exportación más destacada de Cuba en estos días no son los cigarros ni el ron, sino la opresión», afirmó Pompeo. «La distensión con el régimen ha fracasado».

«Acostarse con los dictadores cubanos siempre será una marca negra en el largo historial de esta gran Nación en la defensa de los Derechos Humanos», continuó el secretario de Estado en referencia al gobierno de Obama.

Las demandas pueden comenzar a partir del 2 de mayo próximo.

Pompeo señaló que ahora se permitirán las demandas contra cualquier empresa o entidad, sin exenciones, incluso para las compañías estadounidenses. La Unión Europea (UE) emitió un comunicado la semana pasada para instar al gobierno a no avanzar con la medida, amenazando con llevar a cabo juicios contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y permitir que se presenten demandas en los tribunales europeos.

«Las compañías europeas que operan en Cuba no tendrán nada de qué preocuparse si no están operando en propiedades que fueron robadas a los estadounidenses después de la revolución», aseguró a la prensa la secretaria adjunta para el hemisferio occidental, Kimberly Breier.

Estados Unidos certificó 6.000 reclamos de estadounidenses por bienes confiscados por el régimen de Fidel Castro que tenían un valor total de 2.000 millones de dólares en el momento de su confiscación, según la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia. Una estimación de 1996 encontró que podría haber hasta 200.000 reclamos más que no han sido certificadas.

«Esto no castiga al gobierno cubano; los libera», aseguró James Williams, presidente de Engage Cuba, coalición de empresas privadas y organizaciones que cabildea para el fin del embargo estadounidense en Cuba. «Esta decisión castiga al pueblo cubano y a las compañías estadounidenses, compañías que recibieron el permiso del gobierno de los Estados Unidos para hacer negocios», agregó.

Se espera que el asesor de seguridad nacional, John Bolton, anuncie nuevas sanciones contra Cuba durante un discurso ante la Asociación de Veteranos de la Bahía de Cochinos en Miami para conmemorar el 58 aniversario de los esfuerzos fallidos para derrocar al gobierno de Fidel Castro. (ANSA).

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