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El diputado Guillermo Castello propuso, a través de un proyecto de ley, la quita de asignaciones sociales estatales a las personas que comentan delitos en manifestaciones públicas.

El legislador presentó un proyecto de ley para suspender el otorgamiento de planes sociales a personas o agrupaciones que durante las marchas corten la circulación de vehículos o dañen el espacio público.

La iniciativa también contempla sanciones como apercibimiento, multa y hasta el retiro de la personería jurídica para las agrupaciones que realicen este tipo de acción.

Lo que se busca es que esa sanción sea aplicable “desde el inicio de las actuaciones, en el caso de las contravenciones, o a partir de la citación a la declaración prevista en el artículo 308 del Código de Procedimientos Penal, en el caso de los delitos”.

El proyecto destaca que la situación puede revertirse si la persona u organización involucrada indemniza a las víctimas o repara los daños ocasionados.

“Yo creo en el derecho de protesta, pero debe ser pacífica y debe terminar cuando comienza el derecho de los ciudadanos a transitar libremente”, resumió Castello.

Por último, puntualiza que las solicitudes de beneficios estatales de cualquier naturaleza y el pago de los que ya hubieran sido acordados serán denegadas si el solicitante se encontrara en algunas de las situaciones contempladas en la normativa.

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