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El Tribunal Oral Federal Nº2 rechazó el planteo de suspender el inicio del debate formulado por la defensa de la ex presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y, en consecuencia, el 26 de febrero comenzará el juicio en la causa por fraude en la obra pública de Santa Cruz.

Los jueces explicaron que las medidas de instrucción suplementaria fueron debidamente reiteradas y se encuentran en plena ejecución.

Asimismo, señalaron que “para el momento en que se incorpore la prueba pericial referida estará comenzando la etapa de producción de prueba, por lo que el ejercicio del derecho de defensa y el pleno contradictorio se encontrarán ampliamente resguardados en tanto los peritos intervinientes concurrirán a declarar luego prestando su estudio técnico”.

La semana pasada, la Fiscalía General Nº1 ante los TOF dictaminó que debía rechazarse el pedido de suspensión de inicio del debate oral y solicitó al Tribunal Oral Federal Nº2 -integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Tassara- que arbitre los medios necesarios para dar cumplimiento, con la mayor celeridad posible, a las medidas de prueba que se encuentran pendientes y poder comenzar el juicio en la fecha prevista.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner había solicitado al Tribunal que dejase sin efecto la resolución que fijó el 26 de febrero próximo como fecha de inicio del debate oral, argumentando que no había transcurrido el plazo mínimo de diez días hábiles -previsto en el artículo 359 del Código Procesal Penal de la Nación- entre la conclusión de la instrucción suplementaria y la fecha de inicio del juicio.

Además, agregó que aún están pendientes la realización de diversas medidas de prueba, que no lograrán ser finalizadas antes de la fecha de inicio del debate.

Sobre el planteo de incompetencia

El fiscal general Diego Luciani también se opuso al pedido de la ex presidente para que el juicio por la obra pública se realice ante la Justicia de la provincia de Santa Cruz.

El representante del MPF explicó que fueron funcionarios pertenecientes al Poder Ejecutivo Nacional, en connivencia con funcionarios provinciales y particulares, los que tomaron parte en la defraudación de las arcas y los intereses del Estado Nacional, por lo que resulta competente la justicia federal de esta ciudad. Aún el Tribunal Oral Federal Nº2 no resolvió el planteo de incompetencia.

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