El poder intimidatorio de los narcotraficantes mexicanos llegó a Colombia, tras la decisión de Fernando Quijano, investigador y director de la ONG Corpades, de silenciar sus denuncias sobre la presencia de tres de sus carteles en Medellín por amenazas de muerte.
«El mensaje es concreto: si me pongo en el tema de hablar de la existencia, de la presencia, del Cartel de Sinaloa, de Los Zetas y del Cartel Jalisco Nueva Generación en el espacio antioqueño mi familia será picada, por eso tomé la decisión de silenciarme, como lo está haciendo mucha gente en Medellín, en Antioquia y en Colombia», precisó Quijano.
Durante los últimos 20 años, Quijano y sus colaboradores de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) se han dedicado a la denuncia de violaciones a los derechos humanos, de los desafueros de mafiosos y paramilitares en Medellín, y de la cercanía de estructuras criminales con agentes del Estado.
La divulgación de sus investigaciones, disponibles en el sitio online wwww.analisisurbano.org, les ha costado toda clase de amenazas, incluso un plan para enlodarlos con delitos falsos por parte de testigos comprados, ante las que nunca se callaron. Pero la advertencia de cortar en pedazos a Quijano y su familia lo obligaron al silencio.
«Fue un mensaje de una persona cercana, conocida, que fue abordado y le dijeron tranquilamente que si hablo de ellos, si me pongo a decir donde están operando ahora en Medellín y en Antioquia, ellos procederán a picar a mi familia. Que con ellos no es como con los criminales de acá, que con ellos no se charla, no se juega», precisó el investigador a La FM Radio.
El aviso le llegó hace dos semanas y poco después se lo transmitió a la Fiscalía General de la Nación, la Policía y a la Unidad Nacional de Protección.
Sostuvo que pese a que cuenta con un gran «esquema de seguridad», su familia está indefensa y lo mejor es el silencio.
«Yo cuento con unos de los esquemas más grandes de seguridad, pero mi familia no lo tiene, no se puede exponer a la familia y la gente que me conoce públicamente sabe que yo no tengo pelos en la lengua (no me guardo nada, ndr), que enfrento el tema de mafias, paramilitares y todo esto, pero ante esta situación la decisión es cerrar la boca», añadió.
Desde el 2014, Quijano y Corpades vienen denunciando públicamente del aterrizaje de los carteles mexicanos en Medellín y el país, con la intención de adueñarse del negocio y sin enfrentar a las estructuras criminales conformadas por ex paramilitares y herederos de antiguos grupos mafiosos, mediante ofertas millonarias para que se les unan.
El investigador y la ONG también han develado en sus publicaciones de supuestas alianzas de altos oficiales de la policía con estructuras mafiosas locales.
«Son 20 años denunciando que terminan así: silenciado, callado, para que otros sigan torturando, desmembrando, desapareciendo, envenenando a nuestros hijos», denunció Quijano.
Y añadió: «desafortunadamente hay un sector del Estado colombiano que le sirve a los intereses de la mafia y el crimen, y contra eso y contra ellos es poco lo que se puede hacer y pelear».
Carlos Arcila, subsecretario de derechos humanos de Medellín, lamentó la decisión de Quijano, y sostuvo que las autoridades planean «medidas más agresivas que permitan garantizar la labor de los defensores de derechos».
«Rechazamos rotundamente estas estrategias de los violentos, porque no podemos permitir que se silencie la voz de estas personas que han garantizado la democracia y defendido la vida», afirmó Arcila. (ANSA).
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