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El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, denunció por presunto lavado de activos a los integrantes de un grupo económico íntimamente vinculado al negocio del fútbol en el país.

Se trata de la firma Santa Mónica Argentina S.A., que desde hace años se desempeña como agente comercial exclusivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Entre las maniobras bajo análisis, se encuentra el envío de fondos al exterior por más de 25 millones de pesos a través de la compra-venta de acciones entre empresas pertenecientes al mismo grupo económico, -cuyo titular se encuentra involucrado en causas por lavado ante la justicia española-, y la adquisición de una aeronave a un llamativo bajo precio.

Antecedentes

Los hechos denunciados por la Procelac fueron previamente analizados por la Unidad de Información Financiera (UIF), luego que el organismo recibiera cuatro Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) efectuados por distintos sujetos obligados –en su mayor parte entidades financieras- entre los años 2013 y 2014. Uno de esos reportes da cuenta que entre enero y febrero de 2014,

Dardo Luis De Marchi, supuesto titular de Santa Mónica Argentina S.A., envió al exterior fondos por un total de 3.400.000 dólares -cerca de 25.333.800 millones de pesos de entonces- bajo el concepto de repatriación de inversiones. En términos formales, la transferencia formaba parte de un contrato de compra-venta de acciones entre Santa Mónica Argentina S.A., y Santa Mónica Advances S.L., de España, sociedad esta última que le habría dado posesión de esos títulos tras la firma de un contrato celebrado el 8 de octubre de 2013.

Ahora bien, tanto una como otra sociedad pertenecen al mismo grupo económico denominado “Grupo Santa Mónica Sports”, encabezado por el empresario español Jesús María Samper Vidal, investigado en ese país por delitos de malversación de fondos y lavado de activos, entre otros.

Al tratarse de una venta de acciones donde tanto el comprador como el vendedor (este último radicado en España) pertenecen al mismo holding, sumado a los perfiles y antecedentes de las personas físicas involucradas, la presentación de la Procelac resalta la posibilidad de que se trata de una típica operación de lavado de activos, donde se incorpora dinero de origen desconocido mediante la sobre o subfacturación en el precio de las acciones, “encubriendo remisiones de fondos al exterior con una finalidad diferente a la mostrada”.

Más aún, en la operación se pudo establecer que las partes modificaron las condiciones previstas en el contrato de compra-venta original y, como consecuencia, se produjo una reducción en el plazo de pago e incluso un incremento en el importe abonado que, como se mencionó, se remitió a España e implicó transferencias por más de $25 millones.

“No pudo descartarse que a través de dicho mecanismo de compra-venta de acciones, a priori lícito, se transfieran fondos al exterior generados en operaciones ilícitas y/o no declaradas, destacándose que no resulta menor el hecho de que Samper Vidal, presidente del grupo económico, estaría involucrado en distintas causas judiciales en España por delitos económicos que incluyen lavado de activos”, señala la denuncia.

Entre las operaciones sospechosas, también se registra la adquisición de una aeronave por $674.000, monto considerando extremadamente bajo en función del bien involucrado.

Vínculos con el FIFA-gate

El trabajo de la Procuraduría especializada destaca las fuertes vinculaciones entre Santa Mónica Argentina S.A. –agente exclusivo de los derechos comerciales de los partidos que juega la selección argentina de fútbol- y la firma Torneos y Competencias (TyC), cuyo ex presidente Alejandro Burzaco se encuentra entre los principales acusados en la investigación que lleva adelante la justicia de Estados Unidos por hechos de corrupción y sobornos en la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

De hecho, durante 2013 Santa Mónica Argentina S.A. celebró contratos de cesión de derechos con TyC, obteniendo así recursos para aplicar al giro de sus negocios. Asimismo, existen cheques librados por TyC y depositados por uno de los principales accionistas de Santa Mónica Argentina S.A., por lo cual se desprende que parte de los fondos utilizados por esta última firma tienen su origen “en operaciones realizadas por la mencionada sociedad que se encuentra involucrada en la mega causa judicial internacional”.

Otro de los vínculos tiene que ver con la incorporación, en abril de 2015, de dos personas en el directorio de Santa Mónica Argentina S.A., las que previamente habían ocupado cargos jerárquicos en Torneos y Competencias. Los sujetos en cuestión habían sido oportunamente reportados en otras actuaciones remitidas al Ministerio Público Fiscal, como consecuencia de la vinculación existente con los acusados en el escándalo que involucra a la FIFA.

Por su parte, Santa Mónica Argentina S.A. ya se encuentra siendo investigada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal n°1, a cargo de Romilda Servini de Cubría, en el marco de la causa judicial que involucra a la AFA en la presunta comisión de delitos en perjuicio de la administración pública.

Blanqueo de capitales

Dardo de Marchi y Jorge Antonio Galitis, principales accionistas de Santa Mónica Argentina S.A., participaron del régimen de exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera en el país –como se conoce formalmente al “blanqueo de capitales”- que el Gobierno argentino dispuso en 2009 y 2013.

Galitis blanqueó $1.000.000 en la primera oportunidad y $8.625.000 en la segunda, lo que motivó una denuncia que actualmente tramita ante la justicia nacional en lo Penal Económico. El empresario se encuentra, además, involucrado en otras operaciones vinculadas al lavado de activos que fueron oportunamente analizadas por la UIF, donde se observó que estaba relacionado con distintas cooperativas que operaban como “cuevas financieras”.

Finalmente, la procuraduría especializada puso a disposición del fiscal de instrucción que intervenga toda la colaboración de la dependencia a la hora de impulsar la acción penal.