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Por Horacio Castelli

La semana que pasó, en nuestro sitio dimos a conocer las declaraciones del contador Francisco Medina, en la causa por los cheques faltantes en la UPC.

Fueron declaraciones testimoniales, del único señalado, por la denuncia, como responsable de la maniobra.

Lo afirmado por Medina, que además es actualmente concejal, deja en claro que, de ser cierto, habrá que investigar varios años atrás.

Porque allí deja en claro, que esta era una maniobra habitual en la Cooperativa, y que estarían involucrados financistas locales.

A partir de la esas declaraciones el próximo 4 de enero, en plena feria judicial, lo que habla de la importancia de la causa, deberá declarar José Luis Arrate.

El conocido empresario, sería uno de los financistas que habrían cambiado regularmente cheques de socios de la usina.

Pero, de acuerdo, a informaciones extra oficiales, habría más empresarios vinculados a esta operatoria y que serían citados a declarar.

De las declaraciones de Francisco Medina, se desprende la sorpresa del denunciado, ya que otros en su misma situación no fueron despedidos.

Un contador en el año 2015, realizó la misma maniobra, existió el mismo problema, y junto a dos cajeros, fueron removidos, pero no echados.

También, de las declaraciones de Medina, se desprende los graves problemas económicos por lo que atraviesa.

Esto, sin duda, pone el foco de atención, en las maniobras a las cuáles se prestó, según el mismo lo expresa.

Denuncia a sus superiores como los autores intelectuales de la estafa, ya que recibía órdenes de los consejeros.

Incluso, en una parte de su declaración, denuncia directamente a los integrantes del Consejo de Administración.

Allí, indica que los cheques que cobran por sus actividades, en lugar de cobrarlos en la entidad bancaria, los cambian en las propias cajas de la entidad.

El grave problema que existe, es que el manejo, si se confirman los dichos de Medina, es ilegal y va contra los principios del cooperativismo.

No se puede manejar dinero de terceros, especular con los fondos que no son propios, y poner en riesgo a la institución.

Por eso, la investigación judicial, debe seguir sin prisa, pero sin pausa y aclarar los desatinos que claramente se están cometiendo.

Las autoridades, son responsables y el manejo debe ser cristalino.

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