JUSTICIA: Abogados de las víctimas en causas penales en Necochea

El cuerpo de Abogados de las Víctimas comenzará a actuar en las causas penales en septiembre. Son 200 letrados que trabajarán junto a los fiscales para representar a los damnificados por delitos de integridad sexual, violencia de género, lesiones graves y homicidios.

Entrará en vigor, gradualmente, en los departamentos judiciales de Lomas de Zamora, Mercedes, Trenque Lauquen, Junín, San Martín y Necochea. En principio se ocuparán de casos con penas de seis años de cárcel o más. Las víctimas que acrediten un estado de vulnerabilidad o falta de medios económicos para pagar un abogado querellante accederán al servicio gratuito, que dependerá de la Procuración.

Los abogados se ocuparán de representar el interés del damnificado en la causa penal, impulsar medidas de investigación, planificar estrategias y, por sobre todo, tener proximidad con la persona que necesita atención tras un delito.

La gobernadora María Eugenia Vidal dijo: “Tenemos un plan de seguridad. Pero una vez que hay un delito esto es para atender el día después. La idea es estar cerca de quien lo necesite”.

El procurador Julio Conte Grand informó que las nuevas dependencias funcionarán paulatinamente según las necesidades establecidas por el mapa del delito.

El ministro de Justicia Gustavo Ferrari agregó que el Poder Ejecutivo provincial seguirá acompañando a las víctimas con ayuda terapéutica y psicológica, tal como lo hace hoy, pero pasará a los asesores letrados al área de Justicia. “Es clave asegurar la asistencia jurídica garantizada por el Estado, ya que muchas veces el fiscal interviniente no logra, en la mirada de la víctima, representar cabalmente sus pretensiones y derechos.”

“Así como el acusado cuenta con un defensor oficial, a la víctima también se le debe asistencia jurídica gratuita, de manera de que sienta siquiera que ese Estado que no pudo evitar su situación por lo menos está presente para atenuar las consecuencias”, dijo Ferrari.

La provincia impulsa un plan de protección integral de los derechos de las víctimas del delito con el fin de intentar reparar la situación de especial vulnerabilidad en que se encuentran quienes han sufrido la violencia. Se suman dos proyectos de ley -de reforma del Código Procesal Penal y la ley de ejecución penal- enviado a la Legislatura para que se discuta cuál debe ser el lugar de las víctimas en los procesos penales.

La pretendida actualización del Código Procesal Penal está en manos de una comisión integrada por miembros de la Legislatura, la Procuración, la Suprema Corte de Justicia, la Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados, además de importantes juristas invitados.

Esta reforma está orientada a potenciar el rol de la víctima dentro del proceso penal y a incorporar compromisos en materia de derechos humanos y lucha contra la corrupción y la violencia de género.

Se busca que las víctimas tengan más posibilidades de acción durante todo el proceso, tanto en la etapa previa al juicio como durante la ejecución de la pena. Así podrán hacer uso de la palabra en un juicio, como contraparte de las “últimas palabras” del acusado.

Podrán opinar sobre sobreseimientos y también en relación con la aplicación del juicio abreviado y del cómputo de la pena. Además podrán hacerse oír sobre las medidas de morigeración o las salidas transitorias de quienes sean hallados culpables por los delitos perpetrados en su contra.

También con relación a la suspensión del proceso a prueba se otorga a las víctimas la posibilidad de solicitar ser informadas de las reglas de conducta aplicadas y de supervisar su cumplimiento.

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