La Comisión de la Verdad de Brasil detalla los secuestros en el marco del Plan Cóndor.
«Los que más me pegaban eran los brasileños. Digo brasileños porque hablaban en portugués. Me golpearon, me insultaron y comenzaron a revisar todo el piso. Allí no había más que papeles. Yannone [el mayor] se sentó en el suelo. Como le dolían los puños, se quitó un zapato y me golpeó”, relató Lilian Celiberti.
La entonces profesora vivía en Porto Alegre con el estudiante Universindo Rodríguez, ambos ciudadanos uruguayos, cuando fueron secuestrados con los hijos de ella en 1978. Los dos eran militantes del ilegal Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), opositor a la dictadura en Uruguay. Recogían información sobre torturas y se las pasaban a organismos de defensa de los derechos humanos en Europa.
El secuestro de Celiberti y Rodríguez fue una de las acciones de represión practicadas entre Brasil y Uruguay en el ámbito de la Operación Cóndor, una red secreta para el intercambio de informaciones y operaciones extraterritoriales de secuestro, tortura, ejecución y desaparición forzada de opositores políticos exiliados entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Según el informe final de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) brasileña, divulgado el pasado miércoles, la coincidencia de dictaduras militares de orientación ideológica semejante en Sudamérica en las décadas de 1970 y 1980 se reflejó en una intensa cooperación regional para el combate a la subversión. El documento detalla la colaboración extranjera con los militares brasileños y la actuación de agentes y diplomáticos fuera del país.
El informe de la CNV indica la existencia de bases brasileñas en varias capitales del exterior: Asunción, Montevideo, Santiago de Chile, París, Lisboa, Praga, Moscú, Varsovia y Berlín. Además, la Comisión encontró indicios de bases en Caracas, La Paz y Lima. El delegado Sérgio Fleury, uno de los jefes de la represión, viajó a países vecinos con conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, según el informe, que señala que el policía brasileño estuvo en Francia, Uruguay, Argentina y Chile.
Sin la ayuda de Estados Unidos, ningún país de la región habría conseguido organizar el sistema de la Operación Cóndor. Se sabe, por ejemplo, que la CIA proporcionó la tecnología puntera usada en la producción y utilización de una base de datos común a todos los países miembros.
Sin embargo, antes de la formalización de la operación, el régimen brasileño ya mantenía colaboración con los países vecinos a fin de vigilar y restringir los derechos de brasileños exiliados. Este fue, entre otros, el caso del presidente João Goulart, que llegó a Uruguay en abril de 1964. La dictadura brasileña presionó el Gobierno uruguayo en búsqueda de cooperación. La estación de la CIA en Río de Janeiro también colaboró en el control de los exiliados en Uruguay e interfirió directamente en la designación de diplomáticos para la Embajada de Brasil en Montevideo.
Los archivos de Exteriores muestran evidencias de que este Ministerio llegó a estar involucrado directamente en al menos un episodio de detención arbitraria en Uruguay, de manera oficial, aunque de forma secreta. Fueron localizados documentos que comprueban que un ciudadano brasileño, Luiz Bastian Pinto, fue detenido en Uruguay y entregado a la policía brasileña en la frontera, a través de una acción pactada entre el embajador de Brasil y el ministro de Interior uruguayo.
Este episodio, que para la CNV prueba la implicación directa del Ministerio de Relaciones Exteriores, parece no haber sido aislado. Aparecen, en otros documentos, la Embajada y los consulados, el Centro de Informaciones del Exterior (CIEx), la Policía Federal y elDepartamento de Orden Política y Social (DOPS) brasileños. Del lado uruguayo, hay registros de participación del Departamento Nacional de Informaciones e Inteligencia y de las jefaturas de policía de Montevideo y otras ciudades.
Hay también, entre telegramas y oficios, muchos documentos que encaminaron informaciones sobre ciudadanos de otras nacionalidades, buscados en los países vecinos. El Consulado General de Montevideo enviaba regularmente listas de “extranjeros subversivos e indeseables”. Entre los nombres se encontraba, por ejemplo, José Mujica, actual presidente de Uruguay, y u mujer, Lucía Topolansky.
Chile
Las pesquisas en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil encontraron también evidencias de que la actuación del Estado brasileño respecto a sus ciudadanos que se encontraban en Chile durante la dictadura fue más allá de la omisión de protegerlos.
Una lista divulgada por Manuel Contreras, exjefe de la policía secreta chilena, mostró que 108 brasileños estuvieron presos en el Estadio Nacional, y uno de ellos, Wânio José de Mattos, falleció “en situación de deliberada omisión de socorro”. A muchos de ellos se les podría haber liberado rápidamente, concluye el informe. Las comunicaciones del periodo, entre la Embajada y el Consulado en Santiago y la Secretaria de Estado en Brasilia, muestran que Exteriores llegó a tomar iniciativas para impedir que fueran soltados.
El informe también indica que Exteriores solo se preocupó por obtener datos de brasileños exiliados en Chile para vigilar sus actividades. “El golpe de Estado en Chile, y la subsiguiente persecución de los extranjeros que allá se encontraban, fue para las autoridades brasileñas una ocasión privilegiada para descubrir el paradero de centenares de oponentes al régimen brasileño que habían dejado el país y, de allí en delante, seguir la pista de sus desplazamientos en el exterior”.
Desaparecidos en Buenos Aires
El informe menciona también casos de brasileños que desaparecieron en Argentina. El dirigente del Partido Operario Revolucionario Trotsquista (POR-T) Sérgio Fix Marques de Santos, y editor del periódico Frente Operaria, desapareció en Buenos Aires el 15 de febrero de 1976. El documento también destaca los casos del músico Francisco Tenório y Maria Regina Marcondes Pinto, que también desaparecieron en la capital argentina. Regina estaba bajo constante vigilancia de la represión brasileña, según documentos de Exteriores. EL PAÍS
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