El gobierno estadounidense apoyó a la Argentina ante la Corte Suprema de su país, al señalar que el fallo de la justicia neoyorquina que avala el pedido de información de activos de un Estado extranjero por parte de un fondo buitre es “erróneo” y que, por lo tanto, la petición realizada por Argentina para rechazar esa decisión debe ser concedida.
El gobierno estadounidense explicitó su apoyó a la Argentina ante la Corte Suprema de su país, al calificar en un pronunciamiento de la Fiscalía General como «erróneo» un fallo de la justicia neoyorquina, que avaló un pedido de un fondo buitre en contra de nuestro país.
Luego de que la justicia de Nueva York diera su aval a un pedido de información de activos de un Estado extranjero, formulado por un fondo buitre, el gobierno de Washington consideró «erróneo» el fallo y se pronunció en favor de la posición Argentina para que se rechace esa decisión.
El escrito, firmado por el fiscal General del Estado, Donald Verrilli, aseguró que con su decisión, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York «permitió erróneamente el discovery (la producción de pruebas) completo de los activos de un Estado extranjero ubicados fuera de los Estados Unidos».
A lo que agregó que el tribunal «incurrió en error al considerar que el hecho de que el pedido de información fue dirigido a terceros, elimina cualquier preocupación soberana de inmunidad».
En ese sentido, el fiscal General alertó que la resolución «plantea preocupaciones significativas de política exterior para los Estados Unidos» y que por lo tanto, «el pedido de petición de recurso extraordinario (writ of certiorari)» realizado por el gobierno argentino para rechazar el fallo, «debería se concedido».
Las declaraciones del Departamento de Justicia estadounidense surgen del pedido que le realizara la Corte Suprema para que emitiera su opinión en el caso, luego que Argentina presentara en enero pasado, un recurso extraordinario ante ese tribunal en Washington.
En esa ocasión, el gobierno argentino planteó que la resolución de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito -ratificando un pronunciamiento previo del juez Thomas Griesa- vulnera la inmunidad soberana que otorga la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos (FSIA, sus siglas en inglés).
Griesa, en su momento, había hecho lugar a una solicitud realizada por el fondo buitre NML Capital para que determinados bancos produjeran información relativa a bienes de la Argentina en el mundo.
El documento del fiscal general estadounidense -publicado en el blog de la Corte Suprema (scoutsblog.com)-, detalló que el aval del tribunal de apelaciones de la Gran Manzana para un «discovery» completo tal como fue presentado, «podría imponer cargas significativas en el Estado extranjero e impugnar sus relaciones», así como llevar a «un trato recíproco adverso hacia los Estados Unidos en cortes extranjeras».
Al abordar en el «error» que incurrió al considerar que el hecho de que el discovery (pedido de prueba) fue dirigido a terceros elimina cualquier preocupación soberana de inmunidad, el fiscal General estadounidense, mencionó que esto podría llevar a que Estados extranjeros lo reciban como una evasión a la protección y limitación brindada por la Ley de de Inmunidad Soberana y como consecuencia, una «falta de respeto».
«Los esfuerzos de la demanda al obligar la divulgación en los Estados Unidos de información sobre los activos en todo el mundo de un Estado extranjero, podrían por consiguiente eludir la limitación impuesta y protección otorgada no sólo por la Ley FSIA sino también por la ley extranjera», sostiene el escrito remitido a la Corte Suprema por el fiscal Verrilli.
El pedido de esa «gran producción de pruebas (discovery) puede ser considerado por Estados extranjeros como una falta de respeto y podría causar fricciones en las relaciones exteriores de los Estados Unidos», agregó la presentación firmada también por la asesora legal de la Cancillería, Mary E. McLeod.
En ese sentido, las «indagaciones amplias e intrusivas en las participaciones financieras extranjeras soberanas», definió el Departamento de Justicia, «podrían crear graves obstáculos para las relaciones bilaterales de Estados Unidos».
Así, «permitir tal producción de información exhaustivo puede también tener consecuencias recíprocas en el trato de los Estados Unidos en cortes extranjeras».
Bajo la premisa de que la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos establece que los estados extranjeros son inmunes a la jurisdicción de los Estados Unidos, excepto en determinadas circunstancias como ser el caso de activos afectados a una actividad comercial del país, «la visión de los Estados Unidos es que la petición de recurso extraordinario (de Argentina) debería ser concedida», concluyó el fiscal General norteamericano.
