Se amplió el amparo colectivo contra Falbo por la Policía Judicial

Este martes ingresó una nueva demanda contra la procuradora general de la provincia de Buenos Aires. Es por las irregularidades en el concurso para los cargos directivos a cubrir en la futura fuerza. Recayó en el Juzgado Civil y Comercial 10 de La Plata, donde ya se ventila un expediente relacionado.

La causa contra la procuradora general de la Suprema Corte de Justicia, María del Carmen Falbo por irregularidades en la creación de la Policía Judicial se inició el 4 de febrero de 2016 y este martes sumó otro capítulo.

Es por una nueva demanda, promovida por el concursante Lucas Emiliano Bravo Berruezo, licenciado en criminalística; perito en papiloscopia; perito en escena de crimen; máster en criminología forense, profesor contratado del CAEEP; profesor del Instituto de Enseñanza Superior de Investigación; investigador colaborador del CONICET.

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El mencionado profesional, concursó por varios de los cargos en juego, aprobando la instancia escrita con el puntaje más alto de todos los postulantes al cargo de secretario Técnico Científico y como ocurrió en todos los restantes casos, este nuevo demandante indicó que al llegar a la instancia oral donde se defendía un Plan de Gestión, obtuvo el puntaje más bajo, lo que originó sospechas en cuanto a la forma de corrección por parte del jurado evaluador a cargo de León Arslanian.

Vale reseñar que el dictamen del Jurado Evaluador final para cubrir los cargos de Policía Judicial fue publicado el 24 de noviembre de 2015 y allí se consignaron “aclaraciones previas” y se dio el valor de cada respuesta y de los títulos de los concursados.

Los denunciantes entienden en la causa que estas “aclaraciones previas”, consignadas y no informadas con antelación, modificaron el valor de cada respuesta y se dan a conocer cuatro meses después de realizado el examen escrito y no se condicen con lo que reglamenta un concurso, donde las bases y requisitos, reglamento y demás cuestiones dan libertad al postulante de inscribirse o no, conforme su idoneidad o deseo.

“Debieron ser publicitadas previamente. La pregunta es, ¿para quiénes son esas ‘aclaraciones previas’ si los postulantes recién las conocen?, ¿previas a qué? o ¿previas para quién a 4 meses de rendido el examen?”, se preguntó Orlando Andrés Pajón, referente del grupo de abogados que inició el amparo colectivo contra Falbo.

En la demanda también se adjuntó documentación en donde se refiere que para considerarse aprobado, debían obtenerse 60 puntos en el examen y aunque hubo casos en los que se obtuvo dicho puntaje, los aspirantes fueron desaprobados.

Otra carencia del dictamen de la Procuración para elegir a los concursantes, es que no contienen los cuestionarios (tipo múltiple choice), y los casos de análisis y las respuestas validas a los mismos certificadas para poder comparar la exactitud de respuesta.

“Esto genera innumerables dudas en particular, ya que a un concursante le dan por correcta una respuesta verdadero-falso que a otro se la dan por no valida, a pesar de haber contestado de igual forma”, expresó Pajón.

La gran duda y también el mayor secreto guardado son los exámenes de cada postulante, que no se encuentran en el dictamen, ya que los demandantes exponen que no se permitió en ningún momento tomar vista de los mismos.

“Ni del propio y mucho menos del resto, y esto viola la publicidad del concurso, ya que sobre la evaluación, es donde se meritúa la idoneidad del postulante para determinado cargo; es lo que define si aprobó o desaprobó; es el que le va a dar un determinado puntaje para ubicarse en el Orden de Méritos; y es el documento que me va a posibilitar un adecuado derecho de defensa al plantear la impugnación. No se permitió ver ninguna evalucación”, se explica en la causa.

El caso particular de Pajón llama poderosamente la atención: en la instancia oral de los aprobados, fue el informe perteneciente a este el que resultó ser idéntico al del Rubén Alberto Lobos, en lo que a concepto, de fundamentación del caso y la instancia oral se refieren, lo único que no resultó igual fue el puntaje de uno y otro, y por el momento no hay fundamento para sostener esta acción.

¿Favoritismos políticos?

Los denunciantes citan el caso de Alejandro Roberto Batista, quien durante la gestión Arslanian, como ministro de Justicia y Seguridad, se desempeñó como director provincial de Ejecución Penal, -según consta en el dictamen- dando por cierto que no le resultaría desconocida la circunstancia o la persona y que lejos de excusarse para calificarlo o emitir un juicio de valor, el exfuncionario le otorgó el mayor puntaje por sobre el resto. “Se hizo en una forma evidentemente desproporcionada”, indicaron fuentes del caso.

Ante esto, Pajón refiere que para el cargo postulado de secretario de Formación y Capacitación en los antecedentes académicos y pedagógicos, Batista era ampliamente superado por el resto de los concursantes para el cargo.

Otra calificación que descolló y llamó la atención fue la de Federico Nicolás Aluende, quien se postuló para secretario en Mar del Plata, ciudad donde reside. “Sin experiencia alguna ni antecedentes obtiene el mayor puntaje, a pesar de tener escasos cinco años de recibido, pero trabaja en el Ministerio Publico Fiscal de Mar del Plata, donde es fiscal general Fabián Garello, quien participó activamente en las instancias del armado del concurso, circunstancia que se puede acreditar en las actas de conformación y según información, resultarían parientes”, aclaró Pajón.

En este marco, crece la polémica por las designaciones a las que los demandantes cuestionan por haber sido “digitadas” y poco transparentes. (ANDigital)

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Una opinión en “Se amplió el amparo colectivo contra Falbo por la Policía Judicial

  1. Josema Abete

    Recordemos, que Falbo viene de la corrupta gestión anterior y que fue defensora de Hannibal cuando huyó de ir preso escondido en el baúl de un automóvil

Comentarios cerrados.