Sharing is caring!

Es por delitos de lesa humanidad cometidos en Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada. Al ex Jefe de la Prefectura Naval con asiento en Puerto Quequén y ex Gerente General del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén le pidieron una pena de cadena perpetua.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos pidió penas de prisión perpetua para 18 de los 22 imputados. La fiscalía los acusó por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Bahía Blanca pronunciará el próximo miércoles el veredicto en el juicio oral y público contra 22 represores imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la base naval de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada. Los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava, el tribunal darán a conocer la sentencia en el aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS), indicaron a Télam fuentes judiciales.

En este contexto, la presidenta de la Cámara de Casación Penal y titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, destacó que “está por llegarse al veredicto de esa causa tan importante para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la base naval de Puerto Belgrano”, al exponer en Bahía Blanca en una actividad de la asociación que preside. “En esta ciudad tan particular y difícil, uno no puede dejar de asociar lo que esta misma universidad significa y cómo en el ‘55 y el ’76 fue ocupada y tuvo un interventor de la Marina”, dijo Garrigós.

Por su parte, el fiscal Jorge Auat, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, subrayó que “de la mano de éstos juicios es que el tema de los derechos humanos es una voz nueva en el mundo del Derecho, alborotó el gallinero”.

El juicio corresponde a la causa 1103, caratulada “Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)”. Este es el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Bahía Blanca: los dos primeros estuvieron centrados crímenes represivos cometidos en jurisdicción del V Cuerpo del Ejército.

En el marco del extenso juicio, que comenzó en julio de 2014, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido la pena de prisión perpetua para 18 de los 22 imputados. La fiscalía los acusó por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas, entre ellos los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados y asesinados en 1976 tras un conflicto gremial en La Nueva Provincia, diario en el que trabajaban.

Quiénes son los acusados

En el alegato, los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzania pidieron que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia, principal diario de Bahía Banca. Además, solicitaron penas de 19 años de prisión para un integrante del Ejército, 25 años para otro acusado quien integraba la Prefectura, 10 años para un ex policía bonaerense y 18 años para un ex agente del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Entre los represores de la Armada, pidieron prisión perpetua para Oscar Alfredo Castro, Tomás Hermógenes Carrizo, Eduardo René Fracassi, Edmundo Oscar Núñez, Leandro Marcelo Maloberti, Gerardo Alberto Pazos, Enrique De León, José Luis Ripa, Luis Alberto Pablo Pons y Raul Artemio Domínguez.

En el caso del Ejército, el pedido de pena máxima alcanzó a Carlos Andrés Stricker, Felipe Ayala, Julio González Chipont, Raúl Oscar Otero y Víctor Raúl Aguirre, en tanto que para Alejandro Lawless la Unidad Fiscal solicitó 19 años de prisión.

En cuanto a integrantes de la Prefectura, el pedido de prisión perpetua fue solicitado para Francisco Manuel Martínez Loydi, Luis Angel Bustos y Néstor Alberto Nougués , mientras que 25 años para Pedro Alberto Pila. También solicitaron 10 años de prisión para el ex policía bonaerense Víctor Oscar Fogelman y 18 años para el ex agente penitenciario Héctor Luis Selaya.

Entre las 66 víctimas consideradas en la causa, doce siguen desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes sobrevivieron al secuestro y torturas que sufrieron en centros clandestinos del área de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada en la Argentina.

Algunos de esos centros clandestinos funcionaron en el ya desaparecido crucero 9 de Julio, mellizo del Belgrano, y en la Base de Infantería de Baterías, ambos de la Armada, y en dependencias del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca.