Marcos Peña enfrentó reclamos por el uso de trolls en su informe ante la Cámara de Diputados y evitó responder las denuncias de la oposición sobre la vinculación del Gobierno con esa práctica cada vez más repudiada en la política y que en ese recinto simboliza el diputado Fernando Iglesias, que apenas entró el jefe de Gabinete se acercó presuroso a saludarlo.
El tema de manipular a la opinión pública a través de la combinación de noticias falsas y granjas de trolls es de una gravedad institucional imposible de minimizar, al punto que ya le mereció al Gobierno una condena de Amnistía Internacional y motivó este martes una reunión en el Senado con directivos de Twitter y Facebook, que intentaron despegarse de esas prácticas.
La diputada massista Graciela Camaño le presentó un informe de 80 páginas al jefe de gabinete titulado «Troll-Center Una mirada a la industria del escrache», en el que describe de una manera detallada el uso de cuentas en las redes sociales para hostigar a los dirigentes, periodistas y demás personalidades que osan cuestionar al Gobierno de Mauricio Macri.
«Cada vez que alguien critica al gobierno se convierte en víctima del troll-center. Los coordinadores definen una línea de escrache, los trolls preparan materiales y coinciden en una fecha y hora para salir todos juntos a destruir al objetivo en redes sociales», señala el documento que incluye no sólo una descripción del costo mensual, necesidades logísticas y tecnología para instrumentar los ataques troll, sino que incluso revela las conexiones de los usuarios reales más activos en Twitter en el ataque a críticos de Cambiemos, que en todos los casos están vinculados a dirigentes del oficialismo como Lilita Carrió, Patricia Bullrich, Marcos Peña y Guillermo Dietrich. En casi todos los casos estos «usuarios» cobran sueldos del Estado.
En el Frente Renovador tienen la información que, ante la exposición del sistema de escrache digital, se decidió mover los servidores a la India.
Una dinámica similar a la que quedó expuesta en la fallida defensa que hizo el propio presidente Macri de dos jóvenes emprendedores de Escobar que crearon una pizzería y que «visitó» para grabar un spot para Facebook y luego se supo que eran empleados de la SRT y además al menos uno de ellos era un agresivo usuario de Twitter que atacaba a periodistas y políticos que criticaban al Gobierno.
Entre los punteros que responden a Cambiemos para generar tendencias en Twitter, el informe menciona a Lucho Bugallo, quien «maneja operativamente la red más importante de trolls del gobierno de Cambiemos, por lo que cobra 60 mil pesos mensuales del Senado Nacional» y «responde directamente a Elisa Carrió». También menciona a Nazareno Etchepare, vinculado a la oposición venezolana y cercano al experto en campañas sucias J.J. Rendón. Cobra 60 mil pesos como asesor del Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano.
Otro de los mencionados es Carlos Correa Arias, también vinculado a la oposición venezolana, cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y escritos de libros sobre como manipular a través de las redes sociales. Cobra 60 mil pesos de la TV Pública que conduce Hernán Lombardi, que también es mencionado en el informe por las cuentas de trolls que maneja.
El troll arrepentido Marcelo Morán, que confesó públicamente la mecánica de la que hoy Cambiemos intenta despegarse, también aparece en el informe. Así como su ex pareja Mariana Torres, que también trabaja con Patricia Bullrich. Muchos de estos «motivadores» según el informe están detrás de los escraches como los que sufrieron Sergio Massa, Marcelo Tinelli, el Papa Francisco y hasta Pamela David.
En el informe también se menciona a Octavio Paulise como la persona que «se dedica a construir fakes para falsear la opinión pública con intenciones políticas». Lo hace creando cuentas que falsean la identidad de líderes de opinión como Jorge Lanata, magdalena Ruiz Guiñazú y Eduardo Van der Kooy, entre otros. Según el informe, Paulise responde al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y cobra «53 mil pesos» mensuales del Estado. Fue LPO quien reveló que Paulise en reuniones semi pública se jacta de «mover cuentas» en las redes sociales, para atacar a los que cuestionan políticas del gobierno.
Cuando LPO reveló al inicio del gobierno de Macri que el presidente había usado el helicóptero presidencial para acercar a su ministro a su country de fin de semana, sufrió un ataque durísimo de días en las redes sociales, que marcó un poco la tónica de lo que luego se convertiría en una política de Estado.
Por su parte, el diputado del FPV Juan Cabandié denunció que el gobierno pagó millones a Cambridge Analytics, la consultora acusada mundialmente de manipular datos para campañas electorales. Cabandié reveló que la vinculación de esa consultora con el gobierno de Macri se hizo a través de La Comunidad, la agencia del publicista Joaquín Mollá, colaborador durante años del propio Peña que trabajó en campañas electorales y que viene recibiendo pagos millonarios del Estado desde que Macri era jefe de gobierno porteño.
Cabandié tiene información de pagos a la agencia de Mollá -que a veces se presentaba con el sello de su controlante Sapiens Nitro-, por más de 2 millones de dólares del 2010 al 2015, a través de la Secretaría de Contenidos y Marcas del gobierno porteño que dependía de la Secretaría General que dirigía Marcos Peña. A los que se sumaron dos millones de pesos durante el 2015 en pleno período electoral.
Cabandié recordó que el propio Peña había admitido en su informe anterior en Diputados que el Gobierno había mantenido reuniones con Cambridge Analytica y volvió a preguntar por el contenido de esos encuentros. LPO habría revelado en su momento en exclusiva, los vínculos de esta polémica compañía inglesa de manipulación de la opinión pública con la campaña de Cambiemos. Se trata de una firma que en la superficie dirigía el presunto espía Alex Nix, pero que tenía como dueños reales al estratega de Trump, Steve Bannon y el millonario de ultraderecha Robert Mercer.
Pero Peña evitó responder esas preguntas, así como también esquivó las denuncias de Camaño por el uso de los trolls. No es la primera vez que el jefe de Gabinete es confrontado con esta práctica: En su anterior visita sufrió recriminaciones similares de Leopoldo Moreau.
Cabandié también hizo mención a la extinta Subsecretaría de Vínculo Ciudadano que supo encabezar Guillermo Riera y aseveró que esa área contaba con un presupuesto de 200 millones de pesos anuales y que controlaba unas 7500 cuentas de trolls. Desde el Gobierno respondieron a LPO que Riera, que dejó el Ejecutivo hace un año y medio, no contaba con ese presupuesto y que tenía a su cargo la «comunicación digital», esto es el control de las redes sociales del Gobierno y de Mauricio Macri.
Ahora esa subsecretaría no existe más, pero sus funciones fueron absorbidas por Julián Gallo, que es «Asesor de Estrategia Digital de la Presidencia de la Nación». Gallo quedó en el ojo de la tormenta en la última semana luego de que desde las redes sociales del propio Macri se utilizaran conceptos de Adolf Hitler como «veneno social» y «sociedad envilecida».
