miércoles, abril 24, 2024

Derechos humanos, Nacionales

PRESOS: Hacinamiento y superpoblación en las comisarías

Sharing is caring!

La sobrepoblación en los calabozos de las seccionales parece no encontrar solución. Los números detrás de esta problemática de larga data, que demandará fuertes inversiones en cárceles.

Hacinados. Así pasan las horas los detenidos en comisarías de la provincia de Buenos Aires. Si bien no es novedad, esta problemática regresó a la escena mediática tras conocerse la muerte de siete de los diecinueve presos que había alojados en una departamental de Pergamino.

Fue el 2 de marzo de este año, cuando se desató un incendio en la zona de calabozos de la comisaría Primera del mencionado distrito. Las llamas no sólo terminaron con la vida de los presos que se encontraban en la dependencia, sino que también pusieron tras las rejas a cinco policías, acusados de “abandono de persona seguido de muerte”.

La tragedia de Pergamino volvió a poner bajo la lupa al sistema carcelario bonaerense, uno de los más deficientes del país de muchos años a esta parte.

A pesar de estar prohibido desde 2001 por un fallo de la Suprema Corte de Justicia, el último informe arrojó que son 3.166 las personas alojadas en comisarías de las distintas jefaturas departamentales de la Provincia.

Los números surgen a partir de un relevamiento realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre la base de datos del Ministerio de Seguridad bonaerense, y demuestran una preocupante sobrepoblación.

En conjunto, todas las dependencias policiales de la Provincia tienen capacidad máxima para albergar en sus calabozos a 1.105 detenidos; es decir que, aproximadamente, hay tres presos en espacios habilitados para uno.

De acuerdo al informe del CELS, al que tuvo acceso La Tecla, es en las dependencias bajo la órbita de la Jefatura Departamental de Lanús donde se encuentra la mayor cantidad de detenidos, con un total de 393 personas; seguida por La Matanza, con 361.

A pesar de que, en general, el número de presos se vio incrementado en 185 por ciento en un año, en algunas departamentales la cifra se redujo. Por ejemplo: San Martín, que en 2016 tenía 244 detenidos en comisarías, un año después cuenta con 196; mientras que en el Conurbano norte se alojó a 167 personas el año pasado y éste se redujo a 128.

“En las cárceles no hay lugar, entonces se te acumulan en las comisarías. Hay una cadena de crisis en esto. Son muchos eslabones”, argumentaron desde el Ministerio de Seguridad ante esta problemática.

Por ello, tal como publicó La Tecla, la Provincia puso en marcha un ambicioso plan de construcción de cárceles en todo el territorio, que llevará, al menos, más de cuatro años.

“El único penal que se está construyendo para más de 400 internos es el de Campana. Durante este año, además, se van a refaccionar y reacondicionar todos los penales y unidades de Buenos Aires”, señalaron a este medio desde el Ministerio de Justicia, que conduce Gustavo Ferrari.

En esta línea, la sobrepoblación carcelaria no podrá solucionarse en lo que resta del año pero, como se dijo, es un flagelo que atraviesa a todo el sistema desde hace décadas. De todos modos, en términos generales, se ha visto un avance en los últimos tiempos.

En efecto, de 1998 a la actualidad, el peor período tuvo lugar en 2002, cuando se registró un pico en la sobrepoblación en comisarías de más de 7.500 presos. Luego, el índice se redujo considerablemente, hasta que en 2005 se dio un nuevo pico, con 6.035 detenidos.

En relación con estas estadísticas, los números registrados a comienzos de 2017 no resultan tan alarmantes, pero la gravedad del asunto sí lo es. Sólo basta observar la tragedia en Pergamino. Para avanzar en la solución de la problemática, la Provincia puso manos a la obra.

La semana pasada, la gobernadora María Eugenia Vidal traspasó obras dependientes del Ministerio de Infraestructura a la órbita del Ministerio de Justicia. Según fue publicado en el Boletín Oficial el viernes 21, son seis los trabajos que se van a realizar sobre el sistema penitenciario y judicial, que quedarán bajo el seguimiento de la cartera que conduce Gustavo Ferrari y no del ministro Roberto Gigante, como hasta entonces.