Por Fernanda Cientofante
El 4 de diciembre de 2013, mediante la resolución del MP Nº 2537/13, la procuradora general Alejandra Gils Carbó consideró que el fiscal José María Campagnoli había incurrido en mal desempeño de sus funciones en un caso de administración fraudulenta contra Federico Elaskar. Y pidió que sea suspendido hasta que un Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público decida si lo remueve del cargo, hecho que sucedió el 13 de diciembre del mismo año.
Sobre Campagnoli pesan varias imputaciones, establecidos en la resolución del MP Nº 2537/13:
– La primera es “modificar el objeto procesal para quedarse con la competencia y no investigar una causa que involucraba al financista Federico Elaskar”. Sucede que el funcionario no dejó de intervenir en el expediente como fiscal subrogante de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 10 pese a que la Justicia federal se había declarado incompetente. «En otras palabras, para mantenerse en la investigación de los hechos el fiscal transformó una causa iniciada por el delito de defraudación en una por extorsión y convirtió, del día a la noche, a un imputado en víctima», afirmó Gils Carbó.
– A su vez, el fiscal tomó como válida la declaración de Elaskar en el programa Periodismo para Todos y no lo citó a testimoniar ante la Justicia. «Resulta llamativo que una medida tan esencial no haya sido practicada para procurar otorgarle verosimilitud a la hipótesis delictiva que el fiscal decía pretender corroborar», comentó la procuradora.
– También se le reprocha «invadir» la competencia del titular de la Fiscalía Federal N° 9, Guillermo Marijuán, que investiga el lavado de dinero imputado a Lázaro Báez, así como el uso arbitrario de recursos. Y se lo acusa de violación de secretos, por facilitar información de sus dictámenes a los medios, con el riesgo de frustrar las medidas de prueba por él solicitadas.
– Leonardo Grosso, diputado por el Frente para la Victoria y reconocido por su trabajo en la Campaña Nacional de la Violencia Institucional, sumó una nueva acusación por escrito: «luego de varios años en los que los vecinos del Barrio Mitre (de la Ciudad de Buenos Aires) sufrieron abusos, atropellos, arbitrariedades, malos tratos, violencia física y moral por parte del fiscal Campagnoli, que fueron testigos de los asesinatos de jóvenes cometidos por la propia policía, actuando bajo las órdenes del fiscal, que muchas de sus casas fueron allanadas reiteradamente buscando culpables de delitos cometidos por otras personas, que fueron denigrados y colocados en una categoría de ciudadanos de segunda, sin derechos ni protección contra el accionar de un funcionario del propio Estado, es que decidimos presentarnos ante usted y solicitarle formalmente que se inicie una investigación en la que pueda demostrarse la gravedad de la situación en la que viven los vecinos cotidianamente».[1]
– El juez Fernando Caunedo acusó a Campagnoli de mal desempeño y abuso de poder por el caso de ventas irregulares de entradas en River Plate.
Ante esto el 13 de diciembre de 2013, el tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público decidió por cuatro votos contra tres suspenderlo de manera preventiva y abrir el juicio político contra el fiscal.
Además, a principio de año dictaminaron en contra de lo presentado por Campagnoli ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal por falencias argumentativas ante el pedido de inconstitucionalidad de los artículos 4°, 5° y 6° inciso 1° de la ley que regula las medidas cautelares en las causas en las que es parte o interviene el Estado nacional.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, conformada por Carlos Grecco, Jorge Argento y Sergio Fernández, remitió la causa a la fiscalía para que se expida sobre las inconstitucionalidades, luego de haber habilitado la feria judicial. El fiscal general Fernando Uriarte se había opuesto a esta medida.[2]
Ayer, el fiscal José María Campagnoli tuvo su primera audiencia trascendental en la Justicia. Campagnoli llegó pasadas las 11 a la primera audiencia del Tribunal de Enjuiciamiento, en avenida de Mayo al 700, acompañado por su abogado Ricardo Gil Lavedra. Atravesaron una nutrida manifestación en su apoyo que reclamó poder ingresar al recinto (y agredió a periodistas «oficialistas»). En general, la Justicia es reticente a la presencia de la prensa y particulares en juicios de interés público. En internet, se replicaron los pedidos de apoyo como también los repudios al fiscal. Ahora tendrán la palabra sus colegas.
