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Envió al Congreso documentación que revela espionaje ilegal a políticos y periodistas. Los testimonios y pruebas que comprometen a Arribas y Majdalani.

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla envió al Congreso un explosivo oficio en el que detalla la investigación que salpica al fiscal Carlos Stornelli y reveló que la trama de espionaje ilegal a periodistas y políticos llega hasta la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En un oficio -al que accedió LPO- que remitió a la comisión bicameral de inteligencia que conduce el radical Juan Carlos Marino, el magistrado sostiene que «existen numerosos elementos de prueba» acerca de la «realización de actividades de espionaje ilegal por parte de Marcelo D’Alessio», a quien define como posible agente de la DEA u otra agencia estadounidense que actuaba en «connivencia con agentes y/o ex agentes orgánicos o inorgánicos de la AFI».

Ramos Padilla informa a los legisladores que durante la pesquisa a D’Alessio se hallaron «informes de inteligencia, de contrainteligencia y de acciones de campo relacionados con dirigentes políticos, periodistas, personas públicas», lo que revela la «existencia de espionaje ilegal en la Argentina».

Lo que revela el informe del juez es que la causa por la extorsión al empresario Pedro Etchebest destapó una enorme trama de espionaje ilegal a políticos, periodistas y empresarios que salpica directamente a Comodoro Py y la AFI.

«Se ha hallado material fílmico y fotográfico de las operaciones que habría realizado (D’Alessio), así como documentación con datos sensibles y de la intimidad de las personas investigadas, tales como listados de llamadas entrantes y salientes, informes migratorios, domicilios, historial laboral y financiero y recolección de datos personales diversos», detalla el juez, que agrega que el falso abogado tenía informes con membretes de la AFI, de la Embajada de EEUU y del Ministerio de Defensa de Israel

En su informe (que llegó al Congreso acompañado por voluminosos anexos con grabaciones, copias de legajos y escuchas, según adelantó Hernán Cappiello en La Nación), Ramos Padilla involucra directamente a la actual conducción de la AFI con las tareas de espionaje y extorsión que presuntamente llevaba adelante D’Alessio, quien admitió vínculos con personal de la ex Side a los que les enviaba sus «reportes».

El juez hace hincapié en que, al momento de ser allanado, D’alessio espontáneamente dijo que debía comunicarse con Gustavo Arribas o la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich». Señaló además que «poseía información cuya difusión podía resultar violatoria de la Ley Nacional de Inteligencia o poner en peligro la seguridad nacional», lo que ratificó en la indagatoria.

Además, D’Alessio reconoció «haber efectuado la operación de Pedro Etchebest por mandato de agentes de la AFI». El juez cita textual al falso abogado que menciona a «un alto directivo de la AFI», que es el ex comisario bonaerense Ricardo Bogoliuk, que también fue detenido por esta causa junto a su ex colega Aníbal Degastaldi.

D’Alessio también haber enviado informes a Bogoliuk (y otra persona que menciona como R.B.) «sobre la ideología política de periodistas, entre otros; registros fílmicos y fotográficos, legajos de información identificatoria de objetivos -domicilios, teléfonos y datos personales-, casi todos de renombre público». El juez ya había reclamado información a la AFI sobre el vínculo con Bogoliuk y Degastaldi.

Una de estas «operaciones» de D’Alessio involucra a los integrantes del programa Animales Sueltos, por lo que el juez citó a declarar como testigos al conductor Alejandro Fantino y a la periodista Romina Manguel, que podrían haber sido víctimas de operaciones de inteligencia.

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