SOBRE: Violencia en las instituciones educativas: una práctica naturalizada
Definimos violencia institucional
Hablamos con la voz de los y las jóvenes que somos sobre lo que significa la violencia institucional: un fenómeno multicausal reconocido como un malestar social. Cuando hablamos con compañeros/as sobre esto encontramos que, a diferencia de la perspectiva de los adultos, la mayoría de los y las estudiantes no perciben que exista tal problema en el ámbito educativo, no pueden reconocerla o la niegan. Este tipo de violencia tiene, justamente, esa característica: la de estar encubierta en un manto de “normalidad o habitualidad”, el cual brota desde instituciones formales del Estado, para poder funcionar, ya que así se perpetúa el orden establecido. Es ejercida por directivos y docentes, ambos agentes del Estado, con el pretexto de generar mayor respeto y poder en pos de una relación asimétrica que los posicione en un nivel de superioridad con respecto al estudiantado. Además, se siguen identificando casos en los que la autoridad máxima de la institución también ejerce o inculca estas prácticas desviadas de lo normado sobre los y las docentes, porque lo que importa es cómo se ve la institución a los ojos de afuera en su nivel disciplinario, organizacional y administrativo. Esta conducta se ha visto reflejada sobre todo en instituciones de gestión privada en las que, lejos de democratizar sus prácticas, siguen perpetuando sus métodos conservadores y poco funcionales para la necesaria construcción de una ciudadanía activa y transformadora.
La violencia institucional no siempre es evidente, en la mayoría de los casos es invisible e ignorada por los y las agentes de la educación en su cotidianeidad, precisamente por ello es que está naturalizada. De esta manera, porque creemos que la violencia institucional se traduce en un conjunto de prácticas desfavorables para la educación de nuestros pueblos, queremos visibilizarla, ya que la misma obstaculiza el cumplimiento de la Ley de Educación Nacional, la cual expresa, en su artículo tercero que la educación “se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales…”.
Violencia institucional es…
-Cuando no se les permite a los y las estudiantes hablar de este tema en la escuela o instituto.
-Cuando la autoridad educativa elabora el Acuerdo Institucional de Convivencia (AIC) sin la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, lo cual equipara a dicho documento con un código disciplinario en el que se explicitan faltas y sanciones, dando prioridad a lo prohibido para los y las estudiantes, y someramente presenta las obligaciones de docentes y directivos, sin ninguna norma sancionatoria.
-Cuando las autoridades no permiten la formación ni el funcionamiento de los Centros de Estudiantes o quieren ser ellos quienes los formen, excluyen a quienes ellos consideran, dirigen y controlan con frases como “al centro de estudiantes lo armo yo”; cuando no permiten a los y las estudiantes realizar prácticas políticas y exponen frases como “acá no se hace política, estamos en democracia”.
-Cuando los agentes del Estado abusan de su autoridad, transformándose esta en autoritarismo, ejerciendo su poder a través del miedo, con arbitrariedades y exclusiones, con acciones como separar a un/a estudiante de la fila porque no canta el himno y exponerlo ante sus compañeros y compañeras, o amenazar con bajar la nota si no cambia determinada actitud. ¿Quién nunca escuchó la frase “vos conmigo no aprobás más” u “olvidate de aprobar esta materia”?
-Cuando los agentes del Estado discriminan por la situación socio-económica, orientación sexual, cultura, apariencia física, ideología, vestimenta o capacidades de los y las estudiantes y cuando excluyen a las estudiantes por estar embarazadas con el pretexto de “no hay más banca”.
-Cuando silencian un conflicto de los y las estudiantes por atentar contra la imagen del o de la docente.
-Cuando desvalorizan y agreden psicológicamente a los y las estudiantes con frases como “ustedes son no, ni y nada” o “su sola existencia es un desperdicio para la humanidad”.
-Cuando estigmatizan a la juventud vinculándola con la violencia y la delincuencia.
-Cuando se censuran los discursos, revistas y diarios, se arrancan los carteles informativos o ni siquiera se les permite a los y las estudiantes tener una cartelera.
-Cuando se obliga a formar a los estudiantes en filas, con marchas militares, imponiendo el orden y el silencio a través del grito y la amenaza “de acá no se va nadie hasta que no se callen”.
-Cuando el o la docente no conoce a sus estudiantes, dificultando el establecimiento de una comunicación significativa con ellos/as y profundizando la distancia existente entre el objeto de enseñanza y los intereses reales de los/as mismos/as. Con este mismo criterio, los y las estudiantes son tratados/as meramente como un número y no como personas, calificándolas tan sólo por lo que puede plasmar en una hoja, y cuando es esa enumeración tan frívola lo que se sobrevalora, dejando en un segundo plano el respeto por la vida personal y la dignidad.
Creemos que hay una cuota de represión aún presente en muchas de nuestras instituciones, es la continuidad de las prácticas sociales de los tiempos de la dictadura, es la naturalización de la agresividad y el autoritarismo. Y lo que más nos preocupa es la cantidad de casos en los que los derechos de los y las estudiantes son avasallados por la violencia institucional.
Nos preguntamos entonces si contamos con instituciones educativas en las cuales se construye una ciudadanía activa y crítica o si la mayoría de las mismas se valen de mecanismos marcados por la reproducción de la desigualdad y la violencia simbólica. No nos cansaremos de decir que el abuso de poder es corrupción y es ese el aparato represivo que buscamos transformar. Por eso, desde el rol que nos compete, queremos contribuir con una visión constructiva frente a dicha problemática generalizada. Consideramos que la resolución de las problemáticas debe darse a través del reconocimiento de la otredad y mediante procesos de construcción de vínculos, negociaciones y acuerdos que regulen la actividad del aprendizaje y la convivencia de los grupos.
Comprendemos que la desnaturalización de la violencia institucional es el primer paso, para concientizarnos como sociedad de estas prácticas conservadoras y para erradicar la problemática de las instituciones con acciones concretas en las mismas. No debemos dejar que vulneren nuestros derechos como estudiantes y mucho menos que vulneren nuestro derecho a ser educados como personas pensantes, debemos tener en claro que la violencia ejercida para el aprendizaje sólo nos enseña a obedecer.
Dice la Comisión por la Memoria Militante…
Desde la Comisión por la Memoria Militante nos hacemos parte de este documento del Movimiento Estudiantil, ya que el daño causado a la sociedad toda, con los métodos utilizados por las dictaduras militares aún son difíciles de revertir, a pesar de que contamos con herramientas legales, políticas y filosóficas para hacerlo.
Creemos que es una deuda de la democracia trabajar en función de revertir el ejercicio de la violencia por parte de funcionarios del Estado. Si bien hay sectores que motorizan nuevas prácticas participativas demostrando que es posible cumplir con las leyes nacionales, es necesario seguir trabajando para lograr definitivamente el respeto a la integralidad de los derechos humanos
