Pese a que el jury decidió no quitarle los fueros, el juez Martín Bava sostuvo que “sigue vigente” el llamado a indagatoria. Dijo, además, que por ahora no se puede efectivizar porque la “estrategia” del magistrado es no presentarse a declarar.
El juez provincial Pedro Federico Hooft continúa bajo la lupa de la justicia federal por su actuación en la serie de secuestros y desapariciones de abogados y militantes políticos en 1977. En ese operativo, que se conoció como la “Noche de las corbatas”, sigue bajo análisis la actuación de Hooft, quien está acusado de no haber tramitado los habeas corpus ni las causas judiciales “a sabiendas de que” los secuestrados se encontraban en poder de las Fuerzas Armadas.
“Corresponde continuar con la producción de medidas de prueba, manteniendo vigente el llamado a prestar declaración indagatoria”, sostuvo el juez Martín Bava en una resolución firmada ayer.
Además, el magistrado subrayó que la decisión del juzgado de enjuiciamiento que decidió mantener los fueros de Hooft no afecta el proceso del juicio que él lleva adelante. Aunque aclaró que al no quitarle los fueros, los integrantes del jury –que encabezó el ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Juan Carlos Hitters- permitieron sostener la “estrategia” del acusado “de evitar que se efectivice la audiencia” amparado en su condición de juez.
Por ese privilegio no puede ser llevado a declarar por la fuerza pública.
La causa que lleva adelante Bava incluye el secuestro y desaparición de varios abogados y varias de sus mujeres, que concretó la dictadura entre junio y julio de 1977, en Mar del Plata. En la denominada “Noche de las corbatas” detuvieron a once personas. Los primeros secuestros fueron en 48 horas: los abogados Norberto Centeno, Salvador Arestín, Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda y Mercedes Argañaraz de Fresneda -embarazada de 4 meses-. A ellos les siguieron otras detenciones en la siguiente semana: José Verde y su esposa, y María Esther Vázquez de García y su esposo Néstor Enrique García Mantica. De todos ellos, solo sobrevivieron José Verde y su esposa, Ricci y Bozzi.
El juez Bava solicitó a la Secretaría de Personal de la Suprema Corte de la Provincia “el legajo personal, original y completo” de Hooft. También pidió la lista de personal que trabajaba a cargo de Hooft durante el período en que ocurrieron los secuestros y desapariciones investigadas.
Junto con esas medidas ordenó que el 3 de septiembre la Policía Federal tome fotos de los libros de movimientos de causas. Un día después deberá declarar –según el oficio librado por el juez a pedido del fiscal Horacio Azzolin- el ex fiscal Julio Strassera. E hizo lugar a la petición del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para actuar como amicus curiae en la investigación: “esa institución posee ardua competencia en la materia vinculada a los derechos humanos, precisamente en donde se enmarcan los hechos que son materia de investigación en esta causa”, explicó Bava.
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