Las organizaciones sociales que llevaron a cabo distintos relevamientos desde la implementación de los acuerdos de precios firmados por el Gobierno con empresas alimenticias y cadenas de supermercados detectaron más casos de maniobras de marcas reconocidas, que en algunos casos implicaron una aceleración de precios de hasta un 71 por ciento en el último mes, tan sólo por la proximidad de las fiestas.
Las organizaciones sociales que llevaron a cabo distintos relevamientos desde la implementación de los acuerdos de precios firmados por el Gobierno con empresas alimenticias y cadenas de supermercados, detectaron más casos de maniobras de marcas reconocidas, que en algunos casos implicaron una aceleración de precios de hasta un 71 por ciento en el último mes, tan sólo por la proximidad de las fiestas.
Asimismo, se produjeron situaciones de desabastecimiento en distintas provincias; se observaron dispersiones de hasta 200 por ciento en los precios del mismo producto en la misma cadena de supermercados, y se detectaron engaños a los inspectores.
El monitoreo que se realizó en todo el país a través de la campaña nacional «Mirar para Cuidar» -que llevaron adelante militantes y voluntarios en todo el país- permitió identificar distintas maniobra de empresas, para evadir el cumplimiento del acuerdo de precios alcanzado con el Gobierno.
Según los últimos informes que llegaron desde las distintas provincias, se observó también que muchos supermercados no exhibían en góndola los productos acordados, creando una situación de desabastecimiento en Corrientes, Mendoza y Salta, en productos de primera necesidad, como detergente, leche chocolatata Cindor, Yerba Mate Taragüí, alimento para perros y azúcar, entre otros.
Los inspectores designados lograron detectar además que en muchos casos las reposiciones se efectuaban al momento de la inspección, o que la remarcación de precios venía inmediatamente después de que se retiraban del establecimiento.
Además se encontraron con situaciones insólitas como la advertencia de personal de los supermercados «disfrazados» de consumidores, encargados de seguirle los pasos a los inspectores.
Otra irregularidad fue la detección de precios muy dispares entre distintos supermercados cercanos, para el mismo producto, además de los aumentos injustificados desde el punto de vista económico.
En Capital Federal, el café la Morenita, por ejemplo, puede encontrarse a $18,45 en Carrefour, y a $15,45 en Disco. En un escalón medio de precios se ubican Coto, Jumbo, Vea, Walmart, y Día, todos exhibiendo precios diferentes, pese a ser establecimientos vecinos.
Lo mismo sucede con el jugo Cepita, que en un supermercado como Día cuesta $4,59, mientras que en Vea, sale casi el triple, $15,59, siempre tratándose de supermercados aledaños.
También la dispersión de precios se dio en el interior de las cadenas de los mismos supermercados, donde el kilo de cebolla blanca puede encontrarse en las góndolas con una dispersión de hasta 188 por ciento entre el establecimiento ´Día´ de Avenida Directorio ($4,99), y el ´Día´ ubicado en la calle Iriarte ($14,39), de la Ciudad de Buenos Aires.
En tanto, el detergente líquido Ala puede encontrarse a $6,99 en el ´Vea´ de la avenida Acoyte, mientras que en el ´Vea´ ubicado en la calle San Juan el precio del mismo producto es un 17 por ciento mayor, a $8,19.
El dulce de leche en el `Walmart` de Cabildo se consigue a $13,50, mientras que en la sucursal ubicada en la avenida Honorio Pueyrredón, a $8,35, marcando el primero una diferencia de 55% más caro respecto del segundo.
Por otra parte, el kilo de banana observa una disparidad de precios de hasta casi el doble en los Coto de distintos lugares de la Capital, entre tantos otros ejemplos.
Tampoco faltó en los relevamientos la detección de las falsas ofertas navideñas, donde se exhibe el cartel «oferta» para tallarines Terrabusi, a $8,09, cuando en realidad lo que se produjo fue un aumento en el precio de 3,9 por ciento a nivel mensual, desde octubre (los mismos tallarines costaban $7,49 en octubre).
Idéntica «oferta» navideña se registró con la yerba mate CBSe de Guaraná con un precio de $24,39 exhibido en diciembre, pero que en realidad tuvo un incremento de 13,3% mensual desde octubre.
Estas estrategias se suman a las conocidas el miércoles, de que las empresas lanzaron productos casi idénticos acordados con el Gobierno, argumentando alguna diferencia de calidad indistinguible a los ojos de los consumidores, y por las que firmas como Mastellone, con sus productos La Serenísima, las marcas Ayudín, y Cindor aumentaron los precios de manera exorbitante e injustificada desde todo punto de vista, con subas de hasta un 300% desde la vigencia del acuerdo hace seis meses.
Más subas injustificadas recientes se vieron en el queso rallado, que tuvo una suba mensual de 71%, de noviembre a diciembre; las galletitas Mayco y las Cerealitas, una suba de 45%, en el mismo período; las hamburgueses congeladas Swift, un incremento de 24%; y el puré de tomate la Campagnola de 520 gramos, subió 21,2% en un mes.
Télam accedió además a una encuesta cualitativa efectuada a los inspectores que colaboraron en los operativos, donde se detectó que en Caballito, los códigos de barra de los productos en la góndola no son los mismos que tienen los cajeros a la hora de registrar la compra, con una diferencia siempre perjudicial al consumidor.
En tanto que en San Isidro se observó que muchos productos estaban señalizados como integrantes de la lista de acuerdos de precios, pero con importes mayores a los acordados.
En Palermo, por caso, se detectaron carteles en góndolas que decían «sin stock», a pesar de que no existía desabastecimiento del producto.
La encuesta realizada a quienes participaron de los relevamientos también reveló distintas estrategias para «disuadir a los inspectores a retirarse del establecimiento sin terminar de cumplimentar su tarea», como pasar por su camino el lampazo en plena tarea de control; e indicaron la detección de movimientos de manera exprés para reponer mercadería al momento de la inspección.
Ayer, fuentes del Ministerio de Economía adelantaron que el nuevo acuerdo de precios para 187 productos que se encuentra en ciernes irá acompañado de una política de «administración de precios», distinta al «congelamiento de precios».
Esto es, a las empresas que incumplan los acuerdos o realicen «avivadas» en el resto de los 10.000 productos monitoreados en supermercados y en toda la cadena de proveedores, se les aplicarán las «distintas figuras legales disponibles tendientes a corregir esos desvíos».
Algunas de esas alternativas son “la denuncia por abuso de posición dominante”, la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, la fiscalización a través de la AFIP para detectar irregularidades en los precios y los balances de las compañías, y la quita de beneficios otorgados por el Estado, entre otras alternativas.
Con esta política, el Gobierno busca incitar a una dinámica de intercambio permanente con el sector privado, que le permita a éste último obtener «márgenes razonables de rentabilidad» sin perjudicar al consumidor.
De manera que si la firma o el sector necesita subir los precios, acuda a la secretaría de Comercio para analizar la necesidad real de realizar tal acción, que será avalada en los casos que se justifiquen económicamente.
