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La intervención del Poder Ejecutivo Nacional en el Banco Central constituye apenas un eslabón más dentro de una larga cadena de rompimientos institucionales cuya principal finalidad es prolongar el insostenible crecimiento del gasto público. Agotada la posibilidad de seguir expandiendo la presión tributaria con impuestos altamente distorsivos y apropiados los fondos de las provincias y los ahorros previsionales, era previsible la “necesidad y urgencia” de apelar al financiamiento del gasto público con las reservas del Banco Central.

El Poder Ejecutivo sancionó en diciembre del año pasado un decreto, que modifica una ley aprobada por el Congreso, ordenando al Banco Central la conformación del Fondo del Bicentenario y colocar allí parte de las reservas para financiar al Tesoro Nacional. Frente a esta apropiación, la presidencia del Banco Central se opuso bajo el argumento de que el instrumento utilizado –un decreto de “necesidad y urgencia”– no es legalmente idóneo para ejecutar esta acción. Ante la negativa, se sancionó un segundo decreto de “necesidad y urgencia” desplazando al presidente del Banco Central y así forzar la implementación del primer decreto. Es el Congreso Nacional el que debe estipular el destino de las reservas y la remoción del presidente del Banco Central, pero el Poder Ejecutivo avanzó con la iniciativa argumentando “necesidad y urgencia”, recurso que también está avalado por la Constitución.

Objetivamente, ¿Se enfrenta una situación de “necesidad y urgencia” que justifica perseverar en una iniciativa que ha desencadenado una crisis institucional grave con facetas grotescas? Para responder a este interrogante sirve analizar la evolución de los ingresos y gastos del sector público nacional medido en términos reales, o sea corrigiendo por inflación. Según el Ministerio de Economía se observa que:

• Entre 1993 y 1999, los ingresos reales del sector público crecían a una tasa promedio anual de 5,4% mientras que el gasto público lo hacía al 8,2% anual.
• Entre 2002 y 2008, luego del default, megadevaluación y pesificación compulsiva, los ingresos públicos pasaron a crecer al 16% anual y el gasto público al 13,4% anual.
• A noviembre del 2009 los ingresos públicos reales crecen sólo al 3,8% mientras que el gasto público real crece al 16,8% interanual.

Los datos señalan que en la década de los ‘90 el gasto público real creció sistemáticamente por encima de los ingresos. El proceso se sostuvo transitoriamente con endeudamiento voluntario en el mercado de capitales, proceso que finalmente desemboca en la crisis del 2002. Apenas superada esta instancia, el gasto público real vuelve a crecer a tasas muy altas, incluso superiores a las que se daban en la década de los ’90, pero esta vez se sostuvo hasta el 2008 a través de un inédito incremento de la presión tributaria y apropiación de fondos de las provincias y de los aportes previsionales, lo que permitió que los ingresos públicos crecieran al 16% anual. Pero el incremento de ingresos se agota en el 2009.

Que se haya decidido usar parte de las reservas para financiar el gasto público no debería causar sorpresas. Si con este mismo objetivo previamente se apeló a declarar el default de la deuda pública, a devaluar para licuar jubilaciones y salarios, a no respectar la movilidad de las jubilaciones, a llevar al extremo las distorsiones tributarias, a ignorar principios básicos de federalismo fiscal, a distorsionar las estadísticas del INDEC y a apropiarse de los ahorros previsionales, era predecible que la apropiación de las reservas se iba a producir. La sucesión de violaciones institucionales y la apropiación de las reservas tienen como principal finalidad financiar una dinámica fiscal insostenible.

Más allá de las aristas legales, políticas y personales que se movilizan en torno a la crisis del Banco Central, el problema de fondo es el desorden de las cuentas públicas. Nunca el sector público nacional dispuso de tantos recursos como en la actualidad. Pero la mayor parte de estos recursos son destinados al sostenimiento de actividades no estratégicas o directamente a alimentar burocracia, clientelismo y corrupción. Sólo de esta manera se explica que, con semejante aumento del gasto público, la población no disfrute ni de más ni de mejores servicios públicos y que se sigan postergando las inversiones fundamentales para el desarrollo económico y social.

El Estado cuenta con un nivel inédito de recursos, pero sigue la decadencia, la distribución del ingreso no mejora y la pobreza –bien estimada– es muy alta. Esto testimonia que la violación a la independencia del Banco Central es apenas un derivado más de un problema de fondo: la caótica desorganización del sector público. Por eso, de cara al bicentenario es crucial refundar el Estado volviendo a los principios que fija la Constitución Nacional.