Mediante un comunicado de prensa, el Instrumento Electoral por la Unidad Popular expresa que “la distribución de alimentos vencidos destinados a los desayunos y meriendas de los niños en las escuelas del distrito y el intento de relativizar este hecho por parte de la presidente del Consejo Escolar Ana Gauna busca en realidad ocultar una situación más grave aún”.
El hecho que se habría contratado de manera directa, sin llamado a licitación, a una empresa que entrega en las escuelas remitos sin ningún valor legal, sin precios de la mercadería entregada, es de tal gravedad que amerita que no se tenga que reponer la mercadería sino dar de baja a la empresa y la intervención por parte de la Dirección General de Cultura y Educación para auditar la responsabilidad política de los Consejeros Escolares. No habría un “problema de envasamiento”, el problema sería un acto de corruptela, falta de controles e incompatibilidades.
A la posible comisión de delito por incumplimiento de funcionario público, “se suma llamativamente también que figure como empleado de la Distribuidora San Vicente un familiar directo de la tesorera del Consejo Escolar de Necochea.
La presidente ha dicho que no recuerda el nombre de la empresa, que es de Buenos Aires, que hubo licitación, sin embargo los remitos que dejan en la escuelas son “truchos” y se declara un domicilio en Necochea”, manifestó Carlos Díaz, secretario de Acción Política del partido Unidad Popular.
Es de público conocimiento también la preocupación de directivos y auxiliares de educación ante la cantidad y calidad de los alimentos destinados al servicio alimentario escolar, no solo alfajores y galletitas sino también carnes, leche (que no sería tal) y artículos de limpieza.
“Por otra parte pareciera que la presidente del Consejo recién descubre que en la provincia se ejecuta un ajuste estructural que hace que los precios estipulados para el SAE sean exiguos, pero más allá de eso exigimos la intervención de la Dirección Provincial de Consejo Escolares y de la ministro de Lucía para aclarar estos actos, deslindar responsabilidades y no se intente hacer recaer la responsabilidad en los directores y auxiliares de educación”, cerró Carlos Díaz, dirigente regional además de ATE y la CTA.
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